El cierre de la cuenta de Trump por parte de Twitter es a la vez alarmante y esperanzador. Con la decisión de eliminar nada menos que la cuenta del presidente de los Estados Unidos, las redes sociales se arrogan el derecho de suspender cualquier cuenta según su propio criterio. Han demostrado así que ya no eran simples transmisores de información, y, sobre todo, ha quedado patente su inmenso poder en nuestras sociedades y democracias. Son muchos los que están abriendo ahora los ojos y descubren con estupor lo que está en juego: no sólo la libertad de expresión de los ciudadanos, sino también la independencia, la soberanía y la seguridad de los Estados. Al fin y al cabo, si pueden callar a Trump, ¿de qué no serán capaces?
Lo queramos o no, es innegable que las redes sociales desempeñan un papel creciente en la circulación de la información, creación de la opinión y el debate público. Han invadido nuestras vidas en muy poco tiempo. Y es que estas redes sociales nacieron como plataformas de información donde todo el mundo podía expresarse libremente. De hecho, es esta libertad la que contribuyó a su éxito. Además, se presentaron como meros canales de transmisión de los contenidos, lo que las exoneraba de toda responsabilidad, a diferencia de lo que pasa con los medios de comunicación.
Ahora bien, la decisión de las redes sociales de bloquear la cuenta de Trump demuestra que, por fin, han reconocido su responsabilidad en la publicación de contenidos y que disponen de los medios para evitar su difusión. Esto es un gran paso. De hecho, un comisario de la UE no se andaba con rodeos y lo calificaba de “11-S digital” que marcaría “un antes y un después en cuanto al papel de las plataformas digitales en nuestra democracia".
En ese contexto, ¿asistiremos al cierre de las cuentas de terroristas o de dictadores? Las RRSS ya no pueden escudarse detrás de la excusa de “hago lo que quiero porque soy una empresa privada”. No pueden ser a la vez simples anfitrionas de información, sin responsabilidad alguna, y también medios de comunicación global con una marcada línea editorial, que deciden por nosotros lo que podemos escribir o leer. Es como si Correos o Telefónica se pusieran a opinar sobre las cartas o los mensajes que transportan y decidiesen cortar la línea o quitar el buzón de los que no fueran de su agrado.
Y así lo ha entendido la Comisión Europea. Tras la suspensión de las cuentas de Donald Trump, Bruselas afirmó que ya no era aceptable que los gigantes de las redes sociales tomaran decisiones tan trascendentales, sin supervisión, responsabilidad, diálogo o transparencia.
Por ello, Angela Merkel, que conoce bien lo que fue vivir en un Estado orwelliano sin libertades (la extinta RDA), advirtió que el veto a Trump afectaba al “derecho fundamental a la libre expresión”. Si sus comentarios son o no reprobables, es un tribunal el que debe castigarlos y en ningún caso le corresponde a la cúpula directiva de estas empresas proveedoras de servicios.
Muchos jefes de Estado y políticos le han visto las orejas al lobo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si por la razón que fuera, el favorito en unas elecciones no le gustase a las plataformas digitales? Urge, por lo tanto, crear un derecho digital, basado en el principio de responsabilidad. Los gigantes de la web no deben seguir funcionando con total impunidad, como si estuvieran por encima del Bien y del Mal e imponiendo sus propios mandamientos. Tienen que aceptar las leyes de los Estados y respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Lo único que las RRSS deberían censurar es el anonimato de sus cuentas, que está detrás de los haters y de la mayoría de las fake news, insultos, comentarios racistas, etc. Pero esto no parece ser una prioridad en sus agendas.