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La guerra de los taxis contra las VTC se regirá ahora bajo una nueva normativa. El Gobierno de Aragón ha publicado en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) una orden en la que se dictan nuevos criterios de actuación a la hora de identificar Vehículos de Transporte con Conductor sin licencia municipal.

Una solución que llevaba en el aire más de 20 meses, motivo por el cual el sector del taxi llegó incluso a amenazar con movilizaciones para el Vive Latino o, incluso, las Fiestas del Pilar. Aunque no se llegó a tales extremos tras una reunión con el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, en la que se aseguró el avance de esta nueva norma.

La Orden VFL/1445/2026 establece que, a partir de este sábado 10 de octubre, para prestar servicios de transporte urbano de viajeros en turismo (taxi o VTC) en cualquier municipio de Aragón, es obligatorio contar previamente con la licencia municipal correspondiente.

Asimismo, se señala que la autorización estatal VTC no es suficiente ya que esta solo habilita para realizar transporte interurbano. Por tanto, la autorización estatal no autoriza a operar trayectos urbanos dentro de Aragón sin la correspondiente licencia municipal.

Además, para luchar contra el intrusismo profesional -y el prejuicio económico que puede generar al sector del taxi- la norma faculta a la Dirección General de Transportes a recabar información y coordinarse con los ayuntamientos para detectar patrones de reincidencia.

Pero, ¿Cuáles son las consecuencias? La norma señala que, si se presta un servicio urbano sin la preceptiva licencia municipal, sería una infracción muy grave y conllevaría a la inmovilización e inmediato precintado del vehículo hasta por un plazo máximo de un año (o hasta la resolución del procedimiento sancionador), independientemente de la multa económica correspondiente.

Para esto, basta con la constatación de la infracción en un documento público levantado por la Policía Local.

Las sanciones por acometer 2 infracciones muy graves en un plazo de 12 meses implica la retirada temporal de la licencia y autorización por un máximo de un año. Y, si se lleva a cabo una tercera, esto podría conllevar a la revocación definitiva de la licencia y la imposibilidad de adscribir el vehículo a ninguna licencia durante un año.

La imposición de 3 sanciones firmes en un periodo de 2 años por infracciones graves o muy graves vinculadas a la prestación irregular de servicios puede dar lugar a la revocación de la autorización estatal de la VTC.

"No queremos perseguirlos"

Desde el sector del taxi se han mostrado más que satisfechos con esta nueva medida que pone aún más coto a la "competencia desleal". "No queremos perseguirlos, sino que buscamos que se cumpla la normativa y que en la ciudad operen las 59 VTC autorizadas. El resto que hagan lo que sí se les permite: servicios interurbanos", expone el presidente de la asociación Provincial de Auto-Taxi de Zaragoza, Miguel Izaguerri.

Ahora, lo único que esperan es que la Policía tenga las herramientas necesarias para retirar los vehículos ilegales. "Esperemos que así sea suficiente, ya veremos a ver a partir de este sábado", concluye.