El Estado de Derecho es aquella forma de organización política en la cual el ejercicio del poder se encuentra sometido a los parámetros del Derecho; es decir, la forma como se ejerce el poder se rige por los mandatos que emanan del orden jurídico vigente.
El Estado de derecho ofrece cuatro características básicas:
1) División de poderes.
2) Control y fiscalización de los poderes públicos.
3) Imperio de la ley.
4) Derechos y libertades fundamentales reconocidos y garantizados. Ninguna de las notas citadas se cumple actualmente en Venezuela, sometida al régimen dictatorial de Nicolás Maduro.
Maduro impone por la fuerza de las armas una economía de guerra. Venezuela encabezó nuevamente el Índice de Penuria (Misery Index) en el 2016, manteniéndose por segundo año consecutivo como el país que padece de las más severas condiciones económicas del planeta al acumular el año pasado una lectura que fue casi siete veces mayor que Argentina, su más cercano competidor en el ranking mundial.
El indicador está basado en la sumatoria de la tasa de inflación, desempleo y de interés. Venezuela se ha mantenido entre los primeros puestos desde hace algo más de una década, pero se distanció marcadamente este año del resto de países dado su ingreso formal a una espiral inflacionaria.
En las últimas semanas, las manifestaciones populares se han saldado con más de setenta y cinco asesinatos a cargo de los militares seguida de nuevas olas de arrestos y registros ilegales. Entre otros opositores al régimen chavista, Leopoldo López, por cierto socialista, sigue encarcelado y sometido a torturas.
Recientemente, se han producido algunas rebeliones contra el régimen. Con un helicóptero, el comisario Oscar Pérez sobrevoló el Ministerio de Justicia y el Tribunal Supremo, pidiendo la renuncia de Maduro actuación que éste calificó de acto terrorista. Por su parte, la fiscal general del Estado, Luisa Ortega, se ha atrevido a desafiar desde dentro al chavismo. Denunció: "Tenemos un terrorismo de Estado en el que se perdió el derecho a manifestarse, en el que son reprimidas cruelmente las manifestaciones, se enjuicia a civiles en instancia militar, allanamiento sin orden judicial, no se da acceso a las personas a las pruebas en contra, el derecho a participar y a elegir, todos esos caminos están cerrados".
Con una población sin alimentos básicos, ni medicinas, en constante inseguridad jurídica, atropellados sus derechos humanos, con los líderes de la oposición encarcelados, ¿qué actitud mantiene la comunidad internacional?
En la reciente Asamblea de la Organización de los Estados Americanos (OEA) fracasó la aprobación de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Venezuela y al diluirse la posibilidad una condena unánime de sus miembros al régimen dictatorial de Maduro.
En primer lugar mostró la cada vez más disminuida capacidad de los Estados Unidos en conducir algún tipo de iniciativa hemisférica que responda a su eventual agenda regional. De hecho, evidenció tanto el debilitamiento del liderazgo hegemónico estadounidense en el ámbito hemisférico en general y en la OEA en particular, como su dificultad para influir sobre las posiciones de aliados tradicionales como los países caribeños.
Rodríguez Zapatero, nombrado por la Alta Representante de la UE para la Política Exterior, Federica Mogherini, pieza clave en la fracasada Mesa del Diálogo, es hoy el único superviviente entre los mediadores de aquellas negociaciones, con decepcionante resultado.
El Vaticano se mantiene al margen tras el reproche de monseñor Diego Parolin, número dos del Papa Francisco y secretario de Estado, dirigido contra Nicolás Maduro por los incumplimientos gubernamentales.
Un grupo de 14 países de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la oposición venezolana exigen a Maduro a que programe un calendario electoral y libere a los "presos políticos".
Si se celebraran esas elecciones posiblemente triunfaría la oposición. Pero esa convocatoria está por ver. Nicolás Maduro parece dispuesto a morir matando.