Aragón obviará la posible quita de la deuda en el proyecto de Presupuestos de 2026 e introducirá la anunciada bonificación al 99% del Impuesto de Sucesiones para el Grupo 2, bajadas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y Transmisiones Patrimoniales y nuevos criterios en el Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales (IMAR) para no penalizar a las familias numerosas.
El Ejecutivo de Jorge Azcón lleva semanas trabajando "internamente" para cerrar un borrador que, previsiblemente, se empezará a debatir a la vuelta de las vacaciones. Desde el Departamento de Hacienda aseguran que la condonación que pretende aprobar el Gobierno de Pedro Sánchez a principios de septiembre no afectará “en nada” a su hoja de ruta.
Ha de tenerse en cuenta que, una vez ratificado el proyecto de ley, la quita tendrá que llevar la correspondiente tramitación parlamentaria. “Podrían pegarse meses y meses. Además, nosotros estamos en contra”, recuerdan.
Este miércoles, el PSOE de Pilar Alegría instaba a los populares a aceptarla para reforzar la financiación de los servicios públicos. Renunciar a 2.124 millones de euros, decía el portavoz socialista en la Comisión de Hacienda, Óscar Galeano, sería “una irresponsabilidad”. Pero sus palabras no tardaron en encontrar respuesta en las de la diputada popular Silvia Casas, que se negó a aceptar “un negocio que premia la mala gestión de otros”.
“Lo que Aragón necesita no son parches, sino una reforma seria y global del sistema de financiación autonómica que tenga en cuenta la despoblación, la extensión territorial y la infrafinanciación histórica”, agregaba.
PP y Vox negociaron durante meses para que Aragón tuviera nuevos presupuestos en 2025. No obstante, cuando todo parecía apuntar a un acuerdo, las negociaciones se enfriaron. Los populares se negaron a hacer una declaración “al dictado” de los de Santiago Abascal contra el Pacto Verde Europeo, aunque sí se pronunciaron en contra de la inmigración ilegal, otra de las líneas rojas que habían puesto desde Madrid.
Antes de acabar el año
Desde que a principios de junio se diera orden de iniciar la elaboración del Presupuesto, todas las consejerías trabajan en él de cara a definir sus prioridades, aunque, por ahora, nadie se atreve a dar plazos. Tampoco ha habido conversaciones oficiales a este respecto con Vox. La intención, en cualquier caso, es que las cuentas puedan estar aprobadas, “o al menos presentadas”, antes de acabar el año.
Ya en junio se dijo que el borrador se elaboraría conforme a los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y eficiencia en el uso de los recursos públicos y con el objetivo de fortalecer las políticas públicas y cumplir los objetivos estratégicos del Gobierno de Aragón.
De tramitarse por la vía de urgencia se tardaría entre mes y medio y dos meses, por lo que si los de Jorge Azcón quieren comerse las uvas con unas nuevas cuentas tendrán que mover ficha, como tarde, hacia las Fiestas del Pilar.
Las de 2025 ni siquiera llegaron a ver la luz. Aunque el ‘fantasma’ de la quita no supondrá un problema, el Ejecutivo aragonés sigue reclamando información al Gobierno de Pedro Sánchez. En julio se confirmaron las entregas a cuenta, pero todavía falta por conocerse la senda del déficit, un dato clave para cuadrar las cifras.
El nuevo presupuesto permitirá activar la bonificación al 99% del Impuesto de Sucesiones para el Grupo 2 (descendientes o adoptados mayores de 21 años y cónyuges) que anunció Azcón en el Debate Sobre el Estado de la Comunidad, una medida que afectaría a unos 700 contribuyentes y que haría que la DGA dejase de ingresar unos 40 millones de euros al año.
También se impulsarán bonificaciones en el IMAR para que las familias numerosas no se vean penalizadas por el principio de 'quien contamina, paga' por el simple hecho de ser más como ocurre ahora.
En cuanto al IRPF, si no hay cambios sobre lo anunciado se irá a una ampliación a 600 euros de la deducción por nacimiento o adopción del tercer hijo o sucesivos.
Igualmente, se contempla el incremento de los límites de renta de la deducción por adquisición o rehabilitación de vivienda habitual en núcleos rurales o análogos.