Nuevo episodio de tensión entre Vox y PP en Aragón por la política migratoria. Este lunes, el portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha aceptado “el ofrecimiento” del presidente del Gobierno, Jorge Azcón, de regresar al ejecutivo aragonés en el departamento de Bienestar Social y Familia si lo que querían era “incumplir la ley” con menores migrantes.

Así pues, Nolasco ha señalado que acepta volver con competencias de política migratoria para “repatriar menas”, lo que ha provocado la respuesta del Gobierno de Aragón. Desde la DGA le animan a “darse un baño de realidad” y viajar a Argelia y Marruecos para “negociar nuevos convenios de migración”.

Nolasco, en sus declaraciones esta mañana en Teruel, ha aseverado que una vez asuma las competencias sobre las políticas migratorias revocará “de inmediato todos los contratos y convenios que el Gobierno de Aragón haya firmado con las entidades que colaboran con el tráfico de personas”, aludiendo a Accem, Cepaim, Apip Acam o Cruz Roja.

Del mismo modo, ha hecho hincapié en que firmarán “acuerdos con terceros países para la repatriación de los menas”. Ha asegurado que todo ello tiene “encaje legal”, dado que “lo ampara el artículo 35.2 de la Ley de Extranjería”.

Además, ha recalcado que esta segunda etapa de Vox en el ejecutivo sería de “unos meses”, que abarcaría “el tiempo justo para firmar estos acuerdos con terceros países, revocar los convenios y negarse en las conferencias sectoriales a acoger menas”. Una vez terminada esa tarea, asegura que volverían a irse del Gobierno.

Igualmente, Nolasco ha detallado que “si Azcón considera que la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, no está preparada para afrontar los retos que tiene por delante en materia de inmigración ilegal masiva, Vox sí lo está”. También se encuentra con “la voluntad de hacer lo que sea mejor para la seguridad y bienestar de Aragón y España”.

Es por ello por lo que ha instado al líder del ejecutivo autonómico a cerrar formalmente su incorporación al Gobierno de Aragón o la de cualquier otro compañeros del grupo parlamentario. De no ser así, Nolasco ha analizado que estarían ante “un chascarrillo de barra de bar del presidente”, quien no les llamó “para realizar ese ofrecimiento”.

Respuesta del Gobierno de Aragón

Tras ello, el Gobierno de Aragón ha emitido un comunicado con varias matizaciones. En primer lugar, consideran que las declaraciones de Nolasco “demuestran un desconocimiento profundo de la realidad de las políticas, la legalidad, las medidas y los recursos en materia de inmigración”.

Así pues, aclaran varios puntos, empezando por la ley de Extranjería. “El procedimiento que establece para pedir la repatriación de menores se inicia a petición de la Comunidad Autónoma ante el delegado del Gobierno, que es quien debe incoar, tramitar y resolver el procedimiento de repatriación”, comienzan,

“En dicho procedimiento participan tanto la fiscalía como el propio menor, que debe ser oído en la solicitud de repatriación, que debe atender siempre al interés del menor. Pero los menores, los países y las familias de origen se pueden negar a la repatriación y eso la hace automáticamente inviable”, explica la DGA que asegura que actualmente es “imposible” firmar un convenio de esas características.

Señalan también que Argelia y Marruecos tienen los acuerdos de devolución suspendidos desde hace años y por eso animan a Nolasco “a darse un baño de realidad viajando a estos dos países a intentar reactivar dichos convenios de repatriación”.

Además, niegan que el Gobierno de Aragón tenga convenios directos con Cruz Roja, Accem, Cepaim y Apip Acam en materia de inmigración. “Las subvenciones que reciben estas entidades son por el desarrollo de programas en múltiples aspectos, no solo las relativas a la inmigración, como el trabajo con personas sin hogar, las personas mayores, la pobreza infantil, la formación e inserción laboral o la atención a víctimas de trata de blancas”, detallan.

El comunicado continúa aclarando que la DGA solo tiene acuerdos de acción concertada con Cepaim y Accem “para gestionar centros de menores que están bajo el paraguas del sistema de protecciones de menores, no solo menores migrantes”.

En consecuencia, subrayan que el portavoz de Vox “reduce todo el sistema de protecciones a la infancia a menores migrantes no acompañados” y recuerdan que de los 800 menores que residen en un centro del Gobierno de Aragón, solo una parte son menores extranjeros no acompañados.

Desde el ejecutivo exponen que Apip Acam gestiona un piso de transición a la vida independiente que no tiene que ver con menores migrantes, así como que Cruz Roja no gestiona centros de menores desde hace años por decisión propia.

Respecto a la gestión de un centro de menores por la Apip Acam, señalan que es de protección internacional con un contrato con el Gobierno de España, por lo que el Gobierno de Aragón no tiene “ninguna responsabilidad sobre los menores o la gestión de la entidad”, más allá de la atención sanitaria.

En otro punto, manifiestan que “los adultos inmigrantes son competencia del Estado, llegan a Aragón a través de contratos o acuerdos de acciones concertada del Ministerio de Inclusión, seguridad social y migraciones, con ONGs acreditadas en materia de inmigración”.

De hecho, defienden que Aragón no tiene capacidad de decisión en su ubicación. “Ni siquiera sabemos cuándo llegan ni dónde se alojan en la mayoría de las ocasiones”, aseguran.

Por otro lado, apuntan que en las conferencias sectoriales “ya no se decide nada sobre el reparto de menores porque el Gobierno de Sánchez ha decidido dejar sin efecto el acuerdo voluntario instaurado en 2022 y el traslado de menores ahora se impone a las CCAA de manera unilateral”.

Finalmente, el Gobierno de Aragón solicita a Nolasco “más preparación, sensatez, seriedad y responsabilidad a la hora emitir declaraciones sobre esta y otras cuestiones”.