Las instituciones aragonesas entran este martes en el limbo electoral. Podrán hacer gestión ordinaria, pero nada de inauguraciones, vender logros o hacer balances.
La restricción afectará tanto al Gobierno de Aragón como a la Delegación del Gobierno y a los ayuntamientos, que empezaban a recuperar el tono tras meses de parón por las elecciones autonómicas y las vacaciones de verano.
Quien incumpla tendrá que vérselas con la Junta Electoral Central.
Las pasadas elecciones, las denuncias entre PP y PSOE fueron prácticamente diarias. La tensión llegó hasta tal punto que se decretó la suspensión cautelar de una rueda de prensa a la que iba a asistir Jorge Azcón.
Aquella decisión la tomó la Junta Electoral de Aragón. Que ahora sea la Central la que tome la palabra lleva a los partidos a pensar que no irá tan al detalle, ya que tendrá que resolver denuncias de toda España.
Aun así, no se fían y admiten que tendrán que ser "muy prudentes", dado que la normativa deja muy claro qué se puede hacer y qué no.
PP y Vox tenían pendiente lanzar el primer presupuesto del nuevo Gobierno. En este caso, la previsión es seguir cumpliendo el cronograma y que, con el techo de gasto ya aprobado en las Cortes, el borrador se dé a conocer este mismo mes de octubre.
Desde el Pignatelli recuerdan que presentar las cuentas es una obligación legal.
El Ejecutivo espera poder hablar de todo lo recogido en ellos -desde vivienda a políticas sociales, etc.- sin cortapisas, aunque el PSOE, como ocurrió con las autonómicas, estará atento a cada detalle para denunciar cualquier viso de incumplimiento.
Al tratarse del primer año de legislatura, los populares esperan que no haya "grandes afecciones" a nivel de comunicación y desde Vox inciden en que se seguirá informando de todo aquello que se considere de interés público.
El delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, también tendrá las 'manos atadas' para hablar de lo que ha hecho Pedro Sánchez por Aragón antes de la campaña.
Donde no habrá problemas es en fechas señaladas como el 25-N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Pese a situarse a solo cuatro días del decisivo 29-N, al ser un acto que se celebra todos los años podrá desarrollarse con normalidad.
¿Y el decreto de centros de datos?
El adelanto electoral abre otra gran incógnita: ¿qué pasará con todos los proyectos y decretos en marcha?
El de centros de datos, que amenazaba con echar por tierra los miles de millones de euros en inversiones anunciados, podría quedar en 'stand by'.
Una vez resueltas las alegaciones, Sánchez podría utilizar la misma táctica que con los decretos de vivienda. Es decir, llevarlos al Consejo de Ministros y elevarlos a la Diputación Permanente, donde la aritmética le es favorable.
No obstante, los consultados creen que el decreto terminará "en un cajón". "No da votos. En un contexto electoral puede ser más perjudicial que útil para los intereses del Gobierno de España", señalan.
También está por ver qué sucede ahora con el estudio informativo del tramo Teruel-Sagunto.
Gobierno de Aragón, ayuntamientos y asociaciones de empresarios habían presentado una batería de alegaciones para exigir un ferrocarril del siglo XXI y no uno del siglo XIX.
Con las elecciones, el horizonte se complica.
Hasta el 29-N, el Gobierno de España podrá seguir trabajando con relativa normalidad. Pero desde esa fecha pasará a estar en funciones y su acción pasará a estar mucho más limitada.
Una campaña de "crispación"
Populares y socialistas creen que las próximas van a ser semanas "de crispación" y que los ánimos van a seguir más que caldeados hasta la cita con las urnas.
Desde el Pignatelli no se atreven a asegurar qué puede pasar de aquí al 29-N y aseguran que se aprobará "lo que Sánchez quiera y nada más".
Cuestión aparte es la relación entre los partidos. Con PP y PSOE en guerra total, cabe preguntarse hasta qué punto se enrarecerá el día a día entre los socios en el Pignatelli, que acaban de darse una segunda oportunidad.
Desde Vox aseguran que lo firmado "no se va a ver alterado", ya que se trata de compromisos recogidos en el pacto de gobierno.
Cuando se firmó ya se sabía que tarde o temprano habría elecciones, por lo que la cita con las urnas no será un condicionante.
Vienen, eso sí, unos meses en los que cada partido tratará de hacer lo posible y lo imposible para que su mensaje llegue a los ciudadanos, un perfil propio que, según dicen los de Abascal, es "compatible" con el día a día de la acción de Gobierno.
En su caso, las listas al Congreso vendrán sí o sí con novedades, dado que su único diputado, Pedro Fernández, no seguirá.