El caso Ferrovial ha llevado a muchos –huyendo de patrioterismos dignos del Movimiento Nacional—a criticar la existencia de hipotéticos paraísos fiscales en el marco de la Unión. El argumento de la falta de armonización fiscal europea es razonable para limitar la utilización de la fiscalidad como arma de competencia económica. Efectivamente, debería existir una línea común de mínimos en el conjunto de la UE; ello beneficiaría a los trabajadores y pequeños ahorradores de los países con rentas más bajas. De la recaudación europea unificada, derivaría un Presupuesto igualmente unificado que atendería programas y servicios comunes, que no estuvieran transferidos a los Estados o territorios. ¿Bueno para España? Por supuesto. Y se acabaría con la anécdota de los fondos de financiación vigilada.
Ahora bien, eso no resuelve totalmente la cuestión. Toda división territorial tiene, en última instancia, necesidades y fines propios y –por tanto—ha de disponer de presupuestos diferenciados para atender a sus objetivos que, además, se trufan de la orientación programática de sus gobiernos.
En USA, a la que, a veces, se alude como modelo, hay efectivamente un impuesto federal homogéneo sobre la renta que, en 2023, maneja siete tramos que van desde el 10% para rentas inferiores a 11.000 $, hasta el 37% para las superiores a 578.000 $.
Pero a esto se añade el impuesto que cada Estado cobra, el cual puede ir desde el cero por ciento (0%) de Florida o Texas, hasta el 13,3%, para las rentas de más de un millón de dólares, en California. Además, y a modo de ejemplo, en San Francisco y en otros municipios, se carga en torno a otro 1,50% de impuesto local.
Hay otras cargas federales o estatales, pero no siendo ese el objeto de este comentario, creo suficientemente ilustrativo lo dicho para explicar que la política estatal y local exige su propio presupuesto y autonomía tributaria.
¿Se puede hablar de dumping fiscal de Texas o Florida? ¿Podría Holanda plantearse una política fiscal más favorable, siendo Estado Miembro de una UE federalizada?
El caso español es arquetípico. Cataluña –por razón de una política nacionalista respaldada por sus ciudadanos—precisa cubrir necesidades que otras regiones no tienen, tales como actividades de ámbito internacional (incluidas embajadas y campañas de “marca país”), educativas (control lingüístico en la cadena de la formación), comerciales (vigilancia y sanción para el control lingüístico), mantenimiento de organizaciones mixtas para la defensa y la promoción de la ideología nacionalista y de la lengua, un pseudo-Gobierno en el exilio, etc. Sus ciudadanos han apoyado esos proyectos con su voto y ello conduce a la obligada financiación de tales objetivos.
Al País Vasco con su Cupo o al Concierto Navarro, no los considero comparables al resto de comunidades, ciudades o municipios. En cualquier caso, tanto Cataluña como Vasconia o Navarra, han decidido tener y mantener su propia policía, canales de televisión muy caros para audiencias limitadas, etc.
Madrid, con una dinámica económica privada más eficiente puede optar por reducir la carga fiscal a sus ciudadanos y dejar que el dinero circule en manos de los mismos; no olvidemos que la rotación del dinero genera riqueza per se.
La Comunidad Valenciana o balear han optado por modelos más parecidos a los de Cataluña y sus objetivos políticos (muy libres y aceptables en cualquier caso) les llevan a mantener muchas organizaciones civiles o mixtas (ONG's muchas de ellas) para la extensión y el logro de tales fines. Sus presupuestos, por tanto, también tienen que atender a estas necesidades.
Andalucía se orientará, probablemente, hacia un mayor peso de la economía privada, rediciendo el de la pública. El tiempo dirá si esta opción será o no más apreciada por sus ciudadanos; pero –de momento—es lo que han elegido al llevar al gobierno a Juan Manuel Moreno en solitario.
En definitiva, cualquier sistema fiscal provocará respuestas en cuanto a la colocación del dinero (fuga o llegada) y, si el dinero se somete a la Ley, no cabe reproche.
Entrar o salir de un país es un tema que no debe de pillar por sorpresa a nadie. Un empresario siempre lo tiene en mente; cada año y en cada revisión de cuenta de resultados. Y si no, se equivoca.
Lo que ha de hacer un Gobierno es crear las condiciones para que las empresas se mantengan o quieran venir a su territorio.
La pataleta política, el insulto, la amenaza (legalmente inviable) de exigir la devolución de ayudas no condicionadas contractualmente, tiene poco sentido y ninguna posibilidad de prosperar. Quien cae en esas actitudes sólo demuestra su torpeza y su venalidad.