España ha reformado la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. El objetivo teórico de las modificaciones es dignificar a la comunidad científica y al sector de Investigación, Desarrollo e innovación tecnológica (I+D+i), históricamente precarizado en el país ibérico y penalizado además en la última década con recortes del 30%.
Entre las transformaciones introducidas puede citarse el blindaje de la financiación pública de la I+D para que alcance el 1,25% del PIB en 2030; —extensible al 3% que exige la Unión Europea— con el apoyo de la inversión privada. La implicación empresarial española en I+D ha sido siempre discreta. En 2019 fue el 0,7% del PIB, aproximadamente la mitad de la media europea cuyo valor es 1,67%.
Los gastos desde las empresas y la contratación de investigadores dependen de las estructuras industriales de cada Estado. Los empresarios necesitan seguridad jurídica; facilidades administrativas; flexibilidad para abrir una planta, dividir la empresa; comprar en el extranjero; realizar fichajes; etc. Aquí España va rezagada respecto a los veintisiete; también en cuanto a la inversión en I+D —expresada como porcentaje del PIB— si se compara con los inversores líderes europeos, por ejemplo: Suiza (3,37%), Suecia (3,34%), Austria (3,17%), Alemania (3,09%), Dinamarca (3,06%) y Bélgica (2,82%).
¿Son suficientes los cambios en la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para que el tejido empresarial español invierta en I+D más que el sector público? Obviamente no, y menos cuando los beneficios económicos tienen que plantearse a largo plazo, en ningún caso con una mentalidad cortoplacista. Lo cierto, es que la ausencia de una buena financiación limita el potencial de la investigación, cuyos frutos pueden llegar en años o décadas tras millones de euros o dólares destinados a ello.
Por otro lado, la industria de las publicaciones científicas exhibe un maquiavélico engranaje que se sustenta en el mantra publish or perish, o sea “publica o perece”, donde el claro vencedor son las editoriales, mientras los perdedores evidentes son el conocimiento y la ciencia; de manera tangencial incluso científicos, investigadores y el mundo académico en peso. La carrera de los científicos se valora cualitativamente en cuanto al número de publicaciones que realizan y su impacto (citas que reciben); de lo cual depende alcanzar mejores puestos laborales y obtener fondos económicos para sus proyectos. Este importante matiz se ha convertido en la nueva moneda de cambio de la ciencia.
Las publicaciones de artículos o papers son necesarias, evitan que varios investigadores trabajen en la misma dirección o experimento sin saberlo, lapidando gran cantidad de tiempo y recursos; a su vez, facilitan que el resto de los científicos aprendan y continúen sobre pasos firmes.
En general, existen dos modalidades para publicar las investigaciones en revistas especializadas y de alcance dentro del gremio; el modelo cerrado no cobra al autor, aunque todos los lectores deben pagar una media de 40 euros con la finalidad de leer el trabajo, incluso el autor. Durante una investigación fructífera se requiere el acceso a cientos de papers. La suscripción a las revistas por parte de las universidades y diversos centros —específicamente en España—, cuesta unos 25 millones de euros al año, en ciertos casos a fin de disponer del resultado que financió la propia universidad o el centro competente. El segundo modelo de acceso abierto no cobra a los lectores, sí al autor. El coste promedio oscila entre 500 y 3000 euros por artículo, los importes más elevados corresponden a revistas de editoriales internacionales con un alto factor de impacto; cantidad que paga el científico, o la institución, o la agencia que le patrocine. En ningún caso los científicos o investigadores cobran por publicar, la única ganancia económica la reciben las editoriales cuyos precios no hacen más que subir en la era digital, con editores que trabajan gratis y una inversión insignificante.
Las bibliotecas científicas exigen precios razonables, que prime además el acceso abierto a las publicaciones. Algunos investigadores abogan por publicar en los repositorios institucionales o buscar nuevas fórmulas basadas en las sociedades científicas —como un acercamiento a los inicios y al propósito original—, la difusión y el avance del conocimiento.
Creo que ya está bien de que la sociedad trate a los científicos como si les debiera valer con la compleja y difícil oportunidad de acceder a instalaciones, reactivos y presupuestos dignos con los cuales ejercer su vocación investigadora. Así, deseo resumir este sentido texto con una reiterada idea: sin Ciencia responsable y una sociedad madura que la respete, no hay futuro; al menos no uno de calidad.