Los centros de menores de Torrero, Movera y Peralta de la Sal dejarán de dar la 'paga semanal' a los menores migrantes con efecto inmediato por su "alta conflictividad".
Así lo confirma Alejandro Nolasco (Vox) en su primera entrevista como vicepresidente de Aragón desde el adelanto electoral, que podrá leerse este fin de semana en EL ESPAÑOL y EL ESPAÑOL DE ARAGÓN.
El partido de Santiago Abascal utilizará estos argumentos para blindar la medida ante la batalla legal anunciada por la ministra Sira Rego y el expediente de oficio abierto por la Justicia de Aragón.
Vox insiste en que esta paga se venía dando de una forma "arbitraria y sin ningún tipo de control" y niega que su supresión responda a un trato discriminatorio.
"No se quita por la nacionalidad sino por la conflictividad. Lo que no puede ser es que le estemos dando paga a personas que no se comportan, independientemente de que sean 180.000 euros al año o el dinero que sea", sostiene Nolasco.
El vicepresidente asegura que la instrucción "no atenta contra el artículo 14 de la Constitución", que consagra el derecho fundamental a la igualdad ante la ley y prohíbe la discriminación por motivos como el nacimiento, la raza, el sexo, la religión o la opinión.
"No se toca, no se habla de nada de eso. Si hubieran leído la instrucción, lo que se dice es que se va a suprimir en aquellos centros donde la conflictividad es mayor, y aquí no entramos en otras razones", expone.
De hecho, recalca que el documento cuenta con el visto bueno de los servicios jurídicos del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS).
La importancia de este matiz no es menor, ya que el acuerdo con el PP marca como línea roja la legalidad y la actuación dentro de las competencias de la Comunidad.
"Ahí lo que tengo que decir es que nosotros siempre cumplimos con la ley, nadie puede decir que no lo hemos hecho", señala el titular de Desregulación.
Para Vox, está demostrado que en los centros en los que hay más dinero en efectivo se dan "un mayor número de peleas y de agresiones".
Es por ello que la medida se aplicará 'únicamente' en aquellos en los que, como los de Movera, Torrero y Peralta, el Gobierno de Aragón pueda probar fehacientemente que existen problemas de convivencia.
En el caso de Movera, el propio Nolasco anunció a mediados de junio una denuncia ante la Policía Nacional por una "agresión" por parte de un grupo de menores extranjeros no acompañados a otro.
Su Consejería asegura tener constancia de que el número de asaltos, reyertas, robos y delincuencia en el interior de los centros de estas características "es masivo".
Dicen que "llegan constantemente partes de incidencias" y que todo esto "pone en riesgo a los propios trabajadores y a los menores, que también son víctimas de otros internos".
Como ejemplo ponen la condena de cerca de 200.000 euros a la DGA por parte de la Audiencia Provincial como responsable civil de una agresión de dos menores extranjeros no acompañados a una anciana de 94 años.
Por este motivo, creen que el endurecimiento de las medidas recogido en el pacto de Gobierno "va a ser bueno para todo el mundo".
Sin ayudas a las ONG que colaboren con la invasión de Ceuta
Este viernes, Nolasco ha ordenado con carácter urgente que su Departamento suspenda toda ayuda económica que dependa de sus áreas de gobierno y que tengan como destinatarias a ONG que colaboren "con la invasión migratoria de Ceuta".
“Ni un euro de las comunidades autónomas, ni directa ni indirectamente, puede ir destinado a amparar lo que es una auténtica invasión que compromete nuestra integridad territorial y nuestra soberanía nacional”, ha subrayado a través de un comunicado.
Por el momento, el Departamento no ha precisado qué entidades podrían perder esos fondos, ya que antes se van a revisar todos los acuerdos en vigor y procedimientos en curso