El Gobierno de Aragón continúa defendiendo ante los partidos de la oposición que las grandes inversiones sí producen un retorno económico en el territorio. En especial, las de centros de datos.
Así se ha pronunciado este jueves en las Cortes el consejero de Fomento, Octavio López, con la polémica sobre Amazon Web Services (AWS) y el pago del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) de sus instalaciones de Huesca y Zaragoza en Madrid.
López ha insistido en que el Gobierno de Aragón exigirá el pago de impuestos por parte de las multinacionales en los municipios donde se implanten. Más concretamente, el citado IAE, el de bienes inmuebles (IBI) o el de construcciones (ICIO).
Fuentes de AWS han señalado que el IAE se ha estado pagando a nivel nacional. Ahora, va a comenzar a hacerse a nivel municipal "de forma inmediata" y se contemplan pagos retroactivos en los lugares donde han echado los centros de datos para cubrir el equivalente a los últimos cuatro años.
Respecto a Blackstone y QTS en Calatorao, el consejero ha señalado que el ayuntamiento contará con un 10% de los aprovechamientos, además de los impuestos pertinentes.
López ha prometido, en respuesta al PSOE, mejorar la transparencia con los alcaldes a través de nuevos mecanismos para autorizar o denegar estas operaciones. Defiende, eso sí, que aquellos que tienen PIGAS "están razonablemente satisfechos".
"Ponemos Aragón en el centro de la atracción mundial y conseguimos más de 55.000 millones en inversiones", ha apuntado respecto a las iniciativas consignadas con PIGAS. "El desarrollo económico viene unido a las inversiones", insistía.
Compensación
López se ha referido al caso de Villamayor de Gállego, donde se han proyectado centros de datos de Microsoft y Azora. Ha avanzado, sin más detalles, la firma para impulsar un nuevo instituto "necesario" para hacer frente al aumento de población.
Los partidos de la oposición han pedido al consejero clarificar el impacto económico y en los empleos de las inversiones. Para Jesús Morales (PSOE) no quedan claros los puestos de trabajo que necesitarán los centros de datos ni tampoco las cifras de consumo energético.
Mascún Ariste (CHA) ha reclamado un "retorno proporcional" a los ayuntamientos. "El debate no se debe acabar en cuánto se va a invertir", ha subrayado.
Tomás Guitarte (Aragón-Teruel Existe) ha criticado "saltarse a la torera la autoridad municipal". También ha criticado los criterios para definir iniciativas como "utilidad pública".
Marta Abengochea (Izquierda Unida) ha cuestionado el impacto de los centros de datos y el modelo de desarrollo alrededor de estas instalaciones.
Por parte de Vox, Aroha Rochela ha apostado por una mayor "desregulación, seguridad jurídica y transparencia".