Los servicios públicos garantizan la prestación de nuestro modelo de Estado de Bienestar. Representa una hipocresía valorarlos y defenderlos solo en tiempos de campañas electorales, para luego ser desatendidos y desoídos. Deben ser siempre protegidos.
En los últimos tiempos está aflorando un descontento en forma de movilizaciones en el empleo público en Aragón y también en España, que está relacionado con el deterioro del poder adquisitivo y la precariedad que no se han paliado a pesar de la firma de acuerdos salariales en el ámbito estatal.
En Aragón, la respuesta “fragmentada” de la administración autonómica a estos sectores puede añadir más frustración y más conflicto.
La precariedad en el empleo no ha disminuido claramente, a pesar de la puesta en marcha de procesos de estabilización. Las formas extraordinarias de provisión de puestos de trabajo se están convirtiendo en habituales.
El nivel de temporalidad en el Gobierno de Aragón (incluidos todos los sectores: administración general, sanidad, educación y justicia) era, según datos oficiales, en junio de 2025 del 47,7%.
Tampoco se ha frenado el deterioro del poder adquisitivo. Los empleados públicos han sufrido una pérdida media del 15% entre 2010 y 2025 (incluyendo el recorte acumulado del 5% en 2010), aunque el resto de los salarios apenas han mantenido el poder de compra, empobreciendo a quienes prestan los servicios públicos más básicos.
Y todo ocurre en un contexto, donde todavía no se han desarrollado los elementos legales que deben dar soluciones estructurales y ordenar los distintos sectores públicos, en función de sus características territoriales y funcionales y encauzar los conflictos.
Solo cinco comunidades autónomas disponen en España de Ley de Función Pública que desarrollan las bases del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP): Castilla la Mancha, Extremadura, Galicia, País Valenciano y Andalucía.
Las medidas de austeridad impuestas desde 2008 y cuyos efectos fueron visibles en 2010 y que se prolongaron hasta 2014, con Gobiernos de diferente índole fueron el punto de arranque de este declive en las administraciones públicas. El 2015 se empezaban a recuperar los servicios públicos. Sin embargo, se atendió en primer lugar, como era de esperar, al servicio prestado a los ciudadanos, prolongando los problemas que aún no han hallado solución.
En 2020, la pandemia del Covid-19 y la invasión de Ucrania en 2022 por parte de Rusia, introdujo nuevas incertidumbres. A partir de 2023 la recuperación se ha hecho más firme y los ingresos públicos se han incrementado notablemente, por lo que las comunidades autónomas disponen de fondos para afrontar la deuda pendiente con sus empleados públicos.
Por ello UGT Servicios Públicos ha instado al Gobierno de Aragón a asumir su responsabilidad retributiva mediante una política salarial “unificada” con el conjunto de los empleados públicos de Aragón y no, sobre los conflictos que “vayan surgiendo”.
Hemos solicitado a la Consejería de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, la convocatoria de la mesa general de negociación -recogida en el artículo 36.3 del Estatuto Básico del Empleado Público- para abordar además, de esta cuestión, que la negociación colectiva se planifique a través de procesos centralizados que reenvíen la negociación a las mesas sectoriales para la aplicación de los criterios generales previamente acordados, como la ley recoge y donde debe incluirse el capítulo I del proyecto de Presupuesto generales para 2027, que el Gobierno de Aragón debe presentar a las Cortes de Aragón.
UGT SP Aragón también ha planteado la necesidad de que la mesa general aborde la negociación de la Ley de Función Pública de Aragón, aplicable no solo a los empleados públicos de la administración autonómica, sino también a los de las administraciones locales. Para ello el Gobierno de Aragón debe convocar a las centrales sindicales habilitadas para esa negociación por el EBEP y la Ley Orgánica de Libertad Sindical.
La ley afectará a 87.349 personas, entre el total de la Diputación General de Aragón (Administración General, Justicia, Educación y SALUD), la Administración local y la Universidad y deberá recoger asuntos tan importantes como la selección de personal y la cobertura de puestos de trabajo; la función directiva y su regulación; la homogeneización de los criterios de carreras profesionales; la homologación de condiciones de trabajo entre puestos con funciones similares; la creación de órganos especializados de selección de personal; la movilidad entre administraciones aragonesas o la dificultad de cobertura de puestos de trabajo en el territorio, entre otras materias.
Aragón necesita servicios públicos de calidad, con dimensionamiento adecuado de sus plantillas para llegar a cada rincón de la Comunidad y así no contribuir a su despoblación.
Miguel Sarasa, secretario general de UGT Servicios Públicos de Aragón