“Ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio; contigo porque me matas y sin ti porque me muero”. La vieja copla popular española resume mejor que muchos informes oficiales la relación que hoy mantiene Europa con China.
Hay errores que se pagan con dinero. Otros se pagan con influencia. Y algunos se pagan con décadas.
Europa empieza a descubrir que la desindustrialización voluntaria pertenece a esta última categoría.
Durante años, los dirigentes europeos celebraron la globalización como si fuera un proceso inevitable y, además, beneficioso para todos. La receta parecía perfecta: diseñar en Europa, fabricar en China y consumir a precios cada vez más bajos.
Las empresas reducían costes, los consumidores accedían a productos más baratos y los beneficios crecían. Quienes cuestionaban aquel modelo eran considerados nostálgicos incapaces de comprender los nuevos tiempos.
La realidad ha terminado siendo mucho más compleja.
Desde Aragón, una comunidad cuya prosperidad está estrechamente ligada a la industria, la logística, la automoción, la agroalimentación y, más recientemente, a las inversiones tecnológicas y energéticas, esta cuestión no es una discusión académica.
Nos afecta directamente.
La fortaleza económica de Zaragoza y de Aragón se ha construido sobre algo que Europa pareció olvidar durante demasiado tiempo: la importancia estratégica de producir.
Mientras Europa deslocalizaba fábricas, China construía un proyecto nacional. Mientras Bruselas hablaba de mercados, Pekín hablaba de poder. Mientras muchas empresas occidentales perseguían la reducción de costes a corto plazo, el gigante asiático desarrollaba una capacidad industrial, tecnológica y logística que hoy condiciona buena parte de la economía mundial.
No fue casualidad. Fue una estrategia.
China utilizó la apertura comercial para convertirse en la gran fábrica del mundo.
Centenares de millones de ciudadanos abandonaron la pobreza, surgieron gigantes tecnológicos capaces de competir con Occidente y el país consolidó posiciones dominantes en sectores estratégicos que van desde las baterías hasta los minerales críticos, desde los paneles solares hasta la movilidad eléctrica.
Europa, por el contrario, fue perdiendo progresivamente parte de su músculo industrial. Economistas como Dani Rodrik advirtieron hace años de los riesgos de una globalización que debilitara las capacidades productivas nacionales.
Emmanuel Todd alertó sobre las consecuencias de una economía cada vez más dependiente de los servicios y las finanzas. Incluso pensadores de muy distinta orientación coincidían en una idea básica: una sociedad que deja de producir termina perdiendo capacidad de decisión.
Sin embargo, durante demasiado tiempo esas advertencias fueron ignoradas.
La guerra de Ucrania recordó la importancia de la autonomía estratégica. La creciente rivalidad entre Estados Unidos y China confirmó que el poder económico sigue descansando sobre la capacidad industrial y tecnológica. Y la aceleración de la transición energética puso de manifiesto hasta qué punto Europa depende de terceros países para obtener minerales críticos, componentes industriales y tecnologías esenciales.
De repente, los dirigentes europeos descubrieron que habían confundido interdependencia con dependencia y eficiencia económica con vulnerabilidad estratégica.
Resulta significativo que hayan tenido que pasar cuatro años desde el Brexit para que aparezcan los informes de Mario Draghi y Enrico Letta alertando sobre la pérdida de competitividad europea, la fragmentación del mercado interior y la necesidad de una nueva política industrial.
Sus diagnósticos son rigurosos y necesarios. Pero también reflejan una realidad incómoda: llegan cuando buena parte del daño ya está hecho.
No deja de ser paradójico que Europa parezca redescubrir ahora principios económicos que el aragonés Vicente Salas Fumás lleva décadas defendiendo. La prosperidad de una sociedad no descansa únicamente sobre la redistribución de la riqueza, sino sobre su capacidad para crearla.
Y esa creación de valor exige empresas competitivas, innovación, inversión y productividad. Ninguna economía puede aspirar a mantener elevados niveles de bienestar si pierde progresivamente su base productiva.
La cuestión no consiste en romper con China. Sería un error tan grave como el cometido por quienes ignoraron los riesgos de la dependencia. China seguirá siendo una potencia imprescindible para el comercio mundial y un socio económico imposible de sustituir.
Tampoco Aragón puede vivir de espaldas a una de las mayores economías del planeta.
La verdadera cuestión es otra: cómo recuperar capacidad de decisión.
Y es aquí donde la responsabilidad europea resulta imposible de ignorar.
Mientras China construía fábricas, aseguraba el acceso a materias primas estratégicas, protegía sectores clave y planificaba a varias décadas vista, Bruselas parecía cada vez más concentrada en producir regulación. La Comisión Europea fue acumulando normas, directivas, objetivos y obligaciones bajo la convicción de que la superioridad moral de sus propósitos acabaría traduciéndose automáticamente en liderazgo económico.
La Agenda 2030, el Pacto Verde Europeo y buena parte de la arquitectura regulatoria comunitaria nacieron inspirados por objetivos legítimos. Nadie discute la necesidad de proteger el medio ambiente o avanzar hacia una economía más sostenible.
Lo que sí resulta discutible es haber intentado hacerlo ignorando las consecuencias sobre la competitividad industrial europea.
Porque sin industria no existe transición ecológica posible. Sin crecimiento económico no hay recursos para financiar el Estado del bienestar. Sin empresas competitivas no hay empleo de calidad. Y sin autonomía productiva no hay soberanía estratégica.
La contradicción alcanza niveles difíciles de justificar. Europa impone a sus empresas exigencias ambientales, energéticas y burocráticas que con frecuencia no soportan sus competidores internacionales.
Se penaliza la producción dentro de nuestras fronteras mientras se importan bienes fabricados bajo estándares menos exigentes. Se habla de autonomía estratégica mientras aumenta la dependencia exterior. Se proclama la defensa de la industria al mismo tiempo que se multiplican las cargas que dificultan su desarrollo.
Desde Aragón conocemos bien las consecuencias de esta deriva. Cada inversión industrial retrasada, cada proyecto bloqueado por trámites interminables y cada carga regulatoria adicional tiene efectos reales sobre el empleo, la competitividad y el futuro de nuestro territorio. Las oportunidades vinculadas a la automoción, la logística, la energía o los nuevos centros tecnológicos requieren precisamente aquello que Europa ha descuidado durante años: capacidad de producir, invertir y competir.
China no es el problema de Europa. China hizo exactamente lo que anunció que iba a hacer: producir, invertir, innovar y aumentar su influencia.
El verdadero problema es que mientras Pekín ejecutaba una estrategia de largo plazo, Bruselas llegó a creer que la regulación podía sustituir a la producción, que los objetivos podían sustituir a los resultados y que la virtud normativa podía sustituir a la competitividad.
Hoy Europa descubre que las fábricas que cerró, las cadenas de valor que entregó y la autonomía estratégica que menospreció no se recuperan mediante informes. Como recuerda nuestro insigne economista aragonés Vicente Salas Fumás, la riqueza no se decreta: se crea. Y la pregunta que debería inquietar a los dirigentes europeos es si todavía estamos a tiempo de volver a crearla o si seguiremos administrando las consecuencias de haber olvidado cómo se genera.
Porque, al final, la gran paradoja europea no es su relación con China. Es consigo misma: no puede vivir sin ella, pero tampoco puede permitirse seguir dependiendo de ella en los términos actuales.
Y quizá esa sea la versión contemporánea de la vieja copla: una Europa que no termina de decidir si quiere seguir siendo potencia productiva o limitarse a regular el mundo que otros producen.
Joaquín López Vela, presidente Comisión de Economía y Fiscal de la Cámara de Zaragoza – Carreras Grupo Logístico