La concertación del bachillerato en nuestra Comunidad ha puesto en pie de guerra a quienes dicen defender los intereses de la escuela de titularidad estatal, tanto desde el ámbito educativo como desde el político.

Oímos medias verdades y mantras que ya forman parte del acervo comunicativo de quienes siempre se han levantado en armas contra cualquier medida de los poderes públicos que, en favor de la escuela concertada, sobre todo si es católica, pretenda cumplir aquel mandato del artículo 9,2 de la Constitución para promover la igualdad real y efectiva, eliminando obstáculos que impidan la libertad de los ciudadanos.

Más allá de discusiones legales, lo importante es que lo legal no nos deje ver el bosque que de este artificial problema que dicen se le plantea a la escuela pública. Porque la concertación del bachillerato no es que no pretenda asfixiar a la red pública, es que, aunque quisiera, no podría, porque es un sinsentido.

Tal vez no le ayude mucho a la escuela pública caer en el error de pretender disfrazar sus debilidades mediante la creación de un enemigo común, esa escuela concertada que, como dicen algunos, es además la longa manus de la Iglesia católica, y dejarse llevar además por la autocomplacencia.

La concertación del bachillerato está incluida en el programa electoral del partido que formó gobierno a consecuencia de las anteriores elecciones autonómicas.

Si la legitimación de las urnas vale para otras cosas, incluyo para aquellas en las que la mayoría de los españoles se han mostrado en desacuerdo, no se alcanza a entender la razón de por qué ahora no vale para esta.

El resultado de las últimas elecciones autonómicas, con relación a los escaños obtenidos por quienes representan los programas que se alinean con esta medida, no parece reflejar que la soberanía popular se encontrara muy en desacuerdo con la misma.

Se confunde interesadamente a la ciudadanía, identificando lo público no sólo con lo estatal sino, lo que es peor, con el bien común, elevando aquello a la categoría de absoluto y excluyendo la iniciativa privada de la contribución a este fin.

Así, la escuela pública es la única que contribuye al bien común, la de iniciativa privada solo busca intereses espurios, no sólo económicos, sino, peor aún, conformar la conciencia de sus alumnos en orden a unos valores trascendentes que la laicidad ilustrada sitúa bajo sospecha desde una pretendida superioridad moral.

Pero lo público no se agota en el Estado. Por eso el artículo 108.4 de la LOE nos dice que la prestación del servicio público de la educación se realizará a través de los centros públicos y privados concertados.

En consecuencia, en términos de servicio público, tanto lo es el de la red pública como el de la red concertada. Por eso, garantizar la educación pública también lo es a través de los conciertos, que no suponen otra cosa más que oxigenar la libertad de los ciudadanos.

Además, argumentar que en bachillerato hay unas 2.000 plazas públicas vacías nos lleva a una doble reflexión. La primera, que la oferta de la red pública está sobredimensionada, lo que va en contra de los principios de eficacia de los sistemas públicos y lo lógico es que, como se dice de otras redes, se ajuste la oferta a la demanda.

Salvo que, claro, lo que se pretenda es mantener esa histórica justificación política de que como hay vacantes en pública para qué ofertar plazas en concertada; justificándose así el trasvase de alumnos de la red concertada a la pública desde el paradigma de la subsidiariedad.

La segunda, si en la red pública hay esas vacantes y es la única que garantiza la igualdad de oportunidades y la atención a la diversidad, cómo es posible que las familias aragonesas sigan matriculando a sus hijos en los bachilleratos no concertados de la escuela católica en un volumen considerable y asumiendo el coste que ello conlleva.

Alguien debería reflexionar si la escuela pública no es tan inclusiva como parece, sobre todo respecto de las creencias religiosas de sus alumnos y sus familias, porque respecto de las creencias ideológicas no parece que haya problemas de inclusión.

Tal vez falte cierto oxígeno que en la escuela católica concertada pueden encontrar y que va más allá de la mera instrucción, o porque está más de acuerdo con sus convicciones que sus hijos celebren libremente en su escuela la Navidad (e incluso su significado auténtico), por ejemplo, y no una desconocida fiesta de invierno (que por cierto es propia de otras creencias religiosas o inmanentes).

*José Manuel Murgoitio, miembro de la junta de Escuelas Católicas Aragón