El otro día escuchaba que en España la corrupción se tolera más que en otros países por enésima vez, y llevo luchando durante años contra la idea de que esta lacra que padecemos en este país se deba a razones culturales, antropológicas o nacionales, pues hacerlo sería asumir el marco mental identitario que tanto rechazo. Sin embargo y a la vista de las circunstancias, he podido comprobar que, por mucho que la política se renueve y surjan nuevas opciones, las antiguas prácticas corruptas permanecen, silenciosas, en el día a día de los políticos de todos los partidos.
Por poner un dato: sólo el 55% de los asesores contratados a dedo por el Gobierno tiene estudios superiores. Podemos escandalizarnos, podemos comparar con otros nombramientos de muy similares circunstancias realizados por la totalidad de los partidos políticos sin excepción, también podemos ponernos dignos y decir: ¿qué pasa? ¿Que sólo pueden ser asesores los que tienen estudios superiores? ¿Qué somos? ¿Clasistas? Pero, en el fondo, lo que todos nos preguntamos cuando leemos este dato es: si no tienen estudios superiores, ¿entonces qué tienen?
No vamos a andarnos con rodeos: lo que tienen son amigos. En España, no se nombran cargos de libre designación teniendo en cuenta el currículum o los méritos profesionales, sino que se tienen en cuenta únicamente los méritos “políticos”, o más bien personales. Los cargos electos premian con cargos de responsabilidad a aquellos que les ayudaron a llegar hasta ahí, cargos de responsabilidad pagados con dinero público, es decir, con el dinero de todos los contribuyentes, incluidos usted y yo.
En otros países como Estados Unidos, esos cargos se compran con dinero: grandes donantes que son nombrados embajadores, regulaciones que favorecen a una empresa concreta que pagó dinero a un candidato concreto que tuvo la fortuna de ganar las elecciones... En España, en cambio y debido a la restricción de las donaciones y a la financiación principalmente pública de los partidos políticos, estos cargos se compran de otra forma. Sin embargo y lejos de haberse cumplido el propósito de sustituir la corrupción política por la vocación, lo que se ha conseguido es que en España el comercio de cargos tenga como divisa los favores personales en lugar del euro, lo cual es infinitamente más grave.
Los partidos políticos son agencias de colocación en los que se comercia con favores cuando deberían ser instrumentos de participación ciudadana. Con la dinámica actual, si alguien competente llega a un puesto de responsabilidad, se puede afirmar que es una feliz coincidencia, pues la norma es, por desgracia, que no ascienda el más competente, sino el más leal. El problema es que la contraprestación de dichos favores personales no es otra que la adjudicación de cargos de responsabilidad pagados por los contribuyentes para supuestamente lograr una utilidad pública para el interés general.
Mientras tanto, los contribuyentes sin cargo público dedicamos la vida a pelearnos con nuestros vecinos en nombre de quienes comen de nosotros. Ha llegado hasta tal punto la corrupción política que un número nada despreciable de los ciudadanos se dedica a defender con uñas y dientes al parásito de su elección. El interés general es irrelevante mientras quienes viven a su costa se esfuerzan en legitimar lo necesarios que son mientras alimentan a un Leviatán cada vez más corrupto, gordo y torpe cuyo único propósito es devorar nuestro futuro, nuestros sueños y nuestra confianza en las instituciones.