Una empresa de reciente creación con sede social en Estepona (Málaga) quiere lanzarse a explorar el subsuelo de la comarca del Bajo Aragón-Caspe. Más concretamente, los pueblos de Caspe, Maella, Fabara y Nonaspe.
Carbon Storage Caspe S.L, nacida el pasado mes de abril, tiene como objetivo peinar casi 18.000 hectáreas a miles de metros de profundidad por debajo de estos términos municipales para poder desplegar un almacenamiento geológico de dióxido de carbono denominado “Caspe Mayals”.
El subsuelo que se pretende analizar está situado a tan solo 600 metros del centro del núcleo urbano de Fabara. En el caso de Maella, 1,3 kilómetros al sur; 2,6 al oeste en Caspe y 5,5 kilómetros al este de Nonaspe.
Así lo recoge la documentación del proyecto, lanzado a información pública este jueves y publicado en el BOA por parte de la Dirección General de Energía y Minas del Gobierno de Aragón. Según explica la orden, Carbon Storage Caspe solicitó los permisos el pasado 19 de mayo y se vio obligada a realizar modificaciones en agosto. El 18 de septiembre se firmó la resolución para continuar su tramitación.
Conforme a los plazos que rigen este tipo de procesos, se ha abierto una ventana legal de 2 meses para presentar alegaciones. Otras empresas del sector podrán postularse si mejoran la propuesta económica (no se detalla la inversión) o la rapidez de ejecución.
Evaluar los suelos
La compañía que obtenga el visto bueno por parte del Ejecutivo autonómico y el ministerio competente (Transición Ecológica) podrá explorar los suelos en los que pretende inyectar CO2 para ver si son idóneos o existen riesgos. Fundamentalmente, para comprobar si el terreno permite por sí solo retener el gas y evitar así emisiones contaminantes o fugas.
No obstante, se trata de un proceso largo, que se puede estirar por encima de los 6 años en base a prórrogas, según la normativa española. La concesión final tiene un funcionamiento similar.
Así, la autorización para almacenar gas se confiere por un periodo inicial de 30 años, ampliables otros 20 en base a 2 prórrogas de 10. Incluso cabe el supuesto de una tercera, aunque de menor tiempo. No se han aportado cifras de inversión para el proyecto en la provincia de Zaragoza, si bien las empresas deben aportar una fuerte solvencia debido a los costes y la duración.
Las propias especificaciones técnicas de este tipo de iniciativas ofrecen algunas pinceladas que lo demuestran. Por ejemplo, la zona escogida para almacenar el CO2 puede llegar a estar a más de 2.000 metros de profundidad en función de si está situada o no en el lecho marino.
Creada en abril
Una de las particularidades del proyecto en Caspe, Maella, Nonaspe y Fabara es que la promotora se creó el 16 de abril de este año, tal como reflejan los datos del Registro Mercantil. Es decir, justo un mes antes de tramitar la solicitud ante la DGA.
Además, Carbon Storage Caspe cuenta con solo 2 cargos inscritos: Otto Bernard Essing Gerard Cornelis (administrador único) y Sergio Martínez Fernández (apoderado).
Se da la circunstancia de que estas dos personas crearon el mismo 16 de abril, con idéntico domicilio fiscal en Estepona, una filial de la holandesa Ocean Ionics BV. En este caso, bajo el nombre Ocean Ionics España S.L.
Esta compañía se dedica a la “captura y almacenamiento de CO2 marino y reducción de la acidez del océano, fabricación de productos básicos de química inorgánica, captación, depuración y distribución de agua, actividades de descontaminación y servicios de gestión de residuos y producción de energía eléctrica”, de acuerdo a su inscripción en el Registro Mercantil.
Polémica en el Maestrazgo
El nuevo proyecto sale a la luz poco más de un año después de otro similar en el Maestrazgo. Este, de menor tamaño, con 13.000 hectáreas proyectadas por parte de la empresa estadounidense Nexwell Power (a través de una filial en Valencia e Iberia Decarb Hub Aragón, S.L.)
La iniciativa contó desde el principio con una importante contestación social por parte de alcaldes y movimientos ciudadanos. Incluso el Partido Popular, que gobierna la Diputación de Teruel, llegó a expresar su rechazo en dicha institución.
En las Cortes de Aragón, se abstuvieron para permitir que saliese adelante una Proposición No de Ley contra el proyecto. El resto de partidos votaron en contra.