La situación de bloqueo y provisionalidad que vivimos en España este año de 2019, muy parecida a la que se vivió en 2016, lleva a pensar a determinados analistas que debe revisarse la Constitución de 1978 en lo relativo a las consultas y la formación de gobierno, una vez celebradas las correspondientes elecciones generales.
Sin embargo, ante la realidad de que, transcurridos más de seis meses, España se ve abocada a una nueva convocatoria electoral, quizá sea razonable pensar que el problema no reside en la Constitución, ni en su aplicación, ni en su desarrollo legislativo, sino en los dirigentes de los principales partidos, que no fueron capaces de leer correctamente los resultados del 28 de abril ni de desprenderse de sus prejuicios, de sus fobias, de sus intereses persona-les ni de las conveniencias reales o aparentes de sus respectivos partidos.
Los resultados electorales que surgieron del voto popular expresado el 28 de abril determinaron claramente dos cosas: que un partido concreto, en este caso el PSOE, sacó más votos que sus rivales y con diferencia indiscutible, y que, pese a ello, la formación de gobierno no se le encomendaba a un solo partido, sino que debía pasar por el entendimiento entre el partido más votado y uno o dos partidos más. Dicho entendimiento, como es natural, se basaría en negociaciones, programas, renuncias y propuestas que conducirían a un gobierno estable para empezar una legislatura de cuatro años que debería afrontar la incipiente recesión, el Brexit y la situación en Cataluña como retos o desafíos ineludibles. Es decir, la ciudadanía española votó que sus políticos, con la fundamental presencia influencia y guía del PSOE, debían lograr un pacto de gobierno o acuerdos de estado que permitieran afrontar esos retos y desafíos con determinación y estabilidad.
Pero sucedió que quien fuera cabeza de lista por el PSOE en las elecciones abrileñas y, a la sazón, presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no fue capaz de conseguir un acuerdo con ninguna fuerza parlamentaria cuyo apoyo, expreso o mediante abstención, pudiera ser necesario. Pretendió un apoyo en forma de abstención por parte del PP y de C’s a cambio de nada, solo "para que haya gobierno y empiece la legislatura", según sus propias palabras. Abordó una negociación con Podemos basada más en vetos personales y reparto de cargos que en un programa de gobierno creíble y realizable. Transcurrido el verano, Sánchez y sus asesores concluyeron que resultaba más conveniente a sus intereses seguir gobernando en funciones y no volver a intentar la investidura porque una nueva convocatoria electoral depa-raría unos resultados mejores para él y sin hipotecas políticas para gobernar.
Parece, pues, que en esta nueva convocatoria electoral puede llegarse de nuevo a una situación que requiera otra vez el entendimiento entre partidos. En función del reparto de escaños podría articularse en torno al candidato más votado una mayoría estable y homogénea en lo ideológico, o bien una mayoría estable y transversal, compuesta en este último caso por los dos grandes partidos: el PSOE, probablemente el más votado, y el PP, previsiblemente en segundo lugar.
Llegados a este punto, y en vista de lo acontecido durante los últimos meses, resulta evidente que el obstáculo para cualquier acuerdo ya se halla identificado: Pedro Sánchez Pérez-Castejón. Dicho político, a mi juicio, ya está amortizado: su propio partido se vio en la necesidad de apartarlo para salir del bloqueo en 2016 y hoy en día ya dejó claro que resulta incapaz de ofrecer acuerdos razonables a su izquierda y a su derecha para que España pueda afrontar sus retos con un gobierno estable.
Dado que nuestra constitución prevé que quien presida el gobierno sea investido por el Congreso de los diputados pero no tiene por qué ser miembro de dicha cámara, como no lo era el propio señor Sánchez en junio de 2018, cuando ganó la moción de censura, la solución podría pasar por la designación de un miembro del partido más votado, aunque no sea diputado, o por la designación por parte de Su Majestad el Rey de una figura de consenso, independiente, que sea investida por el Congreso. En cualquier caso, si la distribución de escaños entre los distintos partidos diese lugar de nuevo a una situación de bloqueo a priori, quedaría de manifiesto que el que sobra es Sánchez, que ni pudo ni quiso llegar a acuerdo tras las elecciones del pasado 28 de abril, y con el que ahora no pactarían los demás líderes, según manifiestan en debates, actos públicos y declaraciones.