El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha acogido este jueves la apertura del año judicial. Esta vez, con reivindicaciones de cara a la cobertura de plazas en la Comunidad y sin pasar por alto la situación en Ceuta.

El presidente del TSJA, Juan José Carbonero, ha asegurado que "no beneficia al éxito" del nuevo modelo implantado con la denominada Ley Bolaños "que no se satisfagan necesidades estructurales". Sobre todo, ha dicho, en medios personales.

"Tampoco ayudan en esta tarea acciones de Gobierno en materia de creación de plazas judiciales que no cubren ni siquiera las previsiones iniciales del Ministerio de Justicia", ha expresado.

Pese a la creación de plazas en los Tribunales de Instancia de Monzón, Alcañiz, Huesca o la Audiencia Provincial de Zaragoza, Carbonero ve "inexplicable" que de una previsión de 11 nuevas, se haya pasado a 7. La situación ha afectado "exclusivamente a esta Comunidad Autónoma".

"Haber sido la única Comunidad que sufre el recorte, agrava la ausencia de motivación de la medida, una doble falta de motivación que hace más reprochable si cabe el resultado", ha insistido.

Falta de plazas

Carbonero ha advertido del peligro de no dotar a Aragón de un "adecuado dimensionamiento del sistema". Con todo, ha defendido que los resultados de 2025 se sitúan entre los mejores de todo el sistema judicial y se ha podido "echar a andar" en la implantación del nuevo modelo.

El presidente del TSJA ha pedido respetar la independencia del poder judicial: "Cada vez que se ataca a un juez, es el Estado de Derecho lo que se pone en tela de juicio".

Apoyo a Ceuta

Carbonero se ha hecho eco del "sufrimiento que afecta a una parte del territorio tan española como Zaragoza, Teruel o San Juan de la Peña, Ceuta". Ha refrendado las palabras del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial para recordar a las víctimas y a los ciudadanos inmersos en la crisis.

"Ceuta exige una respuesta que preserve la integridad de nuestras fronteras y el control ordenado de los accesos que asegure, al mismo tiempo, la aplicación de las garantías previstas en nuestro ordenamiento", ha señalado.

Por su parte, la fiscal superior de Justicia de Aragón, Asunción Losada, ha pedido colocar a las víctimas "en el centro del debate penal". "Han de ser objeto de protección, no solo de su agresor, también frente al procedimiento para que el entorno no las revictimice o dañe", ha añadido.

Memoria de 2025

Respecto a la memoria de 2025, en la Comunidad se incoaron algo más de 60.000 diligencias previas con un aumento del 2,19% respecto al año anterior. También 5.566 procedimientos abreviados (0,99% más), 5.601 diligencias urgentes (5,10%). Bajó la cifra de procedimientos sumarios y de delitos leves en las fiscalías.

Así, los fiscales formularon 7.528 escritos de acusación por delitos y asistieron a 6.228 juicios orales por delitos graves. Este último registro creció un 10,85%. 467 juicios se celebraron frente a las audiencias provinciales y 5.761 ante las secciones penales de los tribunales de instancia.

Losada ha celebrado el incremento de la actividad investigadora. Crecieron un 30% las diligencias de investigación preprocesal (269). Desde 2021, el crecimiento global se ha duplicado.

En materia de protección de la mujer, se calificaron 1.283 escritos por delitos propios de la especialidad con 27 medidas de prisión provisional sin fianza y 857 órdenes de protección. Las principales causas penales (delito grave o menos grave) fueron delitos de maltrato ocasional, quebrantamiento de medidas cautelares o condenas, amenazas, lesiones y coacciones.

Finalmente, las secciones de menores tramitaron 2.338 diligencias preliminares y 940 expedientes de reforma. De estos últimos, 214 fueron por delitos de lesiones. Por otro lado, la Fiscalía intervino en otros 874 expedientes y se realizaron 69 decretos de determinación de edad.

Destacan otros 1.224 procedimientos de divorcio en defensa de los intereses del menor y 462 diligencias preprocesales de discapacidad.