La Junta de Castilla y León ha anunciado que se pondrá en contacto “con carácter inmediato” con la dirección de Azucarera y con los comités de empresa tras el anuncio de un Expediente de Regulación de Empleo.
Un ERE afectará a varias de sus plantas en España, entre ellas tres productivas (La Bañeza, Toro y Miranda de Ebro) y una envasadora (Benavente), todas ubicadas en la comunidad autónoma.
El portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, expresó este jueves su “preocupación” por el futuro del empleo y la actividad industrial en estas instalaciones, asegurando que el objetivo del encuentro será “escuchar de primera mano los planes, propuestas e iniciativas” de la compañía.
No obstante, Carriedo adelantó que la Junta también hará un “llamamiento a la responsabilidad” de la empresa para que “se comprometa con Castilla y León, su empleo y su actividad productiva”.
El portavoz insistió en que la comunidad es “la referencia en España en el sector de la remolacha y el azúcar”, por volumen de producción e infraestructuras.
“Por ello, la Junta tiene un mayor interés, seguimiento y preocupación ante esta cuestión”, apuntó.
Carriedo subrayó que el Gobierno regional está dispuesto a colaborar “en lo que sea preciso” para evitar la pérdida de puestos de trabajo. No obstante, recordó que la tramitación del ERE dependerá de si este se presenta a nivel nacional o autonómico, lo que determinará la competencia administrativa en el proceso.
Carriedo también arremetió contra el Gobierno central, al que acusó de llevar a cabo “campañas irresponsables” contra el consumo de azúcar. A su juicio, este tipo de mensajes, unidos a la caída del precio internacional del producto, están generando una situación “que las plantas y sus trabajadores sufren en primera persona”.
El PSCyL exige respuestas sobre la “inacción” ante la crisis del sector remolachero
El Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León ha elevado una batería de preguntas a la Junta con el fin de clarificar las acciones y planes del Gobierno autonómico ante la incertidumbre que rodea al sector de la remolacha.
La iniciativa, firmada por los procuradores Nuria Rubio García, Javier Campos de la Fuente, Virginia Jiménez Campano, Yolanda Sacristán Rodríguez y Diego Moreno Castrillo, refleja la inquietud del PSOE por el impacto de la reestructuración de las plantas azucareras, con especial atención a la de La Bañeza (León), tras el anuncio ayer de un ERE que afectaría a los 150 empleados fijos.
Los socialistas demandan conocer las medidas específicas que ha adoptado la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural para apoyar al sector. En este sentido, se interroga sobre si la Junta ha mantenido reuniones con la empresa Azucarera para asegurar la continuidad de la actividad en las plantas y si se ha establecido un diálogo con los representantes sindicales y las organizaciones agrarias de León.
El Grupo Socialista también pregunta sobre la posible puesta en marcha de un plan específico de ayudas directas a los agricultores afectados, por la eventual pérdida de centros de recepción y transformación de remolacha.
Además, preguntan si se contemplan medidas complementarias de apoyo al transporte, la logística o el almacenamiento para compensar el cierre o el desplazamiento de las plantas. En relación con la viabilidad a futuro del cultivo, los procuradores socialistas quieren saber qué fondos o recursos económicos piensa movilizar la Junta en 2024 y 2025 para asegurar la remolacha en la comunidad, así como las previsiones de la Junta respecto a la superficie cultivada en la campaña 2024/2025 y cómo se garantizará su mantenimiento o crecimiento.
Finalmente, el PSOE busca conocer la estrategia de la Junta para asegurar la permanencia del cultivo de remolacha en Castilla y León como parte fundamental de la diversificación productiva y la sostenibilidad del medio rural.