Decir lo que uno haría si fuera quien no es, es un ejercicio muy tentador y por lo mismo muy corriente, probablemente demasiado. Al riesgo de, como consecuencia, caer en la vulgaridad, se une en este caso otro: tratar de decirle a Rajoy lo que debería hacer, pero contando con mucha menos información de la que se supone que él tiene. Como puede verse, ninguno de estos riesgos me disuade: de hecho, creo que, a veces, una cierta medida de falta de información puede permitir captar mejor lo que es esencial y desdeñar (aquí por desconocimiento) lo accesorio.
Si yo fuera Rajoy, respondería públicamente al mensaje de Puigdemont diciendo que acepto el diálogo, poniéndole un límite temporal no de dos meses, sino de seis, por lo menos, y que entiendo que debería tratar sobre lo siguiente: una reforma de la Constitución en la que se elimine la indivisibilidad del Estado, se diseñe una nueva organización territorial, con menos unidades que la actual de las autonomías, y se admita el principio de que, de acuerdo con la regulación y condiciones que se estipulen, cualquiera de esas unidades pueda llegar a celebrar un referéndum para la independencia, que sería entonces legal y vinculante. Desde luego, eso no presupondría en modo alguno la soberanía de tales unidades; ese podría ser un resultado, no un punto de partida. Al diálogo deberían incorporarse tanto los partidos de ámbito nacional como los de implantación regional con representación significativa.
¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes de tal oferta? En el bloque separatista introduciría probablemente una división. Los más radicales rechazarían la oferta e insistirían en la independencia inmediata. Pero la parte más sensata del secesionismo podría valorar las ventajas de seguir un camino que podría quizá llevar a la independencia, un poco más adelante, pero en un ambiente de acuerdo y evitando conflictos peligrosos para todos. Si los radicales se impusieran, habrían perdido muy probablemente parte de su apoyo interno, y también parte del apoyo internacional -todavía hoy la partida principal no se juega en este terreno, pero no hay que descartar que llegue a ser el escenario decisivo-. Hay que tener en cuenta que, aunque la prensa extranjera tienda a deformar las noticias surgidas de este conflicto, la indicación de que el Estado está dispuesto a negociar la posibilidad de un referéndum pactado tendría un impacto indudable y debilitaría la posición de los irreductibles.
Por el otro lado, elementos conservadores señalarían que esta oferta es una rendición y que es el fin de España. Pero la historia debería habernos enseñado, precisamente a los que somos conservadores, que hace falta en ocasiones cambiar cosas que nos parecen fundamentales (pero no lo son) para preservar lo que realmente importa. Da igual el nombre que lleve el país, lo importante es que tendremos que seguir viviendo en este mismo territorio y queremos hacerlo de la manera más próspera, pacífica y justa posible.
Una última cosa: habría que advertir a Puigdemont que los procesos judiciales en marcha o que puedan llegar no son objeto de la negociación. La justicia es y debe ser independiente y sus resoluciones deben respetarse y cumplirse. Habría que esperar de la altura de miras de unos y otros que no interpusieran consideraciones de orden personal en un proceso que debe mirar al bien de todos.