La polémica reforma de la ley para nombrar al director general de Telemadrid y a su consejo de administración ha acaparado la sesión de control al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que ha tenido lugar este jueves en la Asamblea de Madrid, justo antes de que dicha modificación se apruebe con los votos del PP y la abstención del partido de extrema derecha Vox.
Carolina Alonso, portavoz de Podemos en la Asamblea, ha acusado a la presidenta regional de intentar "controlar Telemadrid para poder contratar a tertulianos y productores amigas y hacer un chiringuito, TeleAyuso, Aló Presidenta o como quieran llamarlo". Y es que la diputada del partido morado asegura que Ayuso no tiene un gobierno, sino "un gran aparato de propaganda".
La parlamentaria ha defendido que en estos cuatro años la televisión y la radio pública han estado "libres de sus injerencias" y "han demostrado que funciona". Además, ha incidido en que gracias al trabajo de los profesionales de Telemadrid se ha aumentado un 25% su audiencia.
Desde Podemos consideran que Ayuso quiere una "televisión títere que legitime sus mentiras" porque cree que "la libertad de información es una auténtica amenazada". "Prefiere la proponga por eso quieren hacer de Telemadrid un camine de comunicación al estilo de su mentora Esperanza Aguirre", ha concluido.
Método atípico
El cambio del método para el nombramiento tanto del director general de Telemadrid como del consejo de administración que previsiblemente se aprobará este jueves en la Asamblea de Madrid es un caso atípico y peculiar en el sistema de elección de los máximos responsables de las televisiones autonómicas.
La reforma legal, que saldrá adelante en el Pleno del Parlamento madrileño con los votos a favor del PP y la abstención de Vox, cambiará la composición de los miembros del consejo de administración de la televisión pública de la Comunidad de Madrid, que excluirá a organizaciones profesionales y pasará a estar ocupado únicamente por personas designadas por partidos políticos.
El mandato del director general se verá asimismo reducido de seis a cuatro años, por lo que el titular actual, José Pablo López (nombrado en febrero de 2017), cesaría en el cargo nada más entrar en vigor la reforma.
La modificación también prevé que si no hay acuerdo de dos tercios de la Asamblea para nombrar a un nuevo director general, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso podrá nombrar a un administrador provisional para el que se requiere únicamente la mayoría absoluta.
Una decisión que recuerda al nombramiento como administradora única provisional de RTVE de Rosa María Mateo en 2018 a través de un decreto ley del Gobierno de Pedro Sánchez y que acaba de ser declarado por el Tribunal Constitucional contrario a la Constitución, al vulnerar el derecho fundamental a la participación ciudadana a través de los medios de comunicación.