Aragón ha pedido revertir las resoluciones ya aprobadas en sus alegaciones al Tribunal Supremo por la regularización de 1,2 millones de inmigrantes del Gobierno de Pedro Sánchez.
Esto implicaría devolver a la casilla de salida los expedientes autorizados desde este 1 de julio, cuando terminó el plazo de solicitudes, y aplazar la regularización hasta que se pronuncie la Justicia europea.
El Gobierno de Jorge Azcón responde así al trámite de audiencia abierto por el Supremo para que tanto la Abogacía del Estado como Aragón y la Comunidad Valenciana expresen su criterio sobre las dudas que tienen los magistrados respecto a la compatibilidad entre el decreto de regularización y el Derecho europeo.
Para la vicepresidenta Mar Vaquero, es necesario frenar la "creciente inseguridad jurídica" creada por el Ejecutivo central.
Su petición pretende que se impida avanzar en lo que considera unas resoluciones de "dudosa legalidad" que podrían consolidar situaciones que tendrían una "clara repercusión" en los intereses de todos los aragoneses, la educación, la sanidad y los servicios públicos.
El Ejecutivo PP-Vox ya había pedido cautelares en su recurso inicial. Ahora va más allá y exige que se actúe sobre todos estos procesos hasta tener "todas las garantías jurídicas".
Vaquero ha comparecido junto al director general de los Servicios Jurídicos, Juan Pérez Mas, con quien ha desgranado los argumentos expuestos por la DGA ante el Supremo.
El Gobierno se ratifica en la suspensión cautelar e insiste en que sigue existiendo un alto riesgo de conflicto jurídico con el Derecho europeo que podría implicar una cascada de recursos de las instituciones europeas y los distintos estados miembros.
"España no es una isla en el ámbito europeo", ha recalcado Vaquero.
Esto hace que, a juicio del Ejecutivo aragonés, sea necesario elevar la cuestión prejudicial ante el Tribunal Superior de Justicia Europeo (TJUE).
Sus alegaciones defienden también el principio de legalidad, "base del respeto al Estado de derecho". "Todo gobierno que no lo respeta lo pone en riesgo", afirmaba la vicepresidenta.
Aragón espera que la decisión del Supremo sobre las cautelares llegue en unos diez días, aunque para conocer el pronunciamiento del TJUE harán falta meses.
Entre sus argumentos, la DGA destaca que las propias previsiones de Sánchez se han visto "duplicadas" por los datos, ya reales, de las solicitudes: 1,2 millones a nivel nacional y 33.800 en la Comunidad.
Esto, a juicio de Pérez Mas, hace que el carácter excepcional que se presume a este tipo de regularizaciones "pierda peso". "Ha superado con creces a otros procesos de regularización", completaba Vaquero.
A ello hay que añadir que "se ha llevado a cabo de forma unilateral y sin coordinación ni comunicación con otros estados miembros".
Así, el mensaje de Aragón es claro: "Si no se actúa ahora habrá más incertidumbre todavía para las personas que se han acogido al proceso".
El Ministerio responde
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no ha tardado en responder. El Gobierno central ha anunciado que presentará alegaciones al recurso del Gobierno de Aragón y ha recordado que el texto del proceso de regularización cuenta con el respaldo del Consejo de Estado y cumple con el ordenamiento jurídico español y europeo.
En este sentido, incide en que el Tribunal Supremo ya desestimó en mayo adoptar las medidas cautelares solicitadas para paralizar el procedimiento.
Desde la institución se ha querido trasladar también a los solicitantes un mensaje de tranquilidad: que la norma se ha redactado "velando estrictamente por su compatibilidad con el derecho comunitario".
El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, también ha reaccionado.
"El señor Azcón tendrá que explicar a empresarios y sindicatos por qué boicotea una medida que llevan años reclamando. Y a los aragoneses, por qué su obsesión contra el Gobierno de Sánchez pesa más que los beneficios socioeconómicos que la regularización traerá a nuestra tierra", ha publicado en su perfil de X (antes Twitter).