Asistimos hoy entre los políticos, de uno y otro signo, al ejercicio de una demagogia generadora de xenofobia y racismo. Medidas cargadas de buenismo están destruyendo la convivencia de una sociedad que cuenta con una presencia de población inmigrante ya muy significativa, en torno al 20% en muchas ciudades, si consideramos las nacionalizaciones de los últimas décadas.
En este tipo de comunidad la adopción de dos tipos de medidas, una de carácter universal, como la extensión del derecho a la sanidad en todo el Estado y otra, en Comunidades Autónomas y municipios, del establecimiento de todo un sistema de prioridades, de acción positiva, en temas tales como el acceso a las viviendas sociales, guarderías, colegios, rentas mínimas etc., están contribuyendo a la emergencia y generalización, entre la población convencional, de un aumento de las actitudes negativas hacia la población inmigrantes, cuando no de la xenofobia y el racismo, argumentemos el porqué.
La universalización de la sanidad, es un derecho humano a conseguir y una medida loable, sino fuera por la falta de coherencia e irresponsabilidad de que hacen gala los políticos profesionales a la hora de su aplicación, pues el aumento previsible de la demanda no viene en ningún caso acompañado con un reforzamiento, en paralelo, tanto de los diferentes profesionales de la sanidad pública, como de bienes muebles, inmuebles y dotaciones exigibles.
La extensión de un derecho, en una población longeva que ya soporta importantes escasez de profesionales y medios, y que exhibe, como una lacra, las listas de espera para recibir muchos servicios sanitarios públicos (visión de especialistas o intervenciones quirúrgicas, por citar dos ejemplos), muestra la descarada demagogia de nuestros políticos.
Profesionales de la sanidad pública han denunciado que la actual convocatoria de plazas para Médicos Internos Residentes, resulta muy escasa si ha de hacer frente a los déficit ya existentes, al aumento de la demanda, dado el incremento previsible por la universalización de la sanidad, y a las previsibles vacantes generadas por el natural proceso de jubilación de galenos; será el personal sanitario y los pacientes,, con el aumento de la demanda, los que soporten, de manera más directa, la irresponsabilidad de los mandatarios.
En el segundo caso, la adjudicación de rentas mínimas, o el establecimiento de medidas para el acceso a viviendas sociales, guarderías o colegios muestra el desequilibrio entre oferta y demanda.
La forma de relación entre oferta, un bien escaso incapaz de dar respuesta a la necesidad objetiva, que sobre este tipo de bienes presenta una parte importante de la población precarizada, lleva a políticos y burócratas incompetentes, en muchos Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, al establecimiento de una serie de criterios de prioridad, que resultan lesivos y un agravio comparativo para una parte importante de la población contribuyente y económicamente débil (inmigrantes trabajadores incluidos), a quienes políticamente se les enfrentan con los desheredados de la tierra que heredamos, lo cual resulta cruel.
Tampoco politólogos y sociólogos, ni las ONG,s que luchan contra el racismo y la xenofobia, les ha dado, hasta ahora, desde una plataforma independiente, por medir las consecuencias en la ciudadanía de las medidas tomadas por los políticos y analizar sus efectos, y facilitar estos datos para su discusión pública, y para que puedan ser considerados a la hora de tomar decisiones razonadas.
Faltan en España estudios e investigaciones que midan, como nos recuerda Max Weber, si los políticos, queriendo hacer el bien, logran su contrario, pues no se tiene en cuenta la no racionalidad moral del mundo, que se resume en que, al pretender el bien puede salir el mal.
Basta con pulsar el tema, entre nuestros familiares, amigos y vecinos, y en analizar el contenidos de las redes, para ver qué opina una parte importante de la población a este respecto. En Francia el movimiento de los ”chalecos amarillos”, es la revuelta de las clases medias al proceso de precarización a que se ven sometidas.
Lo más curioso es que los políticos profesionales, no parecen muy preocupados por las consecuencias de sus actos, pues en este tipo de democracia representativa no están obligados a dar cuenta de los mismos, pues, desde su prepotencia y monopolio de la política, no están obligados a escuchar a los ciudadanos.
En esto de la política, no acabamos de salir, en nuestro país, de la ética de las convicciones, muestra palpable del escaso desarrollo democrático de la nación, y no acabamos de entrar, ni se asume por parte de los políticos profesionales, la ética de la responsabilidad, aquella que exige a los políticos profesionales el dar cuenta y responder ante la ciudadanía, y ojalá ante los tribunales, de las consecuencias de sus actos.