El delegado del Gobierno de España en Aragón, Fernando Beltrán, ha anunciado esta mañana que ha recurrido ante la Justicia la decisión del Ejecutivo autonómico de no tramitar ninguna solicitud para declarar zonas de mercado residencial tensionado en la Comunidad.
La reclamación fue presentada este pasado viernes, 18 de septiembre, ante el Tribunal Superior de Justicia en Aragón, aunque, según ha trasladado Beltrán, se desconocen los plazos que seguirá el recurso a partir de este momento.
Con esta actuación, la Delegación del Gobierno pretende evitar que "Aragón se quede sin una herramienta prevista por la Ley estatal de Vivienda para actuar en municipios con especial riesgo de oferta insuficiente de vivienda a precios asequibles".
"El Gobierno de Aragón no solo ha decidido no declarar ninguna zona tensionada, sino que se niega directamente a estudiar si algún municipio cumple los requisitos legales para ello", ha explicado el delegado del Gobierno de España en Aragón, Fernando Beltrán.
Beltrán ha criticado que el Gobierno de Aragón apueste por una política de vivienda “que confunde construir vivienda con garantizar el derecho a tenerla”. “Carece de una estrategia ambiciosa de alquiler asequible: no actúa ni ante las zonas tensionadas ni ante los alquileres abusivos, ni ante el alquiler temporal, ni ante la vivienda turística o la vivienda vacía, no plantea una ampliación suficientemente ambiciosa del parque público de alquiler y, además, permite que las viviendas protegidas pierdan esa calificación con el paso del tiempo”, ha añadido. “Tener una vivienda digna no puede ser un privilegio para unos pocos, sino que debe ser un derecho para todos y, con estas medidas, estamos un poco más lejos de conseguirlo”, ha insistido.
La impugnación pone el foco en la fórmula elegida por el Gobierno de Aragón para mantener bloqueadas las solicitudes: el acuerdo establece que no se tramitarán hasta que existan “informes científicos” que contradigan los efectos negativos atribuidos a las zonas tensionadas. Pero no aclara qué debe entenderse por informe científico, quién debe elaborarlo, con qué metodología, qué efectos debe analizar ni cuándo se dará por cumplida esa condición.
El resultado, según el recurso, es que no existe un plazo cierto para levantar la prohibición: una condición que nadie sabe cómo ni cuándo podría satisfacerse, lo que genera una situación de indeterminación incompatible con la seguridad jurídica.
El recurso cuestiona también cómo se adoptó la decisión. El acuerdo del Gobierno de Aragón se aprobó sin que conste un trámite de audiencia o información pública, pese a sus consecuencias para ciudadanos y municipios. La Delegación considera especialmente grave esta ausencia porque la medida afecta directamente a las entidades locales: son los ayuntamientos los que enfrentan problemas concretos en sus mercados de vivienda y los que ahora se quedan sin posibilidad efectiva de plantear estos procedimientos.
La Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda, no establece una declaración automática de zonas tensionadas: exige estudiar las circunstancias de cada territorio y justificar la decisión con datos objetivos. Entre los supuestos que permiten justificar una declaración figuran que el coste medio de la hipoteca o el alquiler, junto con gastos y suministros básicos, supere el 30 % de los ingresos medios de los hogares, o que el precio de compra o alquiler haya crecido en los cinco años anteriores al menos tres puntos por encima del IPC autonómico. La declaración habilita medidas como limitaciones de renta en nuevos contratos de alquiler y beneficios fiscales para propietarios.
El recurso no pide que se declare automáticamente ninguna zona tensionada en Aragón. Lo que cuestiona es que el Gobierno autonómico haya decidido que ninguna pueda siquiera ser estudiada, al margen de la evolución del precio de la vivienda o de la situación de cada municipio.
La Delegación recuerda además que el artículo 47 de la Constitución obliga a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada, y considera que esta exclusión anticipada y general perjudica la efectividad de la legislación estatal de vivienda.
En esta línea, Beltrán ha insistido en que “el hecho de que tener una vivienda digna se haya convertido en una aspiración casi imposible es una tremenda injusticia y todos debemos trabajar para revertir esta situación”. “El Gobierno de España lo tiene claro. Tenemos que hacer mucho más, pero vamos en la dirección correcta”, ha añadido y ha recordado que el nuevo Plan Estatal de Vivienda cuenta con una inversión total prevista para Aragón asciende a 266 millones de euros.