Entre aquellos funcionarios que realizan su labor de mantenimiento de la seguridad y cuentan entre sus instrumentos con armas de fuego el uso de las mismas se ha restringido jurídicamente hasta convertirse en inviable.
Judicialmente el arma de fuego se considera un superpoder y convierte automáticamente al que la usa en culpable de abuso de poder. Si una persona apuñala mortalmente a otra, le agrede salvajemente con un bate de beísbol o incluso la estrangula con sus manos, ¿no sería proporcional que el agente usara del arma de fuego? Para nuestros tribunales, muy probablemente no. El peligro de pérdida de vida racional debería ser motivo suficiente para despenalizar su uso.
Si usar el arma de fuego provoca tantos dolores de cabeza, ¿para qué se entrega? No son pocos los funcionarios que preferirían usar otros medios menos criminalizados como podrían ser los instrumentos de paralización eléctrica o cualquier otro cuyo uso no diera tanto miedo.
Tanto es así que cuando estos funcionarios son formados en el uso de estas armas, reciben un marcado catálogo de prohibiciones que las convierten en auténticos yunques a la hora de la verdad. Todos saben que si una persona atenta contra la vida de otra al policía le dará el tiempo oportuno para llegar, sacar el arma, conminarle a deponer su actitud, disparar al cielo, al suelo, después a una pierna y por último, y si el tal asesino no para su agresión, disparar a matar. Lo malo es que un disparo de un arma de fuego no para una agresión salvo que se dirija a zonas muy determinadas de la cabeza y lo peor, es que hay que ser campeón olímpico de tiro de precisión para que en el fragor de la intervención con armas ningún inocente se vea afectado.
Me consta que muchos agentes prefieren que les lleven flores a la cárcel que al cementerio, pero es triste que el uso o no de las armas en determinadas intervenciones sólo permita estas dos opciones.
Lo que está muy claro es que las exiguas nóminas de los agentes no hacen un contrapeso como para pensar agotar todas las opciones posibles a pesar del riesgo personal y colectivo que suponen. Si el Estado quiere entrega incondicional, que la pague.