La universidad privada de Calatayud sale de su letargo tras meses de parálisis y dará en poco más de una semana un paso trascendental para el futuro del proyecto.
Después de meses de incertidumbre por el decreto ‘antichiringuitos’ del Gobierno de Pedro Sánchez, la promotora de la bautizada como NCI Aragón (Niccolò Cusano) formalizará este próximo 19 de octubre la compra de la antigua Azucarera Labradora, el edificio elegido para albergar el futuro campus universitario.
Así lo confirma a EL ESPAÑOL el alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda. Según el regidor, los italianos han manifestado su intención de pasar del contrato de arras a la adquisición definitiva del inmueble, situado frente a la estación del AVE.
La confirmación llegaba precisamente el mismo día en que el Tribunal Supremo ha anulado el decreto estatal que endurecía los requisitos para la creación de nuevas universidades privadas.
De acuerdo con Aranda, este miércoles, antes de que se conociese el fallo, se produjo una reunión en Zaragoza en la que se puso fecha a la operación.
El Alto Tribunal ha estimado el recurso presentado por el Gobierno de Baleares al considerar que el Ejecutivo central no justificó adecuadamente la tramitación urgente de la norma ni la omisión del trámite de consulta pública.
El fallo resulta especialmente relevante para Aragón porque la normativa afectaba directamente a tres proyectos universitarios privados que se encontraban en tramitación en la Comunidad: la NCI de Calatayud, ThePower en Zaragoza y la Universidad Internacional de Aragón (Uniar).
No obstante, el Gobierno de Aragón, que también recurrió el decreto ante el Supremo, sigue pendiente de que el Alto Tribunal se pronuncie sobre su recurso y despeje definitivamente el camino.
El alcalde bilbilitano considera que la decisión del Supremo supone un cambio importante para iniciativas como la de Calatayud y confirma que todo se hizo “deprisa y corriendo” y sin tener en cuenta las recomendaciones del Consejo de Estado.
“Les dejaron en una situación de indefensión jurídica”, critica.
Los proyectos que ya estaban registrados quedaron en una situación de bloqueo porque el Ministerio todavía no había desarrollado los nuevos criterios que debían aplicar a las universidades privadas.
"Todo esto muestra la inseguridad jurídica que en estos momentos tienen en España desde los propietarios de inmuebles hasta empresas e instituciones académicas", explica el regidor, quien apunta que en este tiempo ha estado en conversaciones permanentes con la Consejería de Educación.
El expediente de la NCI fue registrado en marzo de 2025. El Gobierno de Aragón revisó previamente la memoria presentada por los promotores y remitió posteriormente la documentación al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para su evaluación. Y ahí empezaron los problemas.
Aranda ve en la sentencia de este jueves un respaldo a los recursos planteados por las comunidades autónomas y cree que el decreto estatal queda en una situación comprometida. "Entiendo que ahora habrá una batería de sentencias en el mismo sentido. Estamos hablando de proyectos sólidos", señala.
Así es el edificio
La antigua Azucarera cuenta con alrededor de 4.300 metros cuadrados distribuidos en tres naves, además de una superficie exterior próxima a los 30.000 metros cuadrados.
Todo ello pasará a manos de los italianos a partir del día 19 por una cifra que, por el momento, no ha trascendido.
El proyecto, promovido por la Società delle Scienze Umane -vinculada a la italiana Università degli Studi Niccolò Cusano-, plantea un campus con enseñanza presencial y online.
El plan inicial contemplaba comenzar la actividad en el curso 2026-2027 con 485 estudiantes, aunque únicamente 150 de ellos acudirían físicamente al campus. Sin embargo, el decreto ‘antichiringuitos’ ha obligado a redefinir completamente el calendario.
La previsión de alumnos fue uno de los elementos afectados por el decreto estatal que ahora ha sido anulado.
La norma establecía nuevas exigencias para los proyectos universitarios privados, entre ellas un umbral mínimo de 4.500 estudiantes, una cifra que el proyecto bilbilitano no alcanzaba en sus previsiones.
La compra del edificio supone un paso adelante, pero no equivale por sí sola a la creación de la universidad, dado que el proyecto continúa sujeto a la tramitación administrativa correspondiente.
La reciente sentencia del Supremo no entra a valorar si los requisitos materiales del decreto eran adecuados o no, sino que anula la norma por defectos en su procedimiento de aprobación,
Concretamente por la falta de justificación de la tramitación urgente y de la consulta pública previa.
The Power sigue interesada
The Power University, la universidad privada que podría instalarse en uno de los cacahuetes de la Expo, también mantiene su interés.
Por el momento se está en fase de redacción del proyecto, un paso en el que se invertirán alrededor de 126.000 euros más IVA.
Sin embargo, desde el Ejecutivo confirman que no se licitarán las obras hasta que no tenga todas las autorizaciones para operar, incluida la que viene del Ministerio.