Si distinguimos entre las cosas de la política y la política de las cosas, convendremos que nuestros políticos dedican más tiempo y esfuerzo a las primeras- lucha interpartidaria- que en resolver los verdaderos problemas que afectan a los ciudadanos.
Entre las numerosas cuestiones a las que los partidos políticos prestan poca atención tenemos la política demográfica. Es llamativo el descenso de la natalidad: de los veinte nacidos por cada mil habitantes hace apenas una generación se ha pasado a nueve por mil, muy alejado del nivel de reemplazo generacional, 2,1 hijos por mujer.En 2016, el índice defecundidad fue de 1,34, uno de los más bajos del mundo.
El fenómeno de la despoblación es más evidente en la España rural. La mitad de los municipios españoles se encuentran ya en riesgo de extinción. En estos momentos, subsisten con menos de mil habitantes 4.995 de los 8.125 municipios que tiene España en total. La inmensa mayoría de esas casi cinco mil localidades sufren el continuo envejecimiento de su censo demográfico y un mínimo o nulo relevo generacional, con escasas o nulas cifras de natalidad.
Este es uno de los datos que aporta el informe «Población y despoblación en España 2016», que ha sido presentado a la Comisión de Despoblación de la FEMP por su presidente Juan Antonio Sánchez Quero. El estudio ha sido realizado a partir del análisis del último padrón de habitantes publicado hace escasas semanas por el INE, en el que se detallan las cifras de población de todos y cada uno de los municipios españoles.
El informe presentado alerta de que sigue agravándose la crisis demográfica y de que sus efectos comprometen el futuro de cada vez más municipios españoles. Así, ya son 2.652 las localidades que subsisten con censos de menos de 500 habitantes. De ellas, 1.286 (casi dos de cada diez municipios españoles) ni siquiera pasan de los cien vecinos empadronados: son 48 más que en 2015 y 358 municipios más de los que había en el año 2000 con menos de 100 empadronados.
Sin embargo, la legislación protectora de la institución familiar tiene rango constitucional. Así, el artículo 39,1 de nuestra Carta Magna establece que “los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia”. Y dentro de campo de las medidas políticas de carácter general a lo largo de estos años se han aprobado distintos planes y estrategias de protección y apoyo a la familia, tanto por el Gobierno de España como por las Comunidades autónomas.
Pero de poco ha servido esta legislación ante esta inminente bancarrota que amenaza al bienestar social, a los servicios médicos y al sistema de pensiones, cuando las previsiones demográficas de la ONU (Aleza Fischer) estiman que los 46,1 millones de españoles del año 2015, pasaran a 44,8 en el 2050, unos 40 en el 2075 y reduciéndose a 38,6 en el 2100. Un verdadero suicidio demográfico.
Y entretando la clase política enfrascada en sus cosas.