La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, ha confirmado hoy en Valladolid los pronósticos económicos adelantados por el Colegio de Economistas de Castilla y León (Ecova) la semana pasada, cuando ha asegurado que no puede estar "más de acuerdo con estas previsiones".

Un informe que prevé el estancamiento económico en el último trimestre de 2022 y primer trimestre de 2023 en forma de recesión técnica, con un PIB que terminará el año entre el 1,3% y el 1,7%, es decir, punto y medio porcentual menos que la previsión del trimestre anterior.

Herrero ha hecho hoy estas declaraciones aprovechando su asistencia a la toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno del Ecova, con Juan Carlos De Margarida cuatro años más como decano.

Asumidas ya las perspectivas económicas de desaceleración, la presidenta de la AIReF ha insistido en que son necesarias "cautela, prudencia, buena gestión y seguridad no sólo jurídica sino de previsión de la actuación pública, fundamental para que los agentes económicos en medio de esta catarsis, puedan tomar las decisiones adecuadas".

La presidenta de este organismo ha recordado que la función de la AIReF es la de proporcionar análisis y perspectivas a través de los encargos de evaluación, además de dar recomendaciones de actuación a las administraciones públicas que "deben seguirlas o bien explicar por qué no lo hacen".

Una vez más, Herrero ha puesto de manifiesto que "los datos evidencian que algunos de los riesgos que percibíamos se están materializando, lo cual lleva a revisar nuestras perspectivas de crecimiento para 2023".

Perspectivas de cierre para 2022

Las recomendaciones económicas de la AIReF llevan dos años sujetas a continuas revisiones por parte de este organismo, precisamente por la incertidumbre política y económica que marcó en un primer momento la pandemia, y después la crisis energética, el encarecimiento de las materias primas, la inflación y la invasión de Rusia en Ucrania, que produjo una especial inestabilidad en todo el continente.

Por ello, la AIReF ha advertido hoy de que las previsiones de su último informe, el de julio, "volverán a revisarse a la baja en el informe que publiquemos en octubre", aunque "lo más preocupante es lo que cabe esperar para este otoño y para 2023", ha advertido.

Una volatilidad en las previsiones que se asocia a los riesgos asociados al suministro de gas ruso, una vez cumplida la amenaza de Putin de cortar el grifo, y a que sigue existiendo un problema de abastecimiento de materias primas, con una "inflación subyacente ha obligado a la UE a subir los tipos de interés".

"El crecimiento del tercer trimestre en España va a tener un resultado negativo. Y para evitar más incertidumbre hay que explicar y dar los datos más que nunca", ha asegurado.

Sin embargo, y pese a la respuesta que se ha dado para hacer frente a la crisis energética, "en 2022 el déficit público caerá del 7% al 4,5% a finales de año. Una previsión que incluso mejora en esta ocasión la del propio Gobierno", gracias a la retirada de las medidas Covid que supusieron un déficit de más de dos puntos, y debido a los datos de recaudación tributaria. 

Sin embargo, este efecto positivo es "de corto plazo porque hay desequilibrios subyacentes que hace que tengamos una posición estructural desfavorable", añade.

Un déficit estructural que Herrero ha avanzado que perdurará en el 4% aún en 2025, por lo que "sin querer ser alarmistas, hay que hablar de los riesgos".

La presidenta de la AIReF lamentó que "las recomendaciones de este organismo no se están llevando a cabo", lo cual pone más en peligro la sostenibilidad del sistema, adoptando decisiones de gasto permanente "que no son viables".

Las tasas de referencia holgadas "son una tentación para incurrir en un gasto permanente que no va a tener financiación permanente, originando un exceso de financiación autonómico de casi 9.000 millones de euros".

En este sentido, Castilla y León debe "enmarcar los presupuestos de 2023 a medio plazo, que contemple los vaivenes de los recursos del sistema que podrían aumentar un 20% en 2023 y un 8% en 2024, por lo que esto exige una visión a medio plazo".

Además, recomienda a esta Comunidad que "aplique los excesos de financiación que estarían en torno a los 3.000 millones de euros", dado que los beneficios de una aplicación a medio plazo son beneficiosos por la volatilidad de los ingresos de los últimos años y ante el escenario de incertidumbre actual.

Herrero ha querido destacar, antes de finalizar su intervención, que Castilla y León haya sido una de las diez comunidades autónomas que "ha encargado a la AIReF un informe para evaluar su gasto público para ganar en eficiencia". 

Al acto han acudido, entre otros, Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas de España, Juan Carlos de Margarida, presidente del Ecova (Colegio de Economistas de Castilla y León), Carlos Fernández Carriedo, consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León; Enrique Cabero, presidente del Consejo Económico y Social (CES); Mariano Veganzones, consejero de Industria, Comercio y Empleo; Víctor Caramanzana, presidente de la Cámara de Comercio de Valladolid; Alicia Villar, subdelegada del Gobierno en Valladolid y Raquel Alonso, delegada territorial de la Junta de Castilla y León, así como otros miembros de la Administración y de la empresa privada.