Hemos comenzado el curso escolar con calor, con preocupación y con muchos deberes pendientes. Nos preocupa la falta de profesores, técnicos y personal no docente en muchos centros. Nos preocupan las condiciones ambientales de los colegios e institutos, en los que alumnos y personal soportan temperaturas extremas.

Nos preocupan las condiciones laborales de los docentes, la alta interinidad, la precariedad. Nos preocupa la indefensión de los profesores que acompañan a los alumnos en las salidas extraescolares y que la falta de una regulación clara perjudique al alumnado. Y nos preocupan -pero no nos sorprenden- los malos resultados obtenidos en el informe PISA y que se conocieron hace unos días.

Vivimos un momento crítico para la educación pública. Tenemos que reflexionar sobre todas estas cuestiones. Nosotros estamos trabajando para buscar soluciones, proponer medidas y exigir su cumplimiento.

En muchos aspectos, empezamos el curso en septiembre como lo acabamos en junio. Por ejemplo, con el calor en las aulas. Este problema, que hemos denunciado tantas veces, requiere medidas estructurales. Numerosos centros escolares incumplen de manera reiterada la normativa de riesgos laborales, que fija un máximo de 27 grados en espacios cerrados, poniendo en riesgo la seguridad y la salud del profesorado, del personal no docente y del alumnado. Lo hemos denunciado a inspección de trabajo, lo hemos debatido en las mesas de negociación y recientemente hemos dado un paso más previo a la vía judicial.

Hemos presentado un requerimiento formal al Gobierno de Aragón para que garantice las temperaturas adecuadas en los centros escolares. Si en el plazo de tres meses no hay una respuesta, iniciaremos el procedimiento contencioso-administrativo.

A principios de septiembre conocimos los resultados del Informe PISA 2025, que muestran un retroceso generalizado en los países de la OCDE. España y Aragón obtuvieron los peores resultados de la serie histórica en lectura, matemáticas y ciencias. No nos sirve de consuelo saber que en nuestra comunidad estamos por encima de la media española.

Tampoco nos vale como excusa culpar en general al uso excesivo de pantallas y de las redes sociales. Estos resultados deben hacernos reaccionar. Exigimos al Gobierno central y al aragonés más inversión en la educación pública. El profesorado aragonés está haciendo un enorme esfuerzo para mantener la calidad educativa en unas aulas cada vez más complejas.

Si queremos mejores resultados, hay que respaldar ese esfuerzo con recursos. PISA no debe utilizarse para señalar a los docentes, sino para preguntar qué estamos haciendo como sociedad y qué estamos dispuestos a invertir en nuestra educación pública.

El rendimiento académico es consecuencia de múltiples factores y está directamente relacionado con las condiciones en las que trabajamos en los centros: ratios, plantillas, recursos para atención a la diversidad, orientación, estabilidad del profesorado, burocracia, etc.

Reclamamos, entre otras medidas, más inversión en educación pública; reducción de ratios para permitir una atención más individualizada; más profesionales de pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, orientación; refuerzo de los programas de apoyo desde las primeras etapas educativas; y reducción de la carga burocrática.

Empezamos el curso arrastrando problemas no resueltos del curso pasado. Como la normativa que regula las salidas extraescolares. El Departamento de Educación nos presentó una orden este verano que no protege suficientemente al profesorado, incrementa la burocracia y perpetúa la desprotección laboral en las actividades fuera del recinto escolar.

Hemos trasladado nuestro rechazo y hemos pedido la convocatoria urgente de una mesa sectorial para tratar este tema. Muchos centros se niegan a realizar salidas extraescolares. Los grandes perjudicados son los alumnos.

Esta semana pasada nos reunimos con la consejera de Educación para trasladarle nuestras preocupaciones y nuestras reivindicaciones. Insistimos, como siempre, en nuestro talante negociador. Pero si no vemos soluciones en las mesas de negociación, también apoyaremos movilizaciones en la calle.

Seis sindicatos convocamos una huelga en Huesca el próximo 14 de octubre para exigir el cese del inspector jefe, tras dos años de denuncias y protestas. Y estamos valorando otras acciones con el resto de sindicatos.

Reiteramos nuestra defensa de la educación pública, de nuestro alumnado y de las condiciones laborales del personal docente y no docente.