Zaragoza en Común (ZEC) ha acusado este martes al Gobierno municipal renunciar "sin justificación" a la posibilidad de recuperar la gestión pública del autobús urbano. Su portavoz, Elena Tomás, ha lamentado que la ciudad “desaproveche una oportunidad histórica" para alinearse con modelos públicos consolidados como los de Madrid, Valencia, Bilbao o Barcelona.
El nuevo contrato, con un valor estimado cercano a los 3.300 millones de euros, reproduce -según la formación- el esquema de 2013 "sin avances relevantes". ZEC sostiene que el pliego "ni refuerza los instrumentos de control ni orienta la inversión hacia una mejora sustancial del servicio", sino que "consolida la dependencia respecto a la concesionaria".
Uno de los aspectos que más preocupación genera en la formación es la cláusula 4.5, que introduce un sistema automático de reequilibrio económico. Este mecanismo, tal y como lo ha explicado la edil, "obliga al Ayuntamiento a compensar a la empresa ante variaciones en los costes laborales, precios de combustible, demanda, velocidad comercial o incluso en caso de que el beneficio industrial caiga por debajo del previsto".
"La empresa siempre gana y el riesgo lo asume por completo la ciudad", ha denunciado Tomás.
En el plano financiero, ZEC ha advertido de que el primer año de concesión está presupuestado en 100 millones de euros, "cifra muy superior a los 70,2 millones consignados en las cuentas municipales de 2025". "La Intervención municipal calcula que esta previsión consume más del 83% del margen permitido por la regla de gasto de 2027, lo que podría limitar la capacidad económica del Ayuntamiento durante años", señala la concejal.
"El Gobierno del PP está tensando la estabilidad financiera sin explicar qué recortes o subidas de ingresos prevé para sostener este contrato", ha añadido.
Indicadores de calidad
La formación también ha criticado que los indicadores de calidad continúen prácticamente "idénticos" a los del pliego de hace más de una década. Reprochan que no se actualicen exigencias como la puntualidad o el control de averías y que las penalizaciones por incumplimientos sigan siendo "meramente simbólicas", pese al volumen económico del contrato.
Otro punto controvertido es el que engloba los gastos generales y el beneficio industrial, una gestión del 13,70%. Este porcentaje aplicado al periodo de concesión -diez años más cinco de prórroga- "supondría unos 452 millones de euros destinados", según ZEC, "a rentabilidad empresarial en vez de a mejorar el servicio".
El pliego también contempla la renovación de todos los postes de parada por modelos inteligentes equipados con cámaras e inteligencia artificial. Hecho que el grupo municipal cuestiona por el retorno social de esta inversión, que "incluye funciones de vigilancia y recopilación de datos para sanciones", y acusa al Gobierno local de "priorizar el control antes que la experiencia de los usuarios".
La formación añade otras incertidumbres técnicas, como la ampliación de cocheras que "depende de la disponibilidad de terrenos municipales aún no garantizados"; que la entrega de nuevos autobuses eléctricos podría retrasarse respecto a los plazos fijados; y que el servicio de transporte a demanda para acudir a centros sanitarios se limita a 200.000 kilómetros al año, cifra que consideran "insuficiente y mal diseñada", ya que incluye "una clínica privada pero no todos los centros públicos de especialidades".
Tomás ha concluido asegurando que el pliego "no está pensado para mejorar el transporte urbano, sino para asegurar la rentabilidad de la concesionaria". Insiste en que Zaragoza necesita "un modelo público y moderno que responda a los desafíos de movilidad y sostenibilidad" y no un contrato que, a su juicio, "hipoteca las cuentas municipales y perpetúa los problemas del sistema actual".