El 8 de septiembre, la OCDE presentó en Madrid los resultados de PISA 2025.

Desde entonces, la conversación pública sigue en el lugar de siempre: comparar el puesto de España con el de Singapur, Estonia o Finlandia y lamentarse por la distancia.

Es un ejercicio cómodo y, según llevan años advirtiendo estadísticos y pedagogos, bastante menos fiable de lo que parece.

Como recuerda el pedagogo José Manuel Cabada, PISA "no mide la educación ni evalúa el sistema educativo": es, como mucho, una fotografía parcial.

Comparar países con lenguas, culturas y tradiciones pedagógicas tan distintas plantea dudas legítimas sobre si una misma pregunta mide lo mismo en Shanghái, Helsinki o Madrid.

Ya en 2014, un centenar de académicos —entre ellos Noam Chomsky— advirtió a la OCDE de que la obsesión por el ranking empuja a soluciones cortoplacistas antes que a reformas de fondo; y el pedagogo Enrique Díez sostiene que un organismo sin poder legislativo ha adquirido, vía indicadores, una capacidad desmesurada para orientar la política educativa de medio mundo.

Esa crítica es legítima cuando se usa PISA como termómetro para ordenar países en una tabla.

Pero no sirve de excusa para mirar a otro lado ante un hecho que no depende de ningún comparador cultural discutible: la trayectoria de España consigo misma.

Desde su pico de 2015, España ha perdido 45 puntos en lectura, 29 en matemáticas y 16 en ciencias —en lectura, casi dos cursos escolares de aprendizaje—.

Esa caída la mide el mismo país, con el mismo examen, sobre sí mismo, edición tras edición. Guste o no la metodología de PISA, ese es el dato.

Lo más revelador de esta edición, sin embargo, no es esa caída, sino un tropiezo metodológico.

La OCDE presentó como noticia que la brecha entre alumnado rico y pobre se había estrechado desde 2022, y buena parte de la prensa lo recogió como un raro consuelo.

El equipo de Esade que firma el informe de equidad explicó que esa caída del alumnado rico refleja sobre todo un cambio en cómo se mide el nivel socioeconómico entre ediciones: el índice sustituyó preguntas sobre libros en casa —que predicen bien el rendimiento— por preguntas sobre piscina o habitación de invitados, que apenas lo predicen.

Con un índice comparable entre ediciones, la brecha entre el cuartil más rico y el más pobre no se estrecha.

Dicho de otro modo: la desigualdad educativa en España no ha mejorado; probablemente ni se ha movido.

El aula, además, es cada vez más diversa: el alumnado de origen migrante ha pasado del 15% al 20% en tres años, y aunque el rendimiento ha caído en todos los grupos, lo ha hecho más entre los recién llegados.

Las causas de fondo, mientras tanto, siguen ahí, casi sin variar.

España destina el 4,1% del PIB a educación, frente al 4,8% de media europea; el gasto educativo apenas representa el 9,1% del gasto público total.

Pero el dinero, por sí solo, tampoco lo explica todo: hay comunidades que invierten poco y obtienen buenos resultados, y otras que invierten mucho y rinden peor que vecinas con recursos similares.

El cómo se gasta —formación docente, atención a la diversidad, gestión del aula— pesa tanto como el cuánto.

Ahí aparece uno de los puntos más débiles del sistema: la formación del profesorado de Secundaria, reducida a un máster de un año con apenas prácticas reales en el aula, frente a los cuatro años de formación integrada de los maestros de Infantil y Primaria.

El "MIR educativo" lleva más de una década sobre la mesa, con apoyo discursivo, pero sin presupuesto ni infraestructura que lo sostenga.

A esto se suma una inestabilidad legislativa crónica: España encadena leyes educativas desde la Transición casi siempre sin consenso parlamentario, alimentando la sensación de que aquí la educación es campo de batalla partidista antes que política de Estado.

Como advierte el catedrático Alejandro Tiana, aprobar una ley no transforma la educación por sí sola: solo lo hace donde hay un esfuerzo sostenido de implementación, algo que rara vez sobrevive al siguiente cambio de Gobierno.

Tampoco vale ya la pandemia como coartada. Si la caída de 2022 se atribuía en parte al confinamiento, la de 2025 —tres años después, con las aulas plenamente activas— desmiente esa lectura.

Andreas Schleicher, responsable de PISA en la OCDE, reconoce que el declive en la lectura ya era visible antes de que llegara la pandemia.

Esa pista —una generación que lee cada vez más deprisa y peor, y que ya usa la inteligencia artificial para resumir en lugar de pensar— merece su propio espacio.

Baste decir que el 46% del alumnado español ya usa chatbots de IA semanalmente para tareas escolares, por encima de la media OCDE, y que quienes más los usan obtienen peores resultados en ciencias.

El propio Schleicher lo resume así: "si lo hacemos bien, la IA se convierte en un andamiaje, no en una muleta". Esa será la pregunta del mes que viene: qué les pedimos a los alumnos hacer con las pantallas, y si eso les enseña a pensar o les enseña a dejar de hacerlo.

Cristina Victorio Camacho. Directora académica de CESTE