Una de las leyes más falsamente invocadas en España es la de Protección de Datos, que ha resultado ser una providencial panacea para la opacidad institucional, la cínica denegación de derechos y el desvergonzado incumplimiento de obligaciones. Esta ley se ha convertido en un arma de doble filo que, para colmo, corta más por el lado "malo" que por el "bueno", porque la entidad encargada de hacerla cumplir, la Agencia de Protección de Datos, parece más dirigida a servir de escudo defensivo para que los organismos y empresas privilegiados por este engañoso sistema "protector" puedan vulnerar con tranquilidad e impunidad el tenor y -sobre todo- el espíritu de dicha Ley, que en la efectiva y enérgica protección de la información privada de los indefensos ciudadanos.
De las varias reclamaciones que he interpuesto ante esa agencia, sólo una fue despachada como es debido. Las otras fueron desestimadas u obstaculizadas con argumentos de dudosa o nula consistencia. Y es que, en la práctica, el españolito de a pie sólo tiene una razonable posibilidad de ser amparado por ese organismo cuando su reclamación se dirija contra otro indefenso españolito como él o alguna pequeña empresa; pero olvídese de obtener amparo frente a cualquiera de "los intocables".
En cualquier caso, los más frecuentes perjuicios que hemos de soportar a causa de la LPD se derivan no de alguna reclamación que hayamos presentado, sino del desenfrenado abuso que entes públicos y grandes empresas hacen de dicha ley, excusándose en ella para denegarnos indebidamente la información que les hayamos pedido o para condicionar la prestación de sus servicios a que firmemos a ciegas una "autorización para tratar de nuestros datos"; autorizaciones que, para colmo, con lamentable frecuencia van más allá de su teórico objeto y justificación legal. ¿A quién no le han sido rechazadas una docena de peticiones al amparo (presunto) de la temida "protección de datos"? Incluso -y esto es lo más sangrante- aunque el titular de tales datos sea él mismo, como en el caso siguiente:
Durante la compra telemática de un billete de avión a la aerolínea Iberojet, me equivoqué al consignar mi correo electrónico, de modo que, al finalizar, no recibí el habitual mensaje de confirmación con el código de reserva, información del vuelo, factura, etc. Al advertirlo, escribí a Atención al cliente dándoles mi email correcto y pidiéndoles que reenviasen ahí el mensaje perdido, pero se negaron a hacerlo escudándose tras la LPD y la típica cantinela de la "política de privacidad". Sólo reenviarían el mensaje -me dijeron- al mismo email que fue consignado durante el proceso de compra. ¿Y si dicho email estaba equivocado? "Lo sentimos", fue su respuesta literal.
Para empezar, el mensaje de marras no contiene dato alguno protegido por la LPD. Podrían enviárselo al mundo entero sin desvelar nada sobre mi privacidad. Aun así, para demostrarles que yo era el titular del billete, les mandé una copia de mi documento de identidad; pero la respuesta de Iberojet fue la misma aunque la disculpa de la "protección de datos" había perdido ya cualquier asomo de validez, pues estaban negándose a enviar la información a su propietario legítimo y verificado. Paradójicamente, la aerolínea no encontraba ninguna pega en reenviar el mensaje con esos mismos datos... ¡a un correo equivocado!
Así que, o bien en Atención al cliente de Iberojet había robots incapaces de razonar, o bien la "política de privacidad" de la compañía está enfocada a secuestrar todos los billetes que puedan, obstaculizando al comprador su uso. Quizá busquen ahorrarse un pasajero o inducirlo a comprar otro billete, pues sin el código de reserva no conoce ni el número de vuelo, ni la hora de despegue, y hasta puede no recordar el día y perderlo sin remedio. E incluso habiendo retenido esos datos con memoria fotográfica, ni siquiera tiene la seguridad de que, llegado el momento, en el mostrador de facturación vayan a expedirle la tarjeta de embarque sin facilitar su localizador. Si esto no es usar la LPD con fines perversos, que venga Dios y lo vea.
Por supuesto, dicha ley "no tiene la culpa" de que cualquier prevaricador o empresa sin escrúpulos la invoque indebidamente, como ocurre millones de veces al día. Pero, ya que se presta tanto y tan fácilmente al abuso, bien podrían prohibirse y penalizarse tales conductas y arbitrarse un mecanismo que defienda con eficacia al ciudadano. Interponer una demanda judicial cada vez que se nos deniega ilegalmente determinada información no está al alcance de casi nadie.
De todas formas, para lo poco que nos sirve la Ley de Protección de Datos y los muchos problemas que nos causa, en realidad lo mejor para el pueblo llano sería que la derogasen.