Hace cosa de un año el fabricante de mi automóvil hizo una campaña para que los propietarios de cierto modelo, entre los que me hallo, pasáramos por alguno de sus concesionarios con objeto de que nos efectuaran en el vehículo una "actualización gratuita del software del motor" que, supuestamente, mejoraría la eficiencia del mismo.
La carta que recibimos los destinatarios de dicha campaña venía remitida no por el vendedor, ni por la casa, sino por la Dirección General de Tráfico, y el tipo de envío era correo ordinario. Personalmente, no me pareció lo bastante importante como para tomarme la molestia de ir al taller, y no le presté mucha atención al comunicado.
No obstante, meses después me llegó otra carta de la DGT, esta vez por correo certificado, con idéntico contenido, y que acabó en el mismo lugar: la papelera. Pero más tarde me llegó otra, también certificada, y luego otra más, espaciadas entre sí tres o cuatro meses. A día de hoy ya van cuatro o cinco las cartas que he recibido -todas certificadas menos la primera- insistiendo en que me acerce por un concesionario para la propuesta "actualización", y creo que la broma pasa ya de castaño oscuro.
En primer lugar, porque me surge la siguiente pregunta: ¿Quién paga estos envíos? Malo está que la DGT se haya convertido en agente comercial de la industria automovilística y acose a los propietarios con envíos estacionales de cartas certificadas; cartas que, amén de hacernos perder el tiempo con su recogida si nos hemos encontrado con el aviso de certificado al volver a casa, nos ocasionan los correspondientes sobresaltos, pues no conozco aún a quien no se le encoja el corazón cada vez que recibe una notita procedente de Tráfico.
Con un envío, el primero, que hubiesen hecho para este asunto habría sido suficiente: muy bien, me doy por enterado, y ya iré al concesionario si me interesa, o no iré si no me apetece. ¿Por qué mandar la carta tantas veces, y encima certificada? Peor aún si, como es el caso, ni siquiera se trata de una modificación o sustitución con impacto en la seguridad vial.
Aun así, esta práctica comercial todavía tendría un pase si el coste de los envíos lo pagase el fabricante, pero, no sé por qué, algo me dice que esto lo pagan los contribuyentes con sus impuestos, porque sin duda Correos le pasa la factura a la DGT, que es quien remite, y no veo yo al Ministerio del Interior repercutiéndole luego el gasto al fabricante para que se lo abone.
Por muy inapreciable que, en los presupuestos del estado, resulte la cantidad de la que estamos hablando, no veo por qué el contribuyente ha de sufragar costes que debería soportar el vendedor en cuestión, pues al fin y al cabo se trata de quedar bien con sus clientes. Además, ¿cuántas cartas más tienen pensado seguir enviando a aquellos destinatarios de la campaña que, como yo, aún no hayan pasado por el concesionario? ¿No cesarán hasta que todos hayamos visitado los talleres de la casa?
Y aquí es donde enlazo con el segundo interrogante que esta pesada campaña me suscita: ¿Por qué tanta insistencia, tanto interés en esa "actualización"? Para quedar bien con los clientes habría bastado una única carta: "Mire qué buenos somos que nos preocupamos por mejorar el software de su motor y se lo actualizamos gratis." Estupendo, gracias.
Me doy por enterado y les pongo una buena nota. No hace falta que insistan media docena de veces, porque entonces puede ocurrir, como es mi caso, que además de quitarles la buena nota, empiece a mosquearme y a pensar mal: ¿En qué consistirá esa actualización de software para que le resulte tan vital al fabricante? ¿Se trata sólo de mejorar el rendimiento del motor, o hay algo más? ¿O acaso lo que buscan es hacernos pasar a todos por sus concesionarios para, una vez allí, aprovechar y vendernos cualquier otra cosa innecesaria? ¡Vaya usted a saber!