La situación de la vivienda ocupa estos días todas las portadas en España. La reacción social al desahucio de Maricarmen ha desatado, a su vez, una protesta contra el Gobierno de España por su inmovilismo ante esta materia.
Todo ello ha propiciado la aprobación en el Consejo de Ministros de dos nuevos decretos, que deberán ser avalados en el Congreso de los Diputados en medio de las dudas sobre si el Ejecutivo logrará los apoyos suficientes, que vuelven a imponer nuevas regulaciones a los alquileres.
En este contexto, la Cámara de la Propiedad Urbana de Valladolid y Provincia, que representa a 5.000 propietarios asociados, ha advertido de que las nuevas medidas "pueden reducir la oferta, desincentivar la inversión y tensionar todavía más el mercado del alquiler".
A su juicio, los decretos "vuelven a apostar por medidas intervencionistas que, lejos de resolver el problema de acceso a la vivienda, pueden agravar el desequilibrio existente entre la oferta y la demanda".
Las decisiones recientemente tomadas, según han expuesto, se suman a una "sucesión de modificaciones normativas adoptadas en los últimos años que han ido alterando las condiciones del mercado y reduciendo la seguridad jurídica de los propietarios".
Han criticado la ristra de "medidas cortoplacistas" que, de nuevo, vuelven a "modificar las reglas del juego una vez que los propietarios y los inquilinos ya han firmado sus contratos bajo unas determinadas condiciones".
"No puede convertirse en algo habitual que las consecuencias de las decisiones de política de vivienda recaigan siempre sobre el propietario", han resaltado.
Menos seguridad y menos oferta
Según han considerado, el hecho de que los propietarios perciban que las condiciones bajo las que pone su inmueble en el mercado de alquiler pueden modificarse unilateralmente, provoca que disminuya el incentivo para mantener esa vivienda en el mercado o realizar nuevas inversiones.
De esta manera, las consecuencias las soportarían no solo los propietarios, sino que el inquilino "también termina siendo perjudicado cuando hay menos viviendas disponibles".
"Aumenta la competencia por acceder a ellas, se endurecen las condiciones exigidas para formalizar un contrato y resulta más difícil encontrar una vivienda que se adapte a sus necesidades y posibilidades económicas", han subrayado.
Para la Cámara, "proteger al inquilino sin tener en cuenta qué ocurre con la oferta puede acabar produciendo el efecto contrario al deseado".
Desde la entidad han calificado como "especialmente preocupante" que se modifique la duración y las condiciones de los contratos una vez firmados.
"Tras las diferentes prórrogas aprobadas en los últimos años, el propietario se encuentra ante una creciente incertidumbre sobre cuándo podrá recuperar la disponibilidad de su inmueble y bajo qué condiciones", han sostenido.
Ante todo ello, se preguntan "qué incentivo tiene una persona para invertir en vivienda destinada al alquiler si las reglas pueden cambiar de manera unilateral durante la vigencia de su inversión".
De la misma manera, han lamentado que las nuevas medidas trasladen al propietario "el coste económico de determinadas políticas" y han defendido que estos "también afrontan el incremento de los gastos asociados al mantenimiento de sus inmuebles".
Asimismo, han hecho referencia a los impuestos, los costes de las reparaciones, las cuotas de la comunidad y la evolución general del coste de vida. Pero, sin embargo, "las limitaciones establecidas sobre la actualización de las rentas impiden en determinados casos trasladar ese incremento al contrato de alquiler".
Mientras la inflación interanual se sitúa en septiembre en el 4,9%, han criticado que el límite aplicado a ciertas actualizaciones de los alquileres se mantenga en el 2%.
"Esta situación supone que una parte del incremento de los costes termina siendo asumida directamente por el propietario", han sostenido.
Sin grandes inversores
Igualmente, desde la Cámara han hecho un llamamiento a diferenciar entre las realidades existentes del mercado inmobiliario, ya que hay un "elevado número de pequeños propietarios que han invertido en una vivienda como forma de ahorro, complemento de ingresos o patrimonio familiar".
En concreto, han explicado que en Valladolid los propietarios representan a alrededor del 94% y, por ello, han considerado que "no es adecuado aplicar las mismas soluciones a un pequeño propietario que a un gran fondo de inversión".
También han trasladado su "preocupación por la creciente regulación de las distintas modalidades de uso de los inmuebles", desde el alquiler de temporada al de por habitaciones o el uso turístico.
"Si existe una necesidad de vivienda temporal, por habitaciones o para perfiles concretos de población, el mercado trata de dar respuesta a esa necesidad. Si se restringen estas alternativas, pero no se crea nueva oferta, estaremos trasladando el problema de un segmento a otro", han asegurado.
La Cámara ha reivindicado que el problema "continúa siendo la falta de oferta de vivienda" y han lamentado que las nuevas medidas "no afrontan suficientemente las causas que están detrás de este déficit".
En su opinión, la solución está en favorecer la construcción de nueva vivienda, impulsar la rehabilitación, facilitar la incorporación de viviendas vacías al mercado, fomentar la inversión y garantizar un marco jurídico estable para tomar decisiones a largo plazo.
Pacto de Estado
Por último, han reclamado un pacto de Estado en el que se implique a las administraciones y se establezcan unas reglas de juego "previsibles, estables y duraderas".
Han explicado que los propietarios e inquilinos "no deben ser presentados como intereses enfrentados" y defienden que "ambos necesitan un mercado equilibrado, con suficiente oferta, precios asequibles y seguridad jurídica".