La división de poderes del Estado es un concepto acuñado por Montesquieu (1689/1755), en el que definía los límites, teóricos y autónomos entre sí, de la potestad Legislativa, la potestad Ejecutiva y la potestad Judicial. Sobre cuyos principios se aposentan los pilares de los Estados democráticos más avanzados del mundo occidental.
Quien ejerce el poder Ejecutivo, con frecuencia no lo considera suficiente e intenta controlar el Legislativo y, por supuesto, el Judicial. No es una historia nueva, ni en el mundo, ni en España, pero la decisión del actual recién elegido presidente español, para designar a Dolores Delgado su, hasta hace unos pocos días, ministra de Justicia y diputada electa el Congreso, con el numero 5 de la lista electoral del PSOE por Madrid, como fiscal general del Estado, sin interrupción entre ambas responsabilidades, pasando de un despacho a otro como quien pasa de una habitación a otra, es posible que sea legal y cumpla con la normativa vigente, no lo discutiremos.
Sin embargo, es más dudoso que cumpla de forma estricta con el artículo 124 de la Constitución Española que exige la independencia del Ministerio Fiscal respecto del poder Ejecutivo, ya que es un órgano del Estado, pero no parte de la estructura del Gobierno de turno (art. 2 del EOMF). El propio “Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal”, en su artículo 59, prohíbe a los fiscales, igual que sucede con los jueces, pertenecer a ningún partido político, condición que incumplirá quien les puede dirigir, según esta polémica propuesta, en muy poco tiempo.
Desde Europa las recomendaciones que llegan al respecto son, exactamente, en la dirección contraria a la decisión tomada por Pedro Sánchez, ya que en el “Grupo de Estados contra la Corrupción” (GRECO), en su informe de 2013 sobre España se indicó: “Podrían hacerse esfuerzos adicionales para asegurarse aún más de que la Fiscalía sea, y parezca, imparcial, objetiva y libre de cualquier influencia y mejorar su autonomía funcional”, igual que la “Comisión de Venecia” de 2016 recomendase “asegurarse una suficiente autonomía que evite las influencias políticas indebidas hacia los fiscales”.
Pero siendo todo lo anterior ya relevante e importante por sí mismo, el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado, supone que se tendrá que inhibir en todos aquellos asuntos de los que hubiera conocido en el desempeño de sus cargos anteriores, incluido el de ministra de Justicia, lo cual afectará con toda seguridad a los relacionados con el procés o el 1-O, por no hablar de otras causas menos relevantes, pero no por ello insignificantes, como el caso Villarejo y otros.
Con una deriva interesante en clave interna del nuevo Gobierno de coalición entre PSOE y Podemos, ya que el líder de la formación morada y actual vicepresidente segundo del Ejecutivo, marcó distancia con la ex ministra de Justicia en la reprobación parlamentaria que sufrió en el Congreso de los diputados realizando.
Dijo dos afirmaciones que hoy suenan más estruendosas que cuando se realizaron (septiembre de 2018): “Alguien que se reúne de manera afable con un persona de las cloacas de este país, hace daño a la mayoría que aprobó la moción de censura”, “hay que alejar de la vida política a cualquiera que mantenga amistad con cualquier representante de las cloacas”.
Pedro Sánchez intenta que el poder que ejerce hoy llegue más allá de los límites de la potestad del Ejecutivo que preside y no se esconde de ello, acertada o equivocadamente, escenificándolo a través de una pregunta a un periodista en una entrevista, como pajarito que dispara a las escopetas: “¿De quién depende la Fiscalía? ¿De quién depende?”.
Pero más allá de lo evidente, hay otra arista interesante en este tema que es la capacidad de una ministra de Justicia para aceptar su sustitución en la responsabilidad y pasar a desempeñar un cargo de menor rango, aún muy relevante y esencial para el propio presidente del Gobierno.
¿Un Jefe de Estado tras dejar de ejercer como tal, aceptaría ser ministro de un Gobierno dirigido por uno de sus sucesores?, ¿un presidente de una gran empresa ejercería cómo subordinado de la misma casa tras cesar en aquella función? ¿Cuál es su opinión al respecto?.