Ante la situación extrema que se ha presentado con la crisis independentista en Cataluña, muchos españoles por fin han entendido los peligros que representa la ideología nacionalista para la paz, la prosperidad y la concordia de los distintos pueblos de España (y de Europa).
Con el suficiente consenso de los principales partidos constitucionalistas y el apoyo del conjunto del pueblo español, necesitaríamos acometer a mi juicio estas imprescindibles cinco reformas que harían de España un país más moderno:
Reforma de la Ley Electoral: históricamente, los principales partidos nacionales, PP o PSOE han necesitado el apoyo de los partidos nacionalistas para poder gobernar. Salvo en supuestos excepcionales de mayorías absolutas, PP o PSOE han estado en la obligación de requerir el apoyo de partidos como CiU, ERC o PNV para poder reforzar su mayoría simple y así poder controlar el Congreso. A cambio de este apoyo, en las regiones de País Vasco o Cataluña los partidos nacionales se han limitado a hacer una oposición débil facilitando el monopolio de los partidos nacionalistas, que han ido instaurando poco a poco el discurso único y haciendo desaparecer impunemente los símbolos nacionales de la vida pública.
¿Tiene sentido que partidos cuya naturaleza está territorialmente muy limitada a una región, como son PNV, PdeCat, ERC, CC o BNG, se pronuncien sobre las políticas nacionales que afectan a todo un país? Muchos podrán alegar que dichos partidos obtienen un número muy significativo de votos en términos absolutos, pero en términos relativos, el origen de dichos votos se circunscribe a territorios muy específicos y cuyo porcentaje territorial es muy reducido en comparación con el conjunto del territorio nacional.
Por eso, en aras de dotar de un mayor sentido constitucional al Congreso como parlamento de carácter nacional, sólo deberían de tener representación aquellos partidos que reciban votos en un mínimo de provincias españolas (podría ser del 35%) y que a su vez reciban un mínimo de votos del total en dichas provincias (podría ser del 5%), para ser considerados partidos de naturaleza nacional y susceptibles por tanto de acceder al Congreso. De esta forma, automáticamente se pasaría a tener un Congreso con presencia de partidos como PP, PSOE, Ciudadanos o Podemos, simplificando además el arco parlamentario.
Reforma del Senado: para que tuviera pleno sentido constitucional la anterior reforma sería también necesario acometer una reforma del Senado. Es importante recordar que la Constitución establece que “el Senado es la Cámara de representación territorial”, y representa al “pueblo español” tanto como lo hace el Congreso (arts. 66.1 y 69.1). Por tanto, el Senado tiene que dejar de ser una Cámara “de segunda” para constituirse en una Cámara “de primera” donde se discutan los asuntos territoriales de primer nivel y donde los partidos regionales tengan todo el peso para tratar todas aquellas materias de ámbito autonómico.
Por tanto, con estas reformas la representación en España quedaría correctamente dimensionada dando voz a los partidos con visión y naturaleza nacional en el Congreso, y a los de visión y naturaleza regional, como PSC, PNV, ERC, PdeCat, CC o BNG, en el Senado.
Homogeneización del régimen fiscal: según la Constitución todos los españoles somos iguales, por lo que no puede ser que un mismo impuesto varíe significativamente en función de la autonomía donde uno resida. Esto no es propio de un país moderno y miembro de la UE. Con estas desigualdades fomentamos el enfrentamiento entre regiones y minamos el principio de igualdad y solidaridad entre españoles.
Recentralización de la Educación: el futuro de una sociedad reside en su educación. Si bien es bueno recelar de las políticas educativas del gobierno, imagínense tener que controlar la de 17 diferentes. Hay que consensuar a nivel nacional el contenido de los materiales de texto y de las asignaturas, garantizando el bilingüismo en aquellas comunidades donde exista y reforzar la labor de los inspectores educativos para evitar la infiltración de mensajes políticos. La educación no debe de convertirse en un instrumento de politización de la sociedad nunca más.
Privatización de las televisiones y radios públicas: para evitar que haya más casos de manipulación informativa a futuro por parte de los gobiernos es importante que los gobernantes, como ostentadores del poder ejecutivo, dejen de acaparar el llamado cuarto poder, es decir, los medios de comunicación (televisiones y radios estatales y autonómicas). ¿Tendría sentido que el gobierno tuviera un periódico? Además, al igual que ocurrió en su día con Iberia o Telefónica en sus sectores, hoy día existe una oferta lo suficientemente variada de medios informativos y de entretenimiento que resta sentido que la administración tenga que proveer por más tiempo de este servicio. Es un gasto innecesario que el ciudadano podría ahorrarse y pagar así menos impuestos.