Lord Acton lo escribió hace más de siglo y medio con una claridad que el tiempo no ha conseguido desmentir: "El poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente."

España lleva décadas construyendo un Estado cada vez más grande, más presente e intrusivo.

Un Estado que decide qué empresas merecen sobrevivir y cuáles no, qué sectores reciben subvenciones y quién las sufraga, quién accede a una vivienda pública, quién obtiene una licencia, quién cobra una ayuda.

Cuanto más poder de decisión acumula la administración sobre la vida de los ciudadanos, más atractivo se vuelve ese poder para quienes quieren aprovecharse y mayor es la corrupción a todos los niveles.

No es una casualidad, ni una anomalía, sino una consecuencia lógica e inevitable. Cuando unas pocas personas toman decisiones que afectan a muchas, se genera automáticamente un incentivo para corromper esas decisiones. Aparecen los grupos de presión, los favores, los contratos dirigidos…

La corrupción no es el resultado de que los políticos sean especialmente malvados. Es el resultado de haberles dado demasiado poder.

Lo hemos visto en todas las administraciones. En los ministerios, que reparten fondos europeos sin licitación competitiva. En las Comunidades Autónomas, que adjudican obras a empresas amigas. En los ayuntamientos, que conceden licencias con cuellos de botella creados artificialmente.

El problema muchas veces no es quién ocupa el sillón. El problema real es si ese sillón debiera existir. Cada partida presupuestaria, cada gasto, debería llevarnos siempre a hacernos tres preguntas: ¿Es necesario? ¿Puede hacerse de manera más eficiente? ¿Puede suplirse con la libre actuación del mercado?

Frente a esta concentración de poder, el mercado opera de manera radicalmente distinta. No porque los actores del mercado sean más virtuosos —tampoco lo son—, sino porque el sistema distribuye la responsabilidad y dispersa el poder de decisión entre millones de actores que responden en igualdad ante la ley.

Cuando una empresa se equivoca, quiebra. Cuando un producto o servicio no tiene demanda, genera pérdidas. No hay forma de esconderse detrás del interés general ni de blindarse con un cargo público. La rendición de cuentas es automática, constante e impersonal.

Eso no elimina los abusos, pero los limita. Además, genera decisiones basadas en el aprendizaje y el riesgo calculado, porque hay consecuencias.

Las desigualdades impuestas artificialmente por la administración —las que nacen de la discrecionalidad burocrática, del acceso privilegiado, del trato diferencial según la afinidad política— no redistribuyen la riqueza.

Crean grupos que no compiten en igualdad de condiciones, que no arriesgan como los demás, que viven de las decisiones del poder en lugar de responder ante el mercado. Son exactamente esos grupos los que alimentan la corrupción y la desigualdad, porque tienen mucho que ganar influyendo en quienes deciden y poco que perder intentándolo.

El gobierno de Sánchez ha llevado esta lógica perversa hasta el extremo. Ha utilizado el aparato del Estado con una intensidad nunca vista. Ha convertido el poder en una herramienta de perpetuación del propio poder.

La sociedad empieza a preguntarse cómo evitar tanto atropello y corrupción, viendo que sus impuestos son utilizados cada vez más con fines políticos y partidistas.

Eso le ha dado a la derecha una oportunidad histórica. La oportunidad de proponer un modelo de sociedad radicalmente diferente. Un Estado más pequeño, con menos capacidad de interferir en la vida de las personas. Un Estado que garantice la igualdad ante la ley y la igualdad de oportunidades, nada más.

La pregunta que nadie en la derecha parece querer responder con honestidad es si tienen intención de hacer eso, o si simplemente aspiran a ocupar el sillón que hoy ocupa Sánchez y continuar la misma lógica con diferente signo y mayor eficiencia. La tentación es enorme, el sillón es cómodo y el poder, ya lo sabía Lord Acton, corrompe.

Desde Atenea, llevamos tiempo proponiendo reformas imprescindibles. Ideas sobre reducción del Estado, sobre igualdad real ante la ley, sobre devolver a los ciudadanos el poder que la administración les ha arrebatado.

Las ponemos, con la esperanza de que algún partido las recoja, de que entiendan, que la oportunidad que tienen delante no se mide en escaños, sino en la posibilidad de cambiar, de verdad, la forma en que este país se organiza.

Mientras eso no suceda, seguiremos perdiendo oportunidades. El Estado seguirá creciendo y el poder seguirá concentrándose.

La sangrante corrupción continuará siendo la consecuencia lógica de un sistema que nadie tiene el coraje de cambiar. Pronto, la situación será irreversible, sin sufrimiento.

Señores de la derecha, aprovechen el verano para reflexionar. Olviden por un momento las siglas, las encuestas y los fantasmas de división. Piensen en lo que necesitan los españoles y en el camino para conseguirlo. España no les perdonará, si no lo hacen.