Entramos en la recta final del año y la negociación colectiva, tanto en Aragón como en el conjunto de España, se encuentra claramente ralentizada.
La realidad se refleja ya en las mesas; los expedientes que llegan al Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) aumentan de forma constante, al mismo ritmo que crece la conflictividad y las convocatorias de huelga.
¿Qué está ocurriendo? En mi opinión, la falta de un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) es una de las causas principales que están tensionando y bloqueando los procesos.
El V AENC finalizó el pasado 31 de diciembre y, a pesar de los esfuerzos de los sindicatos por abrir la mesa negociadora, la patronal estatal CEOE y CEPYME ha optado de momento, por congelar la renovación para este año y los próximos.
Aquel quinto acuerdo estatal (2023-2025) contemplaba entre otras cosas incrementos salariales del 3 % y un punto de revisión si el IPC real superaba esa cifra.
Aquella referencia permitía que el debate sobre los incrementos, tradicionalmente el más duro en una mesa de negociación, se encauzara con mayor rapidez y menos vehemencia.
Cuando los sindicatos firmantes de ámbito estatal se sentaban frente a empresas asociadas a esas mismas organizaciones también firmantes del acuerdo, el argumento habitual en el argot de las mesas se aceptaba; era claro e indiscutible "Esto lo han firmado nuestros mayores por arriba, por lo tanto, no lo discutimos".
Por supuesto, siempre había excepciones en sectores con patronales más inmovilistas, pero el marco general funcionaba. Eso se acabó el 31 de diciembre de 2025.
Aquel acuerdo también demostró su utilidad práctica en Aragón, permitiéndonos impulsar iniciativas como el Acuerdo para el acompañamiento de los procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes en Aragón.
Una medida diseñada para acelerar los diagnósticos y acortar los procesos de incapacidad temporal de forma totalmente voluntaria tanto para el profesional sanitario como para el trabajador, y que esperamos ver en marcha muy pronto por parte del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón.
Retomando el escenario actual de la negociación colectiva, las cifras son elocuentes: en estos momentos hay procesos abiertos tanto en el ámbito estatal como provincial o autonómico, que afectan a más de 160.000 aragoneses y aragonesas; un volumen al que se sumarán el próximo año otros 140.000 trabajadores con los convenios del metal en las tres provincias y el de la construcción a nivel estatal, como grandes referencias.
Con un IPC desbocado y sin una referencia salarial clara, cerrar acuerdos se ha convertido en una carrera de obstáculos.
Cuanto más se dilaten las negociaciones, más costoso será recuperar el terreno perdido si la inflación sigue al alza.
Esta ausencia de directrices estatales es el detonante directo de la actual parálisis y del repunte de la conflictividad que previsiblemente marcará este otoño.
Como sindicato, hemos trazado tres líneas rojas innegociables en las mesas: la primera que los incrementos salariales garanticen el poder adquisitivo, además de no tolerar recortes en los complementos de incapacidad temporal (bajas laborales por enfermedad) y el avance decidido en la reducción de la jornada laboral.
Todos fuimos testigos de cómo el Parlamento español rechazaba recientemente la jornada de 37,5 horas semanales.
Y resulta paradójico que lo hagan los parlamentarios, que probablemente no acumulen ni la mitad de esas horas en el hemiciclo, o escuchar a la patronal argumentar que la jornada debe negociarse en los convenios colectivos y no por vía legislativa.
Pues bien, ha llegado el momento de demostrarlo en las mesas, porque hasta la fecha, la reducción real de horas anuales firmada en los convenios sigue siendo testimonial, situándose en apenas cinco horas de media al año.
Con este panorama, no es de extrañar que se nos presente un otoño caliente.
Desde la representación de los trabajadores afrontamos el proceso con total voluntad de diálogo, pero con la firme determinación de blindar el poder adquisitivo, proteger los derechos adquiridos y recortar la jornada laboral.
Conviene destacar, además, que la salud del diálogo social no responde al mismo pulso en Aragón que en el Estado. En este terreno, deberíamos adelantarnos y apostar por firmar un AENC aragonés, aprovechando el margen competencial que la normativa otorga al ámbito autonómico en materias como la distribución del tiempo de trabajo, las medidas de conciliación y las mejoras laborales.
Los agentes sociales en Aragón ya hemos abordado esta posibilidad; es el momento de llevarla al papel y tomárnosla en serio para situar, una vez más, a nuestra comunidad a la vanguardia del diálogo social en el país.
Por todo ello, insto a la patronal española a desbloquear la negociación del nuevo marco estatal, aunque, siendo realista, el entendimiento en el ámbito aragonés se antoja hoy mucho más cercano y factible que en el paradigma nacional.
José Juan Arceiz, secretario general de UGT Aragón