Escribo estas líneas en el día de la Constitución. En la víspera, el vicepresidente del Gobierno de España ha hecho una llamada a avanzar hacia una República que será realidad "mucho más temprano que tarde". Son sus palabras. Me pregunto cómo piensa alcanzar este objetivo.
Antes, conviene precisar. El objetivo del vicepresidente del Gobierno de España no es solo el cambio en la Jefatura del Estado (de Monarca a Presidente de República) sino también el cambio de Estado: de un Estado Descentralizado a una “República confederal”. Lo ha dicho en numerosas ocasiones. Y de nuevo se impone precisar: el Estado confederal no existe, existe la Confederación de Estados. Los entes que se confederan son Estados soberanos que consienten (mediante un acuerdo internacional) poner en común algunas cosas. Por tanto, el objetivo (declarado) del vicepresidente del Gobierno de España es acabar con el actual Estado y con el actual titular de la soberanía nacional (el pueblo español en su conjunto) e instaurar un conjunto de Repúblicas soberanas y, por tanto, independientes, pero aliadas (que no unidas) en forma de Confederación. Esto es: lo que las trece colonias que se independizaron del Reino Unido fueron antes de ser los Estados Unidos, antes de fundar un solo Estado (Federal, pero uno) con la Constitución de 1787.
El cambio en la Jefatura del Estado es objetivo menor, pero va unido al objetivo mayor: el fin del Estado español y del pueblo español como soberano. Nuestra Constitución permite su “revisión total” o la reforma de su “núcleo duro”, dentro del cual está la Monarquía, pero también la unidad del Estado y la soberanía misma del pueblo español. Para una revisión de tal calibre es ineludible, si se pretende respetar la Constitución, cumplir unos trámites. El primero de ellos, que las Cortes Generales se pongan de acuerdo para poner en marcha el cambio por mayoría de 2/3 de cada Cámara: esto son 234 diputados (de 350) en el Congreso y 177 senadores (de 265) en el Senado. De alcanzarse esa mayoría, el segundo trámite es la disolución automática de las Cámaras y la celebración de elecciones generales. Las nuevas Cortes deben aprobar la reforma por idéntica mayoría. Finalmente, el pueblo español en su conjunto (todo él) debe ratificar la reforma mediante referéndum obligatorio y vinculante.
Vuelvo entonces a mi pregunta: ¿Cómo piensa alcanzar su objetivo el vicepresidente del Gobierno de España “más temprano que tarde”? Puede intentarlo respetando la Constitución pero, en este caso, el vicepresidente se topa con un obstáculo difícilmente superable: reunir 234 diputados y 177 senadores que estén a favor de poner en marcha el proceso. Recuerdo simplemente que, aun contando con el bloque que ha apoyado los presupuestos (cuyo grueso es el PSOE -120 diputados-), ello solo supondría 189 diputados, lejos aún de 234 diputados. Sin la complicidad del PSOE y el acuerdo con la “derecha” no es posible alcanzar ni la/s República/s ni la Confederación.
¿Entonces? Puede no respetar la Constitución. Esta vía no nos es desconocida. Fue intentada hace poco por uno de los socios del “bloque de la investidura”, con los resultados ya sabidos. Parto de la presunción de que el Vicepresidente del Gobierno de España no pretende quebrantar la Constitución. Eso supondría, por utilizar sus propias palabras, “estar fuera de la democracia”. Claro que se puede intentar quebrar la Constitución de manera menos directa, con sucesivas quiebras de menor calado (al menos a priori) y que la mayoría parlamentaria (leyes) o el mismo Gobierno (decretos o decretos-leyes) las impongan. Pero seguirían siendo quiebras de la Constitución que, presumiblemente, llegarían a los Tribunales. La única forma de que prospere esta vía es que falle el control jurídico del poder por una justicia independiente. Sin independencia del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional estamos, literalmente, fuera de la democracia.
¿Qué le queda al Vicepresidente del Gobierno de España? Solo confiar que en el futuro la “correlación de fuerzas” en el Parlamento cambie y sus señorías se animen a poner en marcha la constitución de las “Repúblicas confederadas de España”, su objetivo declarado para este país. Pero, a la espera de que eso suceda (yo no lo deseo, desde luego), lo que le corresponde al vicepresidente del Gobierno de España es gobernar el país con el resto de los miembros del Gobierno, con lealtad a una Constitución que no solo debe respetar, sino también hacer respetar. Y hacer respetar la Constitución es algo diametralmente opuesto a minarla progresivamente, por acción o por omisión. Esto es algo que ningún Gobierno puede hacer. Sería (de nuevo acudo al vicepresidente del Gobierno) estar “fuera de la democracia”. Que no se olvide.