Las entidades sociales garantizan que los menores extranjeros que lleguen desde Ceuta serán atendidos "en las mejores condiciones posibles" pese al 'portazo político' del Gobierno de Aragón.
Este miércoles, la vicepresidenta, Mar Vaquero, insistía en que el Ejecutivo cumplirá la ley pero usará todos los instrumentos políticos y jurídicos para mostrar su rechazo frontal ante lo que considera un nuevo intento de Pedro Sánchez de "repartir su irresponsabilidad".
Por el momento, más allá de la llamada a la solidaridad de la ministra Elma Saiz a las comunidades del PP no hay certezas sobre cómo se produciría este hipotético reparto.
Esto hace que las entidades permanezcan "a la expectativa". Cada día llega una noticia diferente y lo que tienen claro es que no van a contribuir al ruido político.
Sí recalcan que los menores derivados tienen que ser acogidos por ley, por lo que, por más aspavientos que se hagan, los jóvenes no quedarán 'en el limbo'.
Las asociaciones consultadas coinciden en que, llegado el momento, trabajarán "con lealtad" a las administraciones públicas como se ha hecho hasta ahora y se sigue haciendo para garantizar una atención digna.
El propio vicepresidente de Aragón, Alejandro Nolasco, reconocía en su entrevista a EL ESPAÑOL que el Gobierno de España seguía repartiendo a estos menores "como fardos"; que esas llegadas no han cesado pese al cambio de color en la Consejería de Bienestar Social y Familia.
Las entidades confirman que estas derivaciones se están haciendo "con normalidad", sin que se hayan registrado incidencias más allá de la primera sentencia de un juzgado de Ceuta que anuló el traslado de un menor extranjero a Aragón "por falta de motivación y criterios arbitrarios".
No ocultan, sin embargo, que existe preocupación en el sector por la situación de vulnerabilidad de los menores que llegaron a Ceuta hace hoy una semana.
Su disposición a seguir acogiéndolos "está", pero son las instituciones, recuerdan, las que deben ponerse de acuerdo para ver cómo se hace esta nueva distribución.
Los argumentos de la DGA
El Gobierno PP-Vox rechaza el reparto escudándose en que este no es un 'mero' problema humanitario, sino uno de seguridad nacional.
A esto hay que añadir que los centros de acogida de Aragón "siguen estando tensionados". "Los hemos llegado a tener sobrepasados en más del 200% de su capacidad", recordaba este miércoles Mar Vaquero.
Para la vicepresidenta, no puede ser que la DGA sea una vez más la pagana "del fracaso, la inoperancia y la confrontación permanente" del Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que acusa de "jugar con la vida de las personas migrantes".
Lo más probable es que en cuanto el Gobierno central dé la orden Aragón la recurra ante los tribunales y abra una nueva batalla legal.
En todo caso, a pesar de este rechazo, la propia dirigente popular reconocía que Aragón acatará siempre la ley y que actuará dentro de sus competencias.