La inclusión de fruta en la dieta de los pequeños es una prioridad en todo el continente. Desde 2008, la Unión Europea financia un programa que busca contrarrestar la tendencia observada de disminución del consumo de frutas y hortalizas en la población escolar, incrementando de forma duradera la proporción de estos productos en la dieta infantil en una etapa en la que se están creando sus hábitos alimentarios.

Este programa tuvo polémica el pasado mes de mayo entre los agricultores y padres al detectarse distintas piezas procedentes de países de fuera de España, como peras de Sudáfrica y naranjas de Egipto. Ello provocó un profundo malestar entre los productores.

Para este 2026, el Gobierno de Aragón ha vuelto a lanzar un nuevo contrato, valorado en más de 500.000 euros, en el que da más valor a los criterios medioambientales, priorizando la huella ambiental en el suministro y transporte de los productos.

En consecuencia, a la hora de elegir a la empresa que suministra la fruta, se valorará que los productos procedan de explotaciones agrícolas situadas a una distancia máxima de 300 kilómetros de la sede del Departamento de Agricultura, salvo para el caso del “Plátano de Canarias” IGP.

Las empresas que se quieran postular al contrato deberán presentar, junto con la oferta, una declaración responsable indicando el listado de los lugares de producción previstos para cada una de las entregas con detalle de la ubicación exacta de las explotaciones de origen (municipio o provincia).

Así, el Gobierno aragonés dará a las candidatas 20 puntos si la distancia al punto de producción es inferior o igual a 150 kilómetros; 15 puntos si está entre 150 y 225 kilómetros; 10 si está entre 225 y 300 kilómetros; y 5 si es superior a 300 kilómetros.

Desde el Departamento de Agricultura remarcan que, con este criterio, no se pretende excluir a ningún tipo de fruta, ya que las cláusulas de proximidad están prohibidas por la Unión Europea, con multas que pueden ascender al millón de euros.

De hecho, remarcan que ese margen de 150 kilómetros abarca también zonas de La Rioja, Navarra o Cataluña, y que las candidatas pueden obtener el servicio pese a suministrar desde fuera de España, siempre que logren mayor puntuación en el resto de apartados, como el precio, que cuenta un máximo de 30 puntos.

Para ello, Agricultura se basa en el artículo 33 de la ley 11/2023, acerca del fomento de la alimentación sostenible en la contratación pública: "En las licitaciones cuyo objeto comprenda el suministro o la preparación de alimentos, deberá priorizarse la compra de productos de temporada, alimentos frescos, así como de agricultura ecológica. Asimismo, los órganos de contratación incorporarán criterios de adjudicación que valoren la huella ambiental", reza el texto.

Entre otros criterios, también se valoran las entregas de fruta ecológica, tener experiencia en el suministro de frutas y hortalizas frescas a comedores colectivos, o la calidad y adecuación de las rutas de distribución.

El contrato comprende la distribución de once entregas de fruta fresca y dos de frutos secos. La composición de las entregas de fruta fresca que se repartirán en el segundo y tercer trimestre del curso 2025-2026 será de dos entregas de manzana, dos entregas de pera, 1 entrega de “Plátano de Canarias” IGP, una de albaricoque y una de cereza.

La composición de las entregas que se realizarán en el primer trimestre del curso 2026-2027 durante los meses de septiembre a diciembre será una entrega de manzana, una de pera, una de nectarina, una de ciruela y dos entregas de frutos secos, almendras y nueces.

Para el resto del curso 2025/2026, han solicitado la participación en el programa 17.721 niños de Infantil y 51.801 niños de Primaria.