El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó este Martes a España a pagar indemnizaciones a los etarras que atentaron en la T-4 del aeropuerto de Madrid-Barajas. El fallo concluye que España vulneró la prohibición de tratos inhumanos o degradantes que recoge el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Cuatro de los siete votaron a favor de que España indemnice a los dos demandantes, Igor Portu Juanenea y Martín Sarasola Yarzabal, con 30.000 y 20.000 euros, respectivamente, por daños morales.
Esta polémica sentencia no es la única que ha dictado el Tribunal de Estrasburgo. En referencia al terrorismo en España, el TEDH también tumbó en 2013 la conocida doctrina Parot, que consistía en aplicar los beneficios penitenciarios sobre cada una de las penas impuestas al recluso y no sobre el máximo legal permitido. Esta situación motivaba que terroristas condenados a penas milenarias y con decenas de asesinatos a sus espaldas quedaran libres tras haber cumplido menos de 20 años de cárcel por hacer yoga, manualidades o estudiar en la cárcel. 63 terroristas lograron salir de prisión gracias a esta anulación. Junto a ellos abandonaron la cárcel una quincena de delincuentes comunes con más de dos condenas, entre quienes se encontraban los violadores del portal, del ascensor y del estilete, o el asesino de las niñas de Alcàsser, Miguel Ricart.
En 2017, la Corte de Estrasburgo concluyó que el Tribunal Supremo no podía condenar a un año de inhabilitación y a una multa de 12.000 euros al que fuera presidente del Parlamento Vasco, Juan María Atutxa. El caso se remonta a 2008, cuando el Supremo falló contra el nacionalista vasco y dos miembros de la Mesa de esta Cámara, Kontxi Bilbao y Gorka Knorr, por negarse a disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak, sucesor de Batasuna.
Pero hay más sentencias insólitas en contra de España. La primera condena a España por malos tratos se remonta a 1992, cuando 15 independentistas radicales fueron detenidos poco antes de la celebración de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Los denunciantes aseguraron haber sufrido torturas y malos tratos tanto durante su estancia en dependencias de la Guardia Civil. En 2016, el Tribunal también condenó a nuestro país por, supuestamente, no ofrecer un juicio justo a un ciudadano, Jorge Gómez Olmeda, que fue condenado por un delito continuado de calumnias sin haber sido escuchado por un tribunal. Ese mismo año, le concedió el amparo a un condenado por pedofilia huído de Sevilla. El demandante, de 41 años, había solicitado una indemnización de 134.805 euros por haber tenido que «vivir en clandestinidad hasta la prescripción de la pena» y «fuera de ley en materia de inmigración, el Tribunal de Estrasburgo dictó en contra de España por las conocidas “devoluciones en caliente” en las fronteras de Ceuta y Melilla.
No contemos las maravillas de Inés del Río. La histórica etarra, condenada a más de 3000 años de prisión, salió de prisión tras el Tribunal de Derechos Humanos o puede que de ciertos humanos, fallar a favor de ella.
Desde luego hay cosas inentendibles, lo cierto es que, aquel Tribunal de Derechos Humanos debería luchar por las penas de prisión o multa que son puestas a personas por robar comida en supermercado porque no tienen ni para alimentar a sus hijos ni a ellos mismos, lo cierto es que debería luchar por los derechos humanos de las víctimas, más cierto es que debería luchar por aquellas personas en situación de tal desamparo que quitarse la vida es la única salida que ven. Cierto es que los derechos humanos de los criminales no deben ser vulnerados, aunque creo que al final lo que deja en evidencia es que la Policía Nacional sólo puede hacer cosquillas en la barriga a personas que acaban de poner una bomba en un aeropuerto y por supuesto se entregarán voluntariamente, al final es una pantomima que nos cuesta dinero, nos ha costado vidas y a día de hoy nos cuesta la indignación. ¿Qué más tendrá Estrasburgo?