Castilla y León arrastra un déficit acumulado de 8.298 millones de euros en la financiación de sus servicios públicos esenciales.
Esa es una de las cifras que ha puesto este viernes sobre la mesa el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, durante un encuentro sobre políticas sanitarias y Estado de las Autonomías celebrado en Santander.
El consejero ha vuelto a reclamar una reforma profunda del sistema de financiación autonómica y ha defendido que cualquier cambio debe negociarse entre todas las comunidades.
A su juicio, el actual modelo está «caducado e insuficiente» para afrontar el coste real de servicios como la sanidad, la educación o la atención a las personas mayores.
Fernández Carriedo ha participado en la mesa de debate titulada ‘Crisis de Financiación: la brecha insostenible’, organizada dentro del II Encuentro sobre Políticas Sanitarias y Estado de las Autonomías de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Durante su intervención, ha insistido en que el sistema vigente lleva más de once años pendiente de renovación. Un retraso que, según sostiene la Junta, ha agravado la distancia entre el dinero que recibe Castilla y León y el gasto necesario para mantener los servicios públicos.
Los datos del Consejo de Cuentas reflejan esa brecha. Entre 2009 y 2021, el gasto social de la Comunidad aumentó un 19%, mientras que la financiación líquida procedente del sistema autonómico solo creció un 2%.
“Castilla y León está infrafinanciada para poder prestar servicios públicos de calidad”, ha defendido el consejero, que ha vinculado esta situación a las características propias de la Comunidad.
La extensa superficie, la dispersión de la población, la baja densidad y la elevada esperanza de vida encarecen la prestación de servicios en Castilla y León.
Mantener consultorios, colegios, carreteras o servicios de atención a los mayores en un territorio con cientos de pequeños municipios no tiene, según la Junta, el mismo coste que hacerlo en comunidades más pobladas y concentradas.
Carriedo también ha cargado contra la propuesta de financiación autonómica planteada por el Ministerio de Hacienda.
El consejero considera que el nuevo modelo puede perjudicar a territorios como Castilla y León al dar mayor peso a criterios que benefician a las comunidades con una mayor capacidad fiscal.
“No se puede diseñar la financiación de España a partir de negociaciones bilaterales”, ha sostenido Fernández Carriedo, que ha reclamado un acuerdo conjunto entre el Gobierno central y todas las autonomías.
Según ha señalado, Castilla y León presentó ya en enero de 2022 varias propuestas para que el cálculo de la llamada población ajustada tuviera más en cuenta el coste real de prestar los servicios públicos. Sin embargo, ha lamentado que ninguna de esas iniciativas haya sido aceptada por el Ministerio.
Próxima reunión
El próximo 4 de septiembre se celebrará el Consejo de Política Fiscal y Financiera, después de que su convocatoria fuera aplazada el pasado mes de julio.
Para el consejero castellano y leonés, esa reunión puede convertirse en una oportunidad para cambiar el rumbo de la negociación.
Carriedo ha pedido al Gobierno que retire la propuesta presentada en febrero, rechazada por la mayoría de las comunidades autónomas, y que se abra un nuevo proceso de negociación.
“Hay que empezar desde cero y escuchar a todos los territorios”, ha reclamado el consejero, convencido de que la reforma del sistema debe tener en cuenta las diferencias demográficas y territoriales existentes entre las comunidades.