La crisis de la vivienda ha sido protagonista esta tarde en la Plaza de San Pablo de Zaragoza.
Pese a la lluvia, decenas de personas han acudido a la asamblea abierta organizada por el el Sindicato de Inquilinas de Zaragoza, "para encontrarnos, organizar la rabia y prepararnos para la próxima movilización".
'La lucha es el único camino' o 'en Aragón ni un desahucio más' han sido algunos de los gritos que se han escuchado en plaza del gancho por parte de los asistentes.
El desahucio de Maricarmen en Madrid ha provocado que el Sindicato de Inquilinas de Zaragoza comience a movilizar acciones y meter presión para poner freno en el mercado del alquiler.
Los precios de alquiler han sido uno de los focos en esta asamblea. La capital aragonesa es una de las grandes ciudades en la que los ciudadanos sufren sus altos costes.
"Las trabajadoras se ven obligadas a pagar a los caseros la mitad de su sueldo en el alquiler, los precios actuales son impagables y asfixiantes para las familias", han manifestado las portavoces.
Manifestación 3 de Octubre
Además, a lo largo de esta semana se han anunciado dos nuevas actividades dentro de la denominada 'semana de la lucha'.
La primera tendrá lugar el jueves 1 de octubre a las 19:00 horas y consistirá en un taller de pancartas para preparar el material que se utilizará durante las próximas protestas. El sindicato comunicará a través de sus canales el lugar exacto donde se celebrará.
La semana finalizará el sábado 3 de octubre con una manifestación que comenzará a las 18:00 horas. Esta movilización formará parte de una jornada de protesta a nivel estatal en la que participarán diferentes organizaciones y colectivos que defienden el derecho a la vivienda.
Frentes abiertos
El sindicato mantiene abiertos varios frentes de conflicto de alta intensidad en Zaragoza.
Uno de los principales es el Bloque Zamorá, en El Gancho. Tras la condena por un fraude de 45 millones de euros a su anterior propietario, el inmueble pasó a manos del "banco malo".
El organismo público se ha negado, según denuncia el sindicato, a reconocer los contratos vigentes de las 13 familias residentes o a formalizar nuevos arrendamientos.
La presión ejercida por el colectivo consiguió frenar el lanzamiento judicial previsto para hoy, lunes 28 de septiembre, y reclamar la apertura de una mesa de negociación.
Otro de los frentes se encuentra en la zona de Aloy Sala, entre La Madalena y Las Fuentes, donde un fondo de inversión ha adquirido 323 viviendas.
Ante esta operación, el sindicato ha comenzado a organizar a las vecinas del sector para desarrollar mecanismos de defensa colectiva y prevención ante posibles procesos especulativos o futuros desahucios.
El colectivo también mantiene una posición crítica con las empresas públicas de vivienda. En concreto, acusa tanto a la Sareb como a Zaragoza Vivienda de aplicar dinámicas que, a su juicio, pueden terminar provocando desahucios.
Para sostener estas críticas, las portavoces señalan casos concretos, como los de vecinas como Rocío y Yolanda, que han recurrido al sindicato ante sus respectivos conflictos habitacionales.
El sindicato también impulsa iniciativas de prevención, como las denominadas 'brigadas inquilinas', que realizan trabajo puerta a puerta en los barrios con el objetivo de detectar conflictos en sus primeras fases, antes de que lleguen a convertirse en órdenes de lanzamiento.
Toda la estructura se financia exclusivamente mediante las cuotas de afiliación, una fórmula con la que el colectivo busca mantener su independencia respecto a partidos políticos e instituciones
Conoce la historia de Maricarmen
Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años, ha vivido durante más de siete décadas en la misma casa de Madrid.
Llegó allí en 1956, cuando era adolescente, junto a sus padres y su hermano. Su familia tenía un contrato de alquiler antiguo y, tras la muerte de sus padres, Maricarmen continuó viviendo en la vivienda y pagando un alquiler de unos 440 euros al mes.
Para ella, aquella casa no era solo un lugar donde vivir, sino el hogar en el que había pasado prácticamente toda su vida.
El problema comenzó cuando el edificio cambió de propietario y la nueva empresa consideró que Maricarmen ya no tenía derecho a mantener aquel contrato de alquiler.
La propiedad quería sustituirlo por un alquiler de unos 1.650 euros mensuales, una cantidad que Maricarmen no podía pagar con su pensión.
Ella recurrió a los tribunales para intentar conservar su vivienda y, aunque inicialmente obtuvo una resolución favorable, finalmente el Tribunal Supremo dio la razón a la propiedad.
Durante meses se aplazó el desahucio y numerosas personas, vecinos y organizaciones se movilizaron para intentar evitar que tuviera que abandonar su casa.
Finalmente, el 23 de septiembre de 2026 se produjo el desahucio, a pesar de la concentración de unas 400 personas que acudieron para apoyarla. Maricarmen salió de su vivienda en camilla entre los gritos de apoyo de los manifestantes y posteriormente fue trasladada al Hospital Gregorio Marañón.
El Ayuntamiento le ofreció una plaza gratuita en una residencia, aunque ella prefirió quedarse con familiares.
Su caso ha generado un gran debate sobre el acceso a la vivienda, los alquileres antiguos y la situación de las personas mayores que llevan décadas viviendo en el mismo hogar.