No es casualidad que en 1914 se creara en los Estados Unidos la Federal Trade Commission. La decisión respondía a una convicción política que hoy vuelve a cobrar actualidad.
El poder económico había alcanzado una dimensión capaz de condicionar el funcionamiento de los mercados e, incluso, de las instituciones. La confianza en que las corrientes de mercado llegasen a ordenarlo no era suficiente.
Quien visite la sede de la Federal Trade Commission en el mall de Washington D.C. difícilmente dejará de advertir la escultura que preside su entrada. Un hombre, apoyando todo el peso de su cuerpo sobre las riendas, trata de contener a un tozudo y antojadizo caballo percherón que amenaza con desbordarlo.
La obra, realizada por Michael Lantz en los años cuarenta del siglo pasado, pretendía simbolizar la necesaria intervención del Estado en aras de domesticar las fuerzas del mercado sin llegar a destruir su energía. Ochenta años después, esta imagen también podría servir como epítome de otra realidad.
La relación de los poderes públicos con la inteligencia artificial.
La imagen del hombre intentando sujetar a la bestia esculpida por Lantz resulta extraordinariamente expresiva. No representa una victoria.
El hombre no domina al animal; apenas consigue mantener el equilibrio. No hay certeza de quién acabará imponiéndose. Y esa incertidumbre se transmite hoy atendido el nuevo dilema: regulación sí o no. ¿Intervienen los reguladores para sujetar los modelos de inteligencia artificial más avanzados en un mercado global?
Las agencias reguladoras estadounidenses nacieron casi siempre como reacción ante la realidad de alguna crisis. A finales del siglo XIX, los grandes cárteles norteamericanas habían concentrado un poder sin precedentes. Controlaban sectores enteros de la economía, imponían precios, expulsaban competidores y dificultaban la entrada de nuevos operadores.
La Sherman Act de 1890 había sido un primer intento de contener ese fenómeno, pero pronto se comprobó que la respuesta judicial, limitada a perseguir infracciones una vez consumadas, resultaba insuficiente. La Reserva Federal fue consecuencia del pánico bancario de 1907.
La Food and Drug Administration surgió tras ciertos escándalos alimentarios que sacudieron la opinión pública estadounidense. La Securities and Exchange Commission fue una respuesta al desastre de 1929.
Más recientemente, la crisis financiera de 2008 trajo un aluvión regulatorio en el sector financiero. Primero el accidente; después, la regulación. La debatida necesidad de un control institucional de la inteligencia artificial constituye, sin embargo y hasta dónde sabemos, una excepción a esta tendencia reactiva.
El Estado, el domador, carece de referentes tangibles de catástrofe y parece improvisar mientras decide si embrida o no a este cimarrón. La IA no ha provocado una calamidad aún, pero sus riesgos potenciales son bastantes como para justificar la intervención preventiva.
Modelos capaces de descubrir a su antojo vulnerabilidades informáticas con extraordinaria eficacia o de facilitar conocimientos útiles para desatar el caos hacen que los poderes públicos se planteen intervenir antes de que ocurra lo peor. Las últimas decisiones adoptadas por la Administración estadounidense en materia de Inteligencia Artificial antes del verano ofrecían esa impresión.
Restricciones impuestas a Anthropic tras el lanzamiento de uno de sus modelos, presiones sobre OpenAI, levantamiento casi inmediato de las prohibiciones después de pequeñas modificaciones técnicas... Todo transmite una sensación de improvisación ausente de planificación estratégica.
Cuando los empresarios de un determinado sector desconocen qué conductas justificarán prohibiciones o cuándo serán levantadas, la inseguridad jurídica termina convirtiéndose en otro factor de riesgo inversor. De hecho durante este mes han sido los propios empresarios del sector IA los que han demandado la intervención reguladora conscientes del riesgo de una evolución tecnológica susceptible de generar agentes desbocados.
La Unión Europea, por su parte, aprobó en 2024 el Reglamento de Inteligencia Artificial. Este Reglamento, posteriormente edulcorado en 2026 por el ómnibus digital sobre IA, ha trazado líneas rojas, establecido salvaguardas y levantado una estructura de gobernanza.
Es, probablemente, el intento más ambicioso de contención. Pero en un mercado global todo se complica. La carga de cumplimiento normativo resta competitividad y dificulta la innovación, y cada vez más empresarios del sector digital optan por ecosistemas desregulados, con Estados Unidos a la cabeza, donde pueden operar sin tantas trabas.
Ahora bien, este debate no gira únicamente alrededor del mercado entendido como entorno de composición de intereses económico- empresariales. También gira alrededor de dinámicas de poder geopolítico.
El control del desarrollo y del acceso a los grandes modelos equivale a controlar una infraestructura estratégica comparable a la energética y a la de los semiconductores. China ha reducido enormemente la distancia tecnológica y sus modelos abiertos evolucionan a un ritmo que hace ilusoria cualquier aspiración a la intervención regulatoria en aras de fijar y asegurar un perímetro de la lexartis estático.
Frente a de Estados Unidos y China la Unión Europea ha quedado rezagada. Y no parece que la tortuga vaya a alcanzar a la liebre. La propia Unión parece haberse dado cuenta.
De ahí el precitado ómnibus digital sobre IA, que flexibiliza el marco normativo del mercado tecnológico europeo y aplaza buena parte de las obligaciones dispuestas en el Reglamento de Inteligencia Artificial. Pero el diagnóstico de fondo sigue siendo incómodo.
La Unión Europea no consigue participar del poder real. El que diseña los modelos; decide quién accede y fija las condiciones de acceso. En la toma de postura sobre las políticas regulatorias concurre además otra paradoja.
Y es que cuanto más tiempo las generaciones más avanzadas de modelos permanezcan reservadas sólo para unos pocos actores, mayor se concentrarán en ellos los poderes económico, científico y político.
Y cuando, levantada la tajadera, finalmente esas capacidades lleguen al conjunto de la sociedad puede suceder que el salto sea tan brusco que la adaptación sea traumática.
La complejidad del problema exige diferenciar y cohonestar decisiones técnicas y de estrategia empresarial con decisiones políticas. Los gobiernos deben determinar qué riesgos son aceptables para la sociedad.
Pero la evaluación concreta de los modelos debería descansar en instituciones especializadas, independientes y apoyadas en el conocimiento acumulado por universidades, laboratorios, empresas y profesionales.
La experiencia de sectores como el financiero o el energético demuestra que la mejor regulación suele ser aquella en la que el Estado fija el rumbo sin pretender conducir personalmente cada movimiento.
Quizá por eso la vieja escultura de la Federal Trade Commission conserva toda su actualidad. La inteligencia artificial tampoco podrá ser dominada por completo. La alternativa no puede ser binaria. Estabulación o suelta de riendas.
El escultor en su alegoría nunca representó a un hombre domeñando un caballo. Representó algo mucho más realista: un equilibrio precario de no fácil gestión.
* Ignacio Moralejo Menénendez