El dramático desahucio y posterior fallecimiento de Maricarmen Abascal conmocionó a nuestro país.
Su caso puso de manifiesto no solo la vulnerabilidad de las personas ante la especulación extrema en el ámbito de la vivienda, sino también la dignidad de la mayoría de la sociedad en la exigencia urgente de una respuesta colectiva.
Después del rechazo en el Congreso de los Decretos Ley para atenuar esta situación, desde las Comisiones Obreras CCOO hemos impulsado una huelga general para el próximo 11 de noviembre que acompañará una gran movilización social.
Esta convocatoria quiere poner en el centro del debate político la vivienda ampliando el foco sobre el gran problema de fondo de nuestra sociedad que es la desigualdad.
Y esa desigualdad tiene mucho que ver con los salarios, los precios y los servicios públicos.
El acceso a la vivienda, sea en alquiler o en propiedad, constituye hoy la principal factura social en España. Aunque tiene un marcado sesgo generacional que dificulta la emancipación de la mayoría de la juventud, afecta de forma generalizada al bolsillo de millones de hogares.
Para afrontar este problema estructural se requieren políticas públicas ambiciosas e inversión continuada para, por ejemplo, la creación de un parque público de 1,5 millones de viviendas a precio asequible en la próxima década.
Sin embargo, quienes hoy no pueden pagar un alquiler no pueden esperar diez años.
Se necesitan medidas inmediatas: topar precios en zonas tensionadas, restringir el uso turístico abusivo o frenar la especulación de los fondos de inversión. La vivienda debe consolidarse, junto a los cuidados, como un pilar fundamental del contrato social mejorado que evite la desigualdad.
Sin embargo, la huelga general del 11N va más allá del problema de la vivienda.
Es una movilización sobre cómo se distribuyen la renta y la riqueza en la España actual y, para ello, conviene profundizar en el análisis.
Nuestro mercado laboral ha experimentado mejoras sustanciales en los últimos años.
Se ha reducido el desempleo, se ha alcanzado un récord de afiliación, se ha reducido drásticamente la contratación temporal, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha subido significativamente (más del 60%) y el crecimiento económico es el mayor de las grandes economías europeas.
Negar estos avances bajo una falsa radicalidad genera desafección política y social y abre la puerta a posiciones reaccionarias que se nutren de la antipolítica. Pero la macroeconomía no resuelve por sí sola el día a día de la clase trabajadora.
Los episodios inflacionarios de los últimos años, intensificados por conflictos geopolíticos y tensiones internacionales, han recortado el poder adquisitivo de los hogares.
Mientras tanto, muchas grandes empresas acumulan beneficios récord.
Esta brecha provocada por el incremento de los precios exige una subida salarial generalizada en la negociación colectiva y un nuevo impulso al SMI. Pero las organizaciones empresariales no quieren hablar de ello. Llevamos un año esperando que tengan a bien sentarse a negociar un nuevo Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).
El último AENC acabó el 31 de diciembre pasado. El bloqueo en su negociación por parte de CEOE ya está provocando un incremento de la conflictividad y las huelgas en múltiples empresas y sectores. Esta es la otra gran razón de la convocatoria de huelga general.
Porque debemos ser conscientes de una realidad, no hay incremento salarial ni convenio que pueda compensar por sí solo las subidas desproporcionadas del precio de la vivienda y/o de otros productos básicos.
A esta situación se suma la presión sobre las rentas familiares ejercida por el deterioro paulatino de los servicios públicos de educación, sanidad o dependencia.
En un escenario donde las administraciones autonómicas disponen de recursos financieros procedentes de transferencias estatales y europeas, los recortes no responden a una crisis económica, sino a una opción política que fomenta la desigualdad de las clases sociales más desfavorecidas.
Y un último comentario, frente a quienes acusan a esta convocatoria de responder a intereses partidistas, reafirmamos la autonomía del sindicalismo de clase. El objetivo de la huelga general del 11N es disputar el sentido común y cambiar la conversación pública en un momento decisivo para el país.
Se trata de situar el conflicto no entre particulares sino en el acaparamiento y los abusos del mercado.
Se trata de contraponer una actividad empresarial, tendente a la especulación, frente a la garantía de un derecho constitucional como el acceso a una vivienda digna y asequible.
El 11 de noviembre representa una oportunidad colectiva para defender un país más justo, solidario e inclusivo, situando los derechos de la mayoría social por encima de la especulación y de los beneficios de unos pocos.
*Manuel Pina, secretario general de CCOO Aragón.