Como bien sabemos, en España son gratuitos tramos de la educación que no son los estrictamente obligatorios -hasta la ESO-, y desde siempre existen escuelas públicas que cubren todas las etapas educativas hasta la universidad, tanto en la vía ordinaria, como en la de la Formación Profesional.

Y no sólo eso, la enseñanza de las universidades públicas también cuenta con una subvención que puede cubrir entre un 80% y un 90% de los costes reales de la enseñanza, o, dicho de otro modo, las matrículas universitarias de las universidades públicas sólo cubren entre el 10% y 20% de los costes reales.

Y todo esto cuando sabemos que el principal beneficiario de la enseñanza universitaria es el graduado, que con su título tiene mucha más capacidad de obtener trabajo, y que este sea mucho mejor remunerado. En los países anglosajones los estudiantes tienen derecho a un préstamo -eso sí, con garantía pública- para financiar sus estudios, que luego tendrán que devolver poco a poco cuando obtengan ingresos.

Son alternativas a la financiación de la universidad, cada una con sus pros y contras, aunque este no es el objeto de este artículo. Lo importante es resaltar cómo en España se ha optado de siempre, por financiar públicamente tramos de la educación no obligatoria.

Por otro lado, también es de sobra conocido que el artículo 27.3 de la Constitución instaura el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

Las sentencias de nuestros más altos tribunales han asentado el principio de la necesidad de doble red de centros -el público y el concertado- para que sea posible tanto el derecho a elegir de los padres, como el de creación de centros escolares por parte de aquellas personas físicas o jurídicas, con ideario religioso no, que quieran lanzar su proyecto educativo.

En este contexto, parece muy obvio que para que la capacidad de elección de los padres sea posible, se debe jugar -al menos hasta el bachillerato-, con las mismas reglas. Si, con toda lógica, los institutos públicos ofrecen bachillerato gratuito, con la misma lógica, deben concertarse los bachilleratos de los colegios que tienen concertados otros tramos previos de la educación. En otro caso no será posible el ejercicio de este derecho a la libre elección de centro por parte de las familias.

Desde hace décadas no se conciertan nuevos colegios en Aragón. En toda la expansión de la zona sur de Zaragoza, por ejemplo, sólo ha habido sitio para la enseñanza pública, no se ha posibilitado en absoluto que un centro concertado en esa zona ampliara la oferta, y, por lo tanto, al no ensanchar la oferta, se ha disminuido la capacidad de elección de las familias. Bien estará, que al menos a los centros existentes, se les permita competir en igualdad de condiciones en lo que se refiere al Bachillerato.

La escuela pública es vital en nuestro sistema, quién lo puede negar, pero eso nada tiene que ver con el viejo eslogan de escuela única, pública y laica, totalmente trasnochado, que se ha quedado al otro lado del telón de acero, por contrario no sólo a nuestra Constitución, sino también a multitud de tratados y convenios internacionales de declaración de derechos humanos y libertades públicas, genéricos, o específicos en materia de educación, de los que España forma parte.

El hecho de que haya vacantes en las unidades de bachillerato de la escuela pública, tampoco puede ser la razón de la lesión tanto de la libertad de enseñanza como del principio de igualdad, que supondría el no concierto de bachilleratos de los colegios concertados ya existentes. Y si deben de cerrarse aulas de las escuelas públicas -que no es deseo de nadie-, tendrá que hacerse, como ya pasa en la concertada.

La administración tiene mecanismos para que se respete el estatus funcionarial de su personal. Lo que no puede ser admisible es que, contrariando el deseo de las familias, es decir de la libertad de enseñanza, las consecuencias negativas de una posible baja demográfica recaigan sólo en una parte del sistema.

Fernando Lostao Crespo, profesor de la Universidad CEU San Pablo