El director del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), Luis Simal, ha trasladado su preocupación por el despliegue de plantas de biogás en Aragón. El responsable del organismo autónomo ha contabilizado hasta 93 en expedientes.
Simal ha comparecido este lunes en la Comisión de Medio Ambiente de las Cortes de Aragón por primera vez en esta legislatura. "Las plantas de biogás son un tema que nos preocupa", ha respondido a los grupos parlamentarios de la cámara en su segundo turno.
El director del Inaga ha avanzado que buscarán "establecer una serie de criterios de distancia con los municipios". Ha comparado esta situación con las restricciones al sector ganadero.
Así, el Inaga tratará de imponer "un equivalente a esas directrices que tenga cierto sentido", aunque Simal no ha profundizado más. No obstante, ha dicho, se trata de cuestiones que ya están en conocimiento del consejero del ramo, Luis Biendicho.
Uno de los objetivos, según ha precisado, es reducir la producción de recursos y evitar que se consuma durante la producción más energía de la que se vaya a generar.
Simal ha propuesto durante su comparecencia "dar salida" al nitrógeno con otros procesos de economía circular. Por ejemplo, la fabricación de "fertilizantes de calidad" que después puedan utilizarse en los campos aledaños.
El biogás es una de las industrias que más ha repercutido en los expedientes del Inaga en los últimos tiempos, pero no la única. Su director se ha referido en este sentido a los centros de datos y otros proyectos a gran escala, también las renovables.
En este último capítulo, Simal ha asegurado que, con datos del periodo 2024-2025, ya no se recurre a consultoras externas. En global "se han resuelto más expedientes de los que han entrado y la tendencia va en la misma línea".
Presiones
El responsable del organismo ha negado "presiones" a técnicos, como se denunció en el pasado. Sobre la plantilla, considera que en el pasado quedó probada la "insuficiencia de medios humanos".
El Inaga está abierto a incrementar las tasas para los "expedientes más complejos". En la actualidad, un 30% del personal se dedica a tareas administrativas y se ha pasado de 30 a 57 técnicos, además de los refuerzos temporales.
De los partidos políticos, el portavoz de CHA, Jorge Pueyo, ha denunciado que el Inaga "arrastraba un problema estructural" y ha exigido "resultados verificables" de transparencia. Pueyo ha pedido también internalizar todos los procesos posibles y ha cuestionado si las consultoras prestan servicios a varias empresas al mismo tiempo.
El diputado aragonesista y Tomás Guitarte (Aragon-Teruel Existe) han denunciado un "sesgo a favor de los grandes promotores". Guitarte lo ha calificado como "manga ancha".
Los turolenses han reclamado asimismo una "planificación de recursos humanos a largo plazo" para "no desatender actividades relevantes". Por ejemplo, los expedientes de pequeñas explotaciones ganaderas.
"No es tanto la velocidad como querer regular, sigue habiendo alfombra roja para proyectos extractivistas", ha denunciado.
Déficit
Desde el PSOE, Carlos Ros ha admitido que en las dos legislaturas de Gobierno socialista (2015-2023) se acabó produciendo un embudo de solicitudes. "El PP ya tenía antes un atasco importante y ahora, que llevan gobernando con Vox desde la última campaña, se está enquistando", ha apuntado.
El portavoz de Vox, Sergio Marco, ha defendido que desde el Ejecutivo de coalición se "empezó a poner remedio" al atasco de expedientes. "Se está trabajando para deshacerlo", ha añadido.
Susana Cobos (PP) ha negado irregularidades o "interferencias". Ha criticado la acción del Gobierno del PSOE con la tramitación de instalaciones de energías renovables.