Ahora que se acerca el periodo de escolarización, queremos recordar una realidad muchas veces olvidada o invisibilizada: la de la inclusión educativa. Nuestra sociedad es cada vez más diversa y más compleja y, por lo tanto, nuestras aulas también lo son. La escuela es el reflejo de la sociedad. Ofrecer una educación pública y de calidad para todos, sean cuales sean sus capacidades, orígenes y dificultades, es el objetivo de la educación inclusiva. Y esta es la gran asignatura pendiente de nuestro sistema educativo.

Desde CSIF hemos elaborado un informe -que presentamos ayer- analizando la evolución del alumnado con necesidad de apoyo educativo, y los recursos disponibles. Destacamos un dato: el alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE) se ha triplicado en doce años en Aragón, pasando de 2.110 a 5.998, mientras que los recursos no han aumentado a este ritmo. Nuestro sistema educativo tiene una gran carencia de personal docente y no docente para atender la diversidad.

Y creemos que estos datos, recogidos en el Informe del Sistema Educativo de Aragón, que elabora cada año el Consejo Escolar de Aragón (con datos ofrecidos por la Administración) son solo la punta del iceberg. En España, el 15% del alumnado está diagnosticado como alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAE), mientras que en Aragón solo el 5%.

Un pequeño paréntesis para aclarar siglas y no perdernos. El colectivo de ACNEAE incluye a los ACNEE. Los alumnos ACNEE son aquellos con discapacidad, trastorno del espectro autista o trastorno de la conducta. Los ACNEAE es un colectivo más amplio e incluye, por ejemplo, estudiantes con déficit de atención o dislexia.

Faltan orientadores para realizar los diagnósticos, por lo que el número de alumnos con necesidades de apoyo (tanto ACNEE como ACNEAE) puede ser aún mucho mayor. En Aragón tenemos un orientador por cada 606 alumnos, cuando distintos organismos internacionales como la UNESCO y el Consejo de Europa recomiendan uno cada 250.

Ante esta situación, es urgente tomar medidas ya. Es imprescindible negociar y publicar ya la IV Orden que desarrolle el Decreto de Inclusión de 2017 (actualizado en 2022). Ahora mismo no hay una normativa que regule la dotación concreta de recursos especializados para la inclusión en los centros. No estamos pidiendo algo nuevo, sino que se desarrolle una norma que ya existe y que debe garantizar una atención a la diversidad real.

Y aquí está la clave: esa dotación debe existir en todas las etapas educativas (Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional). Porque la realidad actual es muy distinta. A día de hoy, no existe dotación de estos profesionales en Bachillerato ni en Formación Profesional. Y en Secundaria, su limitada presencia se concentra en primero y segundo de la ESO, dependiendo de cada centro.

Esto genera una situación que se entiende muy bien con una idea sencilla: parece que, cuando el alumnado avanza de etapa, deja de necesitar apoyos. Como si al llegar a la ESO, al Bachillerato o a la Formación Profesional, las dificultades desaparecieran. Pero esto no es real. Las necesidades educativas no se “curan” con la edad. Siguen estando ahí y, en muchos casos, se hacen más complejas. Y cuando no se atienden en estas etapas, las consecuencias son claras: más dificultades, más riesgo de fracaso escolar y más abandono.

También es imprescindible que esta regulación vaya acompañada de medidas concretas y ambiciosas. Primero, el incremento de, al menos, un 40% de las plantillas de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje y Orientación, para adaptarnos a las necesidades actuales del sistema y afrontar la falta de detección adecuada de necesidades educativas.

Segundo, la reducción de ratios en las aulas, como condición básica para una atención educativa de calidad. Tercero, el aumento del número de centros y aulas de Educación Especial, junto con una dotación adecuada de recursos para responder a sus necesidades específicas. Y cuarto, la reducción de la carga burocrática del profesorado, para liberar tiempo pedagógico y poder centrarse en lo verdaderamente importante: la atención al alumnado.

Queremos destacar que detrás de cada cifra, de cada ratio y de cada plantilla insuficiente hay situaciones concretas: alumnado que no recibe la atención que necesita, profesionales desbordados y comunidades educativas que hacen un esfuerzo constante por sostener el sistema más allá de lo razonable.

La educación pública es un pilar fundamental de nuestra sociedad. Garantiza igualdad de oportunidades, cohesión social y desarrollo futuro. Pero para que cumpla esa función necesita inversión, planificación y un compromiso político real. No se trata de elegir entre gasto o ahorro, se trata de decidir qué modelo de sociedad queremos. Queremos recordar todo esto en vísperas del proceso de escolarización de Aragón. Apostar por la educación pública es apostar por un futuro más justo, más equitativo y con más oportunidades para todos y todas.