La política de vivienda revela la auténtica concepción que todo gobierno tiene de la sociedad. Donde se entiende como un derecho, la acción pública se orienta a garantizar que ninguna persona quede excluida del acceso a un hogar digno. Allí donde prevalece la lógica del mercado, las administraciones públicas se limitan a acompañar una dinámica que convierte un bien esencial en un activo sometido a la rentabilidad y a la especulación.

La política del Gobierno de Aragón se sitúa, lamentablemente, en este segundo escenario. Desde hace más de tres años se repite, continuamente, el compromiso de construir 7.000 viviendas antes de concluir la legislatura. La cifra permanece ajena a la realidad cotidiana de quienes siguen sin poder acceder a una vivienda digna, a precio asequible.

Los hechos hablan con mayor claridad que las promesas. Tras recibir una importante programación de vivienda procedente de la última legislatura completa, el balance efectivo ahora se reduce solo a la entrega de 27 viviendas de alquiler asequible en Huesca. El resto permanece suspendido entre anuncios, proyectos y previsiones que todavía no se traducen en hogares habitados.

Mientras tanto, el mercado continúa imponiendo sus reglas. En 2026 se prevén más de 15.000 operaciones de compraventa entre vivienda nueva y usada, mientras el precio medio supera ya los 1.800 euros por metro cuadrado. El encarecimiento del suelo, el aumento de los costes de construcción y unas condiciones hipotecarias cada vez más exigentes dibujan un escenario donde el acceso a la vivienda deja de depender del esfuerzo para convertirse, sencillamente, en una cuestión de capacidad económica.

La consecuencia es evidente: las promociones que hoy anuncia el Gobierno difícilmente alcanzarán a quienes más las necesitan. Cuando una política pública no consigue llegar a la población con mayores dificultades de acceso, deja de cumplir su función redistributiva y acaba reforzando las mismas desigualdades que pretendía corregir.

El problema de la vivienda no admite respuestas diferidas. Quien necesita una vivienda no puede esperar una década a que maduren planes urbanísticos o se culminen promociones. La urgencia social exige ampliar de forma inmediata el parque público de alquiler asequible, incentivar el arrendamiento residencial frente al uso turístico —especialmente en las zonas donde la presión del mercado expulsa a la población residente— y generar un marco de estabilidad que ofrezca seguridad tanto a quienes alquilan como a quienes ponen sus viviendas en alquiler.

Los indicadores muestran que la tensión inmobiliaria continúa creciendo. Solo en 2026 el precio del alquiler ha aumentado un 8,1 % en Aragón hasta alcanzar una media de 10,7 euros por metro cuadrado al mes. En Zaragoza el incremento supera el 9 %, con rentas superiores a los 11,50 euros por metro cuadrado. Sin embargo, el Gobierno de Aragón se niega a aplicar la declaración de zonas tensionadas, contemplada en la ley y solicitada por varios ayuntamientos aragoneses, renunciando a una herramienta prevista precisamente para actuar allí donde el mercado ha dejado de garantizar el acceso a la vivienda.

Las consecuencias son visibles. Docentes destinados, por ejemplo, al Pirineo que no encuentran alojamiento. Profesionales sanitarios obligados a rechazar plazas en las serranías turolenses. Juventud en las ciudades aragonesas que retrasan indefinidamente su emancipación. Trabajadoras y trabajadores que destinan una parte desproporcionada de sus ingresos al pago del alquiler. La crisis de la vivienda no constituye únicamente un problema residencial; compromete la cohesión territorial, limita la igualdad de oportunidades y debilita la capacidad de Aragón para fijar población.

Por ello resulta imprescindible recuperar las ayudas a la rehabilitación, especialmente en los municipios de menos de 10.000 habitantes, donde cada vivienda recuperada representa una oportunidad para sostener la vida de nuestros pueblos. Del mismo modo, Aragón necesita un Observatorio de la Vivienda, integrado en Suelo y Vivienda de Aragón, que permita conocer con precisión la realidad de cada municipio y sustituya las intuiciones políticas por diagnósticos rigurosos.

Especial preocupación merece la futura regulación de las Viviendas de Protección de Aragón. Permitir que viviendas construidas con recursos públicos puedan descalificarse transcurridos diez años supone vaciar de contenido el propio concepto de vivienda protegida. El patrimonio financiado por toda la sociedad deja entonces de cumplir una función social permanente para convertirse en una oportunidad de enriquecimiento privado.

Una decisión de esta naturaleza difícilmente puede conciliarse con el mandato del artículo 47 de la Constitución Española o con el artículo 27 del Estatuto de Autonomía de Aragón, que encomiendan a los poderes públicos impedir la especulación y hacer efectivo el derecho a una vivienda digna.

La cuestión de fondo trasciende el número de viviendas construidas. Lo verdaderamente decisivo es decidir al servicio de quién se orienta la política pública. Si los recursos colectivos terminan fortaleciendo la lógica especulativa del mercado, el derecho a la vivienda deja de ser un derecho para convertirse en una expectativa sometida a la capacidad adquisitiva de cada persona.

Una política de vivienda verdaderamente transformadora no puede medirse únicamente por el número de promociones iniciadas. Debe juzgarse por su capacidad para ampliar el patrimonio público, contener la especulación y garantizar que cualquier persona pueda desarrollar su proyecto de vida sin que el acceso a un hogar dependa exclusivamente de su renta. Porque una vivienda no es un producto financiero. Es el lugar, un hogar, desde el que se ejerce la ciudadanía, se construye el presente, se proyecta el futuro y comienza, en definitiva, la igualdad real.