La aprobación del Real Decreto para la regularización extraordinaria de personas migrantes no solo es una noticia positiva, sino la culminación de una reivindicación histórica de UGT. Durante años, hemos defendido en las mesas de diálogo y en las calles que la dignidad laboral no puede depender de un código administrativo, del color de un papel.
Nuestro país da un paso valiente hacia la justicia social, reconociendo que quienes ya viven y trabajan entre nosotros no son "invisibles", sino pilares fundamentales de nuestra economía y convivencia.
Para UGT, esta medida representa un cambio de paradigma necesario. Frente a modelos caducos basados en la contratación en origen o contingentes (que pueden ser útiles en ciertas profesiones), a menudo utilizados para cubrir vacantes bajo condiciones de precariedad extrema y falta de arraigo, que algunas voces habían pedido y ya no lo hacen, la regularización apuesta por la integración real.
Es el reconocimiento de una realidad que los datos ya no pueden ocultar: el mercado laboral español, y de manera más directa el de regiones como Aragón, late gracias al esfuerzo de la población extranjera.
La existencia de miles de personas en situación administrativa irregular, es el caldo de cultivo ideal para la economía sumergida y la explotación laboral. Un trabajador o trabajadora sin papeles es una persona vulnerable, alguien que, por miedo a la expulsión, se ve obligado a aceptar salarios de miseria, jornadas extenuantes y condiciones que rozan lo inhumano.
La regularización permite dignificar las condiciones de trabajo al obtener el permiso de residencia y trabajo, la persona sale de las sombras. Ya no es "mano de obra barata" a merced de empresarios sin escrúpulos, sino un sujeto con derechos, con capacidad de sindicación y denuncia.
Estas personas ya forman parte de nuestros barrios, sus hijos van a nuestras escuelas y consumen en nuestros comercios. Otorgarles papeles es apostar por la cohesión social y por un mercado laboral estable. No necesitamos traer a personas de fuera bajo condiciones cerradas si tenemos a miles de trabajadores aquí pidiendo una oportunidad legal para contribuir.
Como sindicato, defendemos la sostenibilidad de nuestro sistema público, por lo tanto, regularizar es aflorar cotizaciones, fortalecer las arcas del Estado y garantizar pensiones y servicios públicos para todos a la vez que obligaciones.
Los datos de nuestro reciente informe sobre el Mercado de Trabajo 2025 en Aragón son demoledores y justifican por qué esta regularización era una urgencia que no podía esperar más. Mientras la población activa de nacionalidad española desciende, son las personas extranjeras quienes sostienen su crecimiento y el de la ocupación.
En el último año, la población activa en Aragón creció en 5.800 personas, pero este dato oculta una realidad dual: la población extranjera aumentó en 12.200 efectivos, compensando la caída entre los nacionales. A cierre de 2025, contamos con 105.335 afiliados extranjeros, lo que representa ya el 16,63% del total del sistema en la comunidad.
Es especialmente revelador observar los sectores donde su presencia es crítica: el Régimen Especial Agrario, donde el 71,7% de los afiliados son extranjeros, cifra que se triplica durante las campañas agrícolas; el empleo doméstico, donde un abrumador 78,12% de las trabajadoras son extranjeras; y, no menos importantes, los sectores estratégicos como la construcción, la industria manufacturera, el transporte y el comercio que han absorbido a miles de estos trabajadores en el último ejercicio.
¿Cómo podemos ignorar legalmente a quienes construyen nuestras casas, cuidan de nuestros mayores, recolectan nuestros alimentos y mueven nuestras fábricas? Mantenerlos en la irregularidad no solo era una injusticia moral, sino un suicidio económico.
En un momento donde Europa parece cerrarse en sí misma con el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, España se posiciona como un referente de humanidad y pragmatismo. UGT valora positivamente que nuestro país se aleje de los discursos de odio y opte por la inclusión. No obstante, no bajaremos la guardia. Sabemos que este avance debe ser protegido frente a posibles retrocesos políticos.
El papel de la sociedad civil ha sido determinante para empujar esta medida, y desde el sindicato seguiremos reivindicando el diálogo social como la única vía para gestionar los retos migratorios. Las políticas migratorias no pueden decidirse de espaldas a los representantes de los trabajadores, desde UGT somos claros, el Real Decreto es un punto de partida, no la meta.
Para que esta regularización sea efectiva, exigimos al Gobierno medidas complementarias inmediatas. La primera, el refuerzo de la Inspección de Trabajo. De nada sirve tener papeles si no hay inspectores suficientes para vigilar el cumplimiento de los convenios colectivos. La lucha contra el trabajo irregular debe intensificarse.
También son necesarios recursos para los servicios públicos en general, además de la educación y sanidad. Es necesario agilizar los trámites administrativos para que la regularización no se convierta en un embudo burocrático que desespere a los beneficiarios y a los trabajadores públicos.
Y tampoco olvidar que las personas regularizadas deben tener acceso pleno a servicios de formación profesional y orientación laboral para facilitar su movilidad hacia sectores de mayor valor añadido. Empezando por lo básico, aprender el idioma.
Desde UGT seguiremos vigilantes. Porque hoy se han ganado derechos sobre el papel, pero ahora nos toca a todos, sindicatos, administración y sociedad garantizar que se conviertan en empleo digno, salarios justos e igualdad real de oportunidades para todas y todos.
José Juan Arceiz, secretario general de UGT Aragón